¿Cómo Gobernar las Zonas Urbanas en México?

Gobierno en Zonas Urbanas

Gobierno Urbano

Si en este momento alguien nos pidiera que reflexionáramos sobre un asunto de interés público que generalizara una problemática indispensable de atender y de dar seguimiento dentro de la dinámica gubernamental, en un primer momento la reflexión versarías sobre problemáticas aisladas como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad, el desempleo, la contaminación, los malos servicios públicos (salud, educación, vivienda, agua, carreteras, transporte, luz, etc.), pero es precisamente en este sentido cuando la reflexión toma un camino más concreto ya que, la mayoría de estos problemas públicos tiende a concentrarce más a las zonas con una alta densidad poblacional y “desarrollo”, son las que tienen más posibilidad de brindar estos servicios; en este caso las zonas urbanas son el área en el que son más grandes los conflictos.

En México la problemática que encierra a estas zonas viene influida desde su concepción, ya que estas zonas crean una múltiple de desviaciones e interpretaciones, que con la dinámica gubernamental se vuelven un poco mas difíciles de interpretar; es necesario precisar que el conflicto dentro de las zonas urbanas viene a la par del crecimiento desmesurado que tienen estas dentro del país año con año, a si mismo tenemos que los gobiernos urbanos se enfrentan a una tarea difícil de concretar, ya que por un lado tenemos que sostienen un aparato institucional que se introduce en un paradigma que se torna en dos direcciones, por un lado tenemos que, el aparato gubernamental reacciona a una lógica funcionalista interna y otra que se estructura bajo la lógica de las demandas tanto de los ciudadanos como de otro tipo de actores organizados.

En este sentido el objetivo de este ensayo se centra principalmente en enfatizar la problemática gubernamental dentro de las zonas urbanas del país, y las principales dificultades que enfrentan estos gobiernos en la carrera por reaccionar ante un panorama lleno de ineficiencias que merecen ser atendidas bajo un discurso diferente, así mismo se realizara un análisis bajo un esquema general que presenta a los actores cruciales dentro de la dinámica urbana de estas ciudades, que deben quedan introducidas en un mismo discurso que proponga las bases de una nueva coordinación entre estas, que son reconocidas bajo los parámetros del gobierno (sector publico), la sociedad civil los ciudadanos y ONGs) y el sector empresarial (sector privado); con la única intención de colaborar a responder a esta gran incógnita que tienen nuestras ciudades sobre ¿Cómo gobernar las zonas urbanas en México?

En las últimas décadas México dejó de ser un país rural, para dar paso a un eminentemente cambio urbano, en donde la oferta de empleo, servicios públicos y vida en comunidad se hacen más complejos, lo que resulta ser un reto más elaborado para los gobiernos adentrándonos a una dinámica que merece una mayor atención al momento de ser analizada. En un primer momento tenemos que estas ciudades son más complejas no solo por la cantidad de situaciones y fenómenos que estas llevan consigo, sino también por la población y las capacidades y acciones que los actores involucrados pueden desarrollar.

En este sentido la gobernanza es diseñada como una gobernanza urbana que construye liderazgos sociales a favor de la participación social en la toma de decisiones, y que oriente a resultados encaminados a la mejora y al bienestar general de las zonas urbanas de nuestro país. Bajo este planteamiento tenemos que para gobernar a nuestras zonas urbanas en la actualidad debemos, en primera instancia modernizar a nuestros gobiernos dentro de una dinámica que se oriente principalmente en dos términos muy específicos; por un lado generando cambios significativos en los estamentos legales y normativos, esto a su vez permitirá generar los mecanismos institucionales que materialicen un equilibrio entre la gestión urbana y la burocracia local que dé como resultado la colaboración urbana y ciudadana en estas zonas.

Del mismo modo en un primer instante se podría argumentar que estas ciudades urbanas deberían responder a una lógica de mejoramiento, eficacia, y calidad respecto a la dinámica ciudadana al estar mejor ubicadas respecto a las zonas rurales, pero parece ser que esta suposición tiende a desvanecerse en el sentido de que la situación actual en la mayoría de las zonas urbanas no se ciñe bajo un panorama de mejoramiento en la calidad de vida y mejores servicios, y esto en gran medida está identificado claramente por los débiles mecanismos legales en los temas de planeación y desarrollo urbano, y por otro lado tenemos que hay muy pocos acuerdos sociales o políticos para gobernar integradamente estos territorios

En este sentido es por el cual los gobiernos principalmente de las ciudades urbanas tienen que revitalizar su imagen contextualizándose bajo nuevos estándares que permitan dinamizar una nueva realidad con nuevos instrumentos y nuevas dinámicas organizacionales configurándose como gobiernos “que tienen por objetivo conseguir resultados y que tienen como misión racionalizar la complejidad organizada de la sociedad y responder a valores públicos, necesidades políticas y reclamos sociales. Por lo que su gestión requiere ser creativa, productiva y transformadora”[1] todo esto dentro de un esquema orientado específicamente a las posibilidades y deficiencias que tienen cada una de las zonas urbanas en México.

En estos términos nos encontramos bajo un paradigma que nos guía hacia un proceso de transformación que requiere un cambio de fondo y no un cambio meramente superficial en donde el actuar gubernamental debe adoptar una acción que se adentre a una estructura en donde las interpretaciones e interacciones se abren como un campo a la participación de múltiples actores, tanto en el gobierno, (federal, estatal y municipal) en la sociedad civil, (organizaciones no gubernamentales) el sector empresarial entre otros  actores que se vean envueltos en el proceso de organización gubernamental para las ciudades urbanas en México. Este esquema nos conduce a un dimensionamiento que se encuentra en constante retroalimentación.

Por lo tanto, la problemática gubernamental que atañe a las zonas urbanas deviene de un problema de planeación y organización en la actuación y articulación del gobierno en todos sus ámbitos, sobre todo en el esquema dentro de concepción, coordinación, e innovación de estas grandes urbes, esto derivo a que “los rendimientos de la acción del gobierno se vieran rezagados frente a los cambios sociales y políticos que impactan en un deterioro en los indicadores del bienestar social e individual; cuando los ciudadanos no son tomados en cuenta en términos de corresponsabilidad y cuando el Estado carece de respuestas oportunas para enfrentar lo imprevisto y las contingencias”.[2] Precisamente esta es la situación por la que las grandes zonas urbanas han tenido una gran dificultad para conciliar un gobierno estable y con buenos resultados.

Por ello para poder gobernar las zonas urbanas debemos de tener en cuenta muchos conceptos y dimensionar de manera adecuada el paradigma que permea a estas zonas, en este sentido tenemos que reestructurar la forma de gobierno y orientar las actividades hacia un enfoque gubernamental “más participativo y sensible a la sociedad, que obligue a crear estructuras más horizontales, flexibles y con papeles cambiantes que permitan movilidad ante nuevas demandas y procesos de transformación de las sociedades con las que interactúan.”[3]  Lo cual resulta crucial en todo momento en las zonas más urbanizadas de nuestro país, ya que la comunicación entre el gobierno y la sociedad se está haciendo más notoria dentro del paradigma actual de los gobiernos.

Bajo esta argumentación es claro que se necesita un enfoque gubernamental orientado a la gobernanza en donde el panorama urbano tienda a generar “mayor capacidad de decisión e influencia de los organismos no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos) en el procesamiento de los asuntos públicos, en la definición de la orientación e instrumental de las políticas públicas y los servicios públicos.”[4] En este sentido tenemos que el gobierno debe fundamentarse bajo el pilar de la democracia, orientado hacia la eficacia de los resultados y a la articulación, dirección y coordinación gubernamental, teniendo como base las capacidades gerenciales, determinadas por una planeación estratégica y de calidad de gobierno especializada, dentro del componente institucional dotado de mecanismos de participación ciudadana.

Por otro lado, se comprende una reingeniería organizacional de los gobiernos federales, estatales y municipales para construir una red de responsabilidad y una coordinación de acciones y toma de decisiones, en beneficio de modificar y elevar la calidad de los bienes y servicios en las zonas urbanas. Bajo esta idea podemos enfatizar que los gobiernos urbanos requieren “desenvolverse en realidades multifacéticas, lo cual significa que los problemas, los actores y los intereses, no se explican por sí mismos, sino con relación a elementos activos e interdependientes que tienen importancia central en las decisiones y acciones del gobierno”.[5] Bajo esta idea nos encontramos que esta estructura urbana se convierte en un conjunto de categorías y elementos programáticos que buscan dar orden y dirección a la acción gubernamental estableciendo funciones, sub-funciones, programas, actividades y proyectos.

Tomando en cuenta lo anterior podemos acentuar que esto a su vez orienta a que se realicen sistemas de planeación, programación y presupuestación mas agiles, trasparentes, flexibles, asertivos y útiles que se convierten en una herramienta orientada a los resultados óptimos dentro de las ciudades urbanas. En este sentido se debe reconocer que esta reformulación debe estar entendida como un proceso único y especifico de las zonas urbanas ya que, no solo se cambia la estructura y las forma de actuar del gobierno de acuerdo a sus características, prioridades y capacidades, sino también la forma de pensar y de concebir a los gobiernos urbanos.

Bajo esta lógica hay que puntualizar que para gobernar y conseguir una dinámica con buenos resultados en las zonas urbanas del país, debemos conceptualizar que ahora los gobiernos de las zonas urbanas “no tienen punto de reposo, son organizaciones en movimiento adoptan decisiones, movilizan recursos, coordinan esfuerzos, implementan programas, evalúan políticas y cumplen con metas de interés público.”[6] De este modo se podrá consolidar una zona urbana más competitiva que sepa cooperar e idealizar un mejor accionar mediante sus necesidades, realizando actividades que le permitan diseñar una planeación que este sustentada bajo una lógica colaborativa que sea adoptada por todos los gobiernos de nuestras zonas urbanas.

Es una realidad que el problema que aqueja a las zonas urbanas en México en la actualidad es un tema crucial para determinar el crecimiento y desarrollo de nuestro país, por la densidad poblacional y la actividad económica entro otros factores; pero si tomamos en cuenta que estas zonas en teoría son espacios en los cuales se brindan “mejores” servicios públicos que en otras zonas no urbanizadas; la realidad nos confronta con un dilema completamente diferente en el cual las situación es completamente diferente. En primer lugar tenemos que estas zonas urbanas son un espacio de concentración poblacional gracias a sus posibilidades de desarrollo (social, económico, educativo, laboral, habitacional, etc.)

Por esta razón se tiene un fenómeno de migración a estas zonas que ocasiona que las demandas ciudadanas y de otros sectores tengan un impacto cada vez más extenuante; por otro lado tenemos que si bien estas zonas tienen la capacidad de brindar más servicios, nos encontramos con que estos servicios son en algunos casos inexistentes, ineficaces, ineficientes, insatisfactorios y de poca o nula calidad lo que ocasiona un déficit gubernamental que permea en toda la zona haciendo que este espacio se obstaculice generando múltiples problemáticas.        

Por lo tanto debemos de tomar conciencia sobre lo que representan estos espacios en la dinámica del país ya que podemos presenciar un crecimiento bastante considerable en las zonas urbanas, que en un futuro no muy lejano tendrán un sin número de dificultades perores de las que vivimos en la actualidad; por ello es necesario replantearnos que son las zonas urbanas y como gobernarlas, con el fin de replantearnos que es lo que tenemos que realizar o modificar para poder actuar con la intención de contrarrestar estas dificultades, pero no hablamos de una solución precipitada sino de una acción gubernamental que este dotada de un racionamiento contextual y focalizado al ámbito urbano, el cual se caracteriza por estar conformado por una diversidad de actores que reclaman ser tomados en cuenta y que son necesarios para que el engranaje urbano pueda desarrollarse.

Por ello es necesario y urgente contar con un proyecto de desarrollo urbano, que contenga sus metas, proyectos, estrategias y alternativas de gobierno de corto, mediano y largo alcance, que no se vean interrumpidas por las administraciones o gobiernos, y que a su vez se plantee como eje rector el bienestar y calidad de vida de la población y de los servicios. En esta perspectiva es necesario contar con políticas públicas amigables al alcance de todos los ciudadanos, y que fomenten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, para hacer de cualquier ciudad una zona urbana sustentable en todos los ámbitos.

A si mismo esto debe estar instituido bajo preceptos derivados con la democracia como eje toral de la administración frente a la problemática de la burocratización, en donde las sociedades urbanas actuales busque dirigirse hacia una forma de gobierno que conciba a la acción desde la consideración de la política como una acción conjunta de los individuos en sociedad en busca de una mejor calidad en el gobierno teniendo en cuenta que en este contexto de las zonas urbanas en México “los Estados se redimensionan y reforman; los gobiernos se rediseñan; las administraciones públicas se acotan y las sociedades comienzan a organizarse y a formar grupos emprendedores.”[7] Todo este proceso con el único objetivo de tratar de implementar un mejor gobierno para nuestras zonas urbanas.

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Bibliografía

[1] Uvalle Berrones, Ricardo. Las transformaciones del estado y la administración publica contemporánea. México. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Facultad de ciencias políticas y administración pública del estado de México. 1997. Pág. 62

[2] Uvalle  Berrones, Ricardo. Los nuevos derroteros de la vida estatal. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Pág. 107

[3] Cabrero Mendoza, Enrique. Del administrador al gerente público. México. Ed. INAP. 1997. Pág. 69

[4] Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y Gestión Pública, México, Fondo de Cultura Económica. 2008. Pág. 38

[5] Uvalle Berrones, Ricardo. Óp. Cit. Pág. 38

[6] Ibíd. pág. 39

[7] Bozeman, Barry. Todas las organizaciones son públicas. Teniendo un puente entre las teorías corporativas privadas y públicas. México. Ed. F.C.E. 1998. Pág. 58

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¿QUÉ ES LA Democracia? Derechos Fundamentales y Democracia (Miguel Carbonell)

Elementos de las Democracias Modernas

La democracia en su misma conceptualidad denota en su entendimiento a otros conceptos que la complementan en un todo por ejemplo los partidos políticos, las campañas electorales, la publicidad de candidatos, la jornada electoral, el conteo de votos y el trabajo de los diputados y senadores. 

Hoy en día no se puede conceptualidad a una democracia, sí la existencia de partidos políticos está prohibida, si los candidatos no pueden hacer campañas electorales en las cuales se expresen con amplitud y libremente sobre todos los temas que afectan a la sociedad, si no se  permite  que  los  ciudadanos  voten  o  si  sus  votos  no  son  contados correctamente, si los representantes populares no pueden reunirse para discutir y aprobar las reformas que necesita un país.

Los regímenes democráticos contemporáneos suelen caracterizarse como “democracias constitucionales”.  Se tratan de  una  forma  de  organización  política  que  intenta  ser  democrática  y  que para lograrlo se dota de un texto jurídico que tiene la máxima jerarquía  normativa, llamado Constitución. Las constituciones desde su surgimiento han tenido dos tipos de contenidos: han establecido los derechos de las personas o de los ciudadanos y han organizado lo que se conoce como la división de poderes.

Principalmente las constituciones establecen: a)  cómo se debe competir por alcanzar los puestos de representación popular (las condiciones de la contienda electoral), y b)  la forma en que se deben ejercer tales puestos y las facultades de  sus  titulares  (el  proceso  legislativo,  la  dirección  de  la  política exterior, los nombramientos de los principales funcionarios del Estado, etc.

Esto desencadena una dimensión formal entre a) quién gobierna, y b)  cómo gobierna. En ese nivel llamado formal se establecen las cuestiones que determinan si un país tiene un régimen parlamentario o uno presidencial, si los legisladores son electos por tres o por seis años, si el presidente puede o no reelegirse, el tiempo  de duración  de las campañas electorales, los requisitos para formar nuevos partidos políticos, etcétera.

Por otra parte, el establecimiento a nivel constitucional de los derechos humanos añade una dimensión ya no formal, sino “sustancial” al régimen democrático, dado que nos indica lo que no pueden hacer los gobernantes y lo que no pueden dejar de hacer. Si la Constitución establece que toda persona  tiene  libertad  de  expresión,  eso  significa  que  ninguna  autoridad puede imponer la censura respecto de lo que quiera decir o escribir alguien.

Si la Constitución señala que tenemos derecho a la educación, eso significa que las autoridades no pueden dejar de hacer ciertas cosas; no pueden dejar de prever un presupuesto para el sistema educativo, no pueden dejar de construir la infraestructura necesaria para que se puedan tomar clases, no pueden dejar de contratar maestros, de equipar las aulas y laboratorios, de diseñar  los planes de  estudios,  de establecer  los requisitos  para el acreditamiento de los niveles académicos, de expedir los títulos que correspondan a la obtención de cada grado académico, etcétera.

Todos esos derechos, establecidos constitucionalmente, implican tareas a cargo del Estado; si los poderes públicos no las cumplen, estarían violando la Constitución. La dimensión sustancial de la democracia, se refiere al contenido del régimen democrático: lo que la democracia puede concretamente hacer para mejorar la vida de los seres humanos. Por eso es que los derechos humanos son la mejor forma de expresión de todos los valores que caracterizan a un sistema político democrático.

Al establecer en la Constitución una lista de derechos fundamentales, lo que en realidad estamos haciendo es “juridificar” la democracia: darle forma jurídica y otorgarle de esa manera sustancia y contenido. En este sentido, el constitucionalismo juridifica la democracia y le da forma expresa a través de la normatividad jurídica. La democracia, por su parte, es el régimen que hace posible que se materialicen en la práctica los valores de libertad, igualdad y seguridad jurídica que conforman la columna vertebral del constitucionalismo.

La  democracia  constitucional  es  un  régimen  de  gobierno  que mezcla principios formales y sustanciales: por un lado las normas formales relativas a quién y cómo gobierna; y por otra parte las normas  sustanciales  que  nos  indican  lo  que  puede  ser  realizado  por  las autoridades y lo que no puede dejar de ser llevado a cabo. 

La democracia de nuestros días asegura los iguales derechos de todas las personas y convierte en realidad el principio de la soberanía, el cual pasa de ser entendido como cualidad del Estado o de la nación,  al ser una expresión de los derechos fundamentales de todas las personas. El individuo es por tanto el verdadero soberano, como titular de los derechos de libertad, de igualdad y sociales que le permiten desarrollar una vida dotada de sentidos y significados elegidos por él mismo y por nadie más.

Los derechos fundamentales son “fragmentos de soberanía” que nos convierten a todas y cada una de las personas en seres autónomos, capaces de tomar las decisiones más importantes de nuestras vidas, tanto en la esfera privada como en la pública.

Bibliografía

Carbonell Miguel, Derechos fundamentales y democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática, INE, México, 2016. Pág 11-17

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RENDICIÓN DE CUENTAS y Transparencia en México (Reconfiguración Administrativa)

Rendición de Cuentas en México

¿Que es Accountability?

El fenómeno desatado a raíz del cambio en el paradigma social, relacionado al involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos y gubernamentales a derivado a su vez a la trasformación del aparato gubernamental impactando en su instrumentos, capacidades, alcances, responsabilidades, y formas de actuar ante este nuevo dilema más abierto entre los gobernantes y los gobernados; bajo este panorama es preciso puntualizar que el caso mexicano no se libra de todas estas modificaciones y como otros gobiernos democráticos alrededor del mundo también quiere incidir de manera importante y significativa dentro del paradigma actual respecto a la configuración de la idea de un gobierno más moderno, cercano, democrático y abierto.

Para ello hay que comprender la idea de un gobierno cercano como aquel “que tiene un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad y que tiene por objetivo atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Buscando como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.”[1]

Para lograr una configuración de tal envergadura dentro del contexto mexicano hay que ser bastante cuidadosos,  ya que el perfil que guarda el estado mexicano históricamente tanto a nivel internacional como local es bastante dudoso, nos encontramos catalogados (según indicadores como el IPC, el barómetro global sobre corrupción y el latino-barómetro etcétera.) como uno de los países con más problemas de corrupción e impunidad, estas evaluaciones nos hacen ver una realidad que no nos beneficia en nada sobre todo en términos de “la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos. Esto genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Ello mina la confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para recaudar impuestos y reclamar la obediencia voluntaria de sus ciudadanos.”[2]

Por ello se debe realizar una reconfiguración del sistema mexicano para producir una eficaz, efectiva y completamente creíble e insoslayable rendición de cuentas en el país. Partiendo de lo anterior y para poder proponer una reconfiguración efectiva para la rendición de cuentas es importante identificar ante que nos estamos enfrentando en la actualidad ya que “el concepto de la rendición de cuentas involucra tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder.”[3] (Mediante controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder).

Ahora bien una vez planteado lo anterior, tenemos que para una rendición de cuentas que realmente contenga resultados óptimos y que nos presente un argumento ampliamente concreto, debemos en primera instancia consolidar los tres pirales fundamentales que nos menciona Andreas Schedler (información, justificación y sanción) ya que estos pilares fundamentan la base general para el surgimiento y consolidación de todo sistema de rendición de cuentas que tenga como fin ser realmente efectivo, para ello se requiere que los pilares se mantengan en equilibrios puramente igualitarios y que trabajen coordinadamente respecto a sus prioridades, ya que cualquier desajuste o imparcialidad dentro de estos ocasionaría un desajuste general.

Lo mencionado anteriormente podría determinarse como el mayor reto que tiene México en relación a su estructura política y gubernamental ya que en primera instancia es visible que necesitamos instituciones públicas abiertas y con disponibilidad, responsabilidad,  técnica y legal para proporcionar información de calidad en tiempo y forma; para ello se deben proporcionar mecanismo y publicitar estos al tiempo que permitan al ciudadano interactuar con mayor facilidad y dinamizar el proceso de acceso de información establecido en el artículo sexto de la CPEUM ya que hasta la fecha, la posibilidad de pedir y recibir información aún se encuentra decadente y en ocasiones se trata de deslindar esta responsabilidad y no se proporciona la información correspondiente.

En un segundo paso tenemos que fortalecer la comunicación tanto entre dependencia y entidades del gobierno como con los ciudadanos, ya que para lograr un proceso de rendición de cuentas oportuno tenemos que fortalecer este medio de dialogo en el cual se tienen que justificar las acciones y omisiones ejercidas por “los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales”[4] con la finalidad de obtener un parámetro de coordinación sobre la rendición de cuentas  tanto al interior de las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar como con la sociedad en general, de esta forma tendremos una justificación de calidad sobre los recursos públicos, sobre quienes toman las decisiones y sobre las razones por las que se toman tales decisiones, dentro de una interacción mutua entre el que exige cuentas y que tiene la obligación de rendir cuentas.

Dentro del tercer pilar que escenifica el aspecto de la sanción tenemos que un dilema que parece ser el más delicado ya que dentro de este espacio nos encontramos con sanciones del orden administrativo y con sanciones que se determinan bajo la vía penal, en este sentido hay que establecer que este pilar se puede considerar como el más controvertido en el sentido de que realmente se vea un mecanismo que sea capaz de dar resultados razonables y que se oriente hacia el establecimiento de la justicia evitando confusiones que nos lleven a actos de impunidad, lo que generaría desconfianza dentro del sistema de rendición de cuentas y mas general dentro de toda la estructura institucional del gobierno mexicano.      

Bajo lo anteriormente establecido es oportuno centrarnos específicamente a la reconfiguración que tiene que instaurar el gobierno mexicano para poder consolidar un ejercicio de la rendición de cuentas. Por un lado debemos prever que la situación actual del gobierno mexicano se encuentra en una crisis de legitimidad propiciado principalmente por los actos de corrupción suscitados dentro del marco institucional  de los tres niveles de gobierno, también hay que precisar que el sistema de auditorías o fiscalización se reproduce simultáneamente en toda la federación, en este sentido tenemos, que si hay algo que se deba cambiar o reestructurar se tiene que hacer a la par en todo el país si no los esfuerzos para un gobierno mas transparente no tendrán resultado satisfactorios. Así que tomemos en cuenta el panorama actual en el sentido de crear o modificar, mecanismos e instituciones  para perfeccionar la rendición de cuentas.

Es necesario puntualizar que la dinámica de la rendición de cuentas debe ceñirse con esta nueva institución como un eje imprescindible, esta debe ser un organismo público con autonomía técnica de gestión y política además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, además debe ser un intermediario crucial entre la ASF y la PGR. Debe estas sustentada en un marco en donde sus integrantes estén en condiciones de objetar imparcialmente, apegados al Estado de Derecho, y orientadas hacia un ámbito de ética profesional, plenamente facultados  para resolver controversial alrededor de castigos o sanciones de carácter administrativo y jurídico, dentro de los tres órdenes de gobierno.

Al ser un órgano tan indispensable en la colaboración que tengan tanto con las resoluciones administrativas y jurídicas, se debe plantear como finalidad, priorizar por casos de corrupción y faltas administrativas catalogadas como graves o de mas controversia, a su vez en el caso de la ASF esta debe tener la facultad en primera instancia de auditar, después de recomendar modificaciones y por ultimo de poner algún tipo de sanción con la participación de las autoridades responsables de las auditorías internas (según sea el caso) bajo el escrutinio y autorización institucional del aparato de rendición de cuentas, en el caso de sanciones del orden penal, estas deberían ser abordadas por la PGR con la colaboración pertinente institucional la cual velara por que las resoluciones finales se mantengan dentro del marco de la legalidad evitando así casos de impunidad. 

En esta misma lógica cada uno de los niveles de gobierno velara para su sistema de rendición de cuentas, en donde el aparato administrativo de rendición de cuentas se mantendrá como una autoridad que tenga una permanente coordinación con las auditorías realizadas por la ASF así como las realizadas por los  OICs quienes a su vez en coordinación llevaran a cargo la resolución de sanciones  de tipo administrativas, en el otro extremo mediante auditorias forenses y en colaboración con la PGR se llevarian a cabo las resoluciones correspondientes al área de castigos jurídicos velando a favor de los derechos humanos, los valores éticos profesionales y la justa impartición de justicia.

Finamente todo este entramado estará bajo la revisión ciudadana ya que “contar con el apoyo del “ciudadano vigía” se convierte en una alternativa muy interesante. Sin caer en la delación absoluta ya que el “ciudadano cómplice” arraiga la ilegalidad.”[5] En este sentido las auditorías sociales son una herramienta que cada vez parece más indispensable dentro del marco social que ahora se nos presenta y por ello hay que poner gran atención en este tema ya que en un futuro no muy lejano estos organismos serán importantes en el sistema de rendición de cuentas de cualquier nación democrática.

Para concluir es importante tomar en cuenta que la rendición de cuentas implica no solo generar mecanismos para la atención de sus tres dimensiones (informar, justificar y sancionar), sino también fortalecer las capacidades institucionales en otras materias, tales como el acceso a la información ,la transparencia, y la contabilidad  gubernamental, además del respeto a la legalidad y la adopción de una ética orientada al bien común esto nos demuestra que si bien México ha avanzado en temas tan fundamentales sobre rendición de cuentas aun se falta un camino extenso que recorrer para consolidarse como un país plenamente democrático y con índices de corrupción e impunidad bajos que regresen la confianza a un sistema que hasta ahora no ha podido avanzar significativamente.

Bibliografía

[1] Documento del “Gobierno Federal” PND 2013-2018. Programa para un gobierno cercano y moderno. Pág. 13

[2] Documento del “Senado de la república LXII legislatura” Proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la CPEUM, en materia de combate a la corrupción. Pág. 5 

[3] Andreas,  Schedler.  ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuaderno de transparencia núm. 3. IFAI 2008. Pág. 14

[4] Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación. (última reforma publicada DOF 18-06-2010.) Artículo 6º, pág. 3

[5] Reyes Heroles, Federico.  Corrupción: de los ángeles a los índices. Cuaderno de transparencia núm. 1. IFAI 2008. Pág. 25

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PARTICIPACIÓN CIUDADANA y Organización Vecinal (Raul Olmedo)

Participación Ciudadana en México

Organización Vecinal

“La cultura vecinal es la toma de conciencia de cómo la organización de los vecinos genera poder vecinal para poder hacer lo que ni las instituciones del Estado ni las del mercado pueden hacer.”[1]

Es una realidad, actualmente vivimos en una sociedad en donde distintos paradigmas como lo son los avances tecnológicos, los sistemas económicos, las dinámicas de producción y consumo, los esquemas competitivos del mercado y la interacción de los actores productores y consumidores de bienes y servicios necesarios y artificiales, han reorientado y reconfigurado un nuevo estilo de vida en las sociedades, estos cambios en nuestro entorno han dirigido y colocado la vida en sociedad como un fenómeno que contrario a la convivencia, la participación, la retroalimentación de ideas, y en general a todo tipo de organización ciudadana, sea cada vez más difícil de generarse, debido a que nuestro contexto actual tiende a alejar a los individuos en sociedad obstaculizando la interacción social que permita la creatividad humana en comunidad, impulsando nuevas alternativas y formas de vida más dinámicas.

La Participación Ciudadana y Organización Vecinal plantean un esquema que se articula como una posibilidad de realizar y consolidar organizaciones vecinales o municipales que posibiliten las herramientas de consolidación organizativa, que a su vez, transforme en primera instancia su realidad local y que con su consolidación puedan permear dentro de panoramas mas amplios y generales de las sociedades modernas. 

Las sociedades, en este caso la mexicana, tiene un duro reto de revertir la polarización general de la sociedad, a una dinámica principalmente municipal que acumule experiencias y genere alternativas dentro de un enfoque participativo de las comunidades mediante la organización de estándares que les permitan generar incentivos y nuevas dinámicas de interacción, que los doten de capacidades de actuación para mejorar sus entonos, ya que, sus entornos están generados por las dinámicas de las instituciones públicas (que en muchas ocasiones son contraproductivas) y las instituciones privadas (que actúan por lo general hacia su beneficio y no hacia el bienestar general).

Bajo estas características se encuentras nuestras sociedades actuales, las cuales en muchos casos viven y conviven con este sistema en un ciclo de tolerancia impulsiva que va de la mano con esta dinámica, debido a la inoperancia de afianzar algún tipo de organización que les permita reivindicar un esquema social orientado a estrategias que se ajusten a sus capacidades en busca de una nueva forma de actuar que les posibilite una mejor calidad de vida; en este sentido la posibilidad de impulsar una cultura que rompa los esquemas actuales que fracturan y alejan a las sociedades, deben de surgir desde los sectores más básicos y simples, se debe impulsar un enfoque que se construya con lazos de organización que sean fuertes y que tengan una comunicación muy estrecha y en donde toda la comunidad tenga presencia, en busca de consensos más aprovechables.

En México la presencia e incentivos de replantear este esquema aparecen muy escasamente, y el principal problema es que parece que la cultura ciudadana ahora está enfocada a otros ámbitos que van más de la mano con el aspecto individual, hoy en día las personas no creen en la comunidad y se piensa más en repeler y alejarse de esta dinámica, que en convivir e interinar entre ciudadanos.

Lo anterior es una de las principales razones por las cuales surgen principalmente estas asociaciones y organizaciones vecinales, el principal problema del gobierno mexicano es que está totalmente centralizado a áreas específicas dejando de lado a muchas comunidades, que debido a esta situación se ven totalmente inposibilitadas de generar  un diálogo directo con los gobiernos. 

Por lo tanto, la crisis del Estado recae en la inoperancia de los mecanismos de comunicación e integración por lo cual las demandas primordiales de sectores marginados, se ven concluidas bajo sus propios medios, con la intención de cubrir estas necesidades básicas que las instituciones gubernamentales son incapaces de proporcionar.

Es importante identificar que las organizaciones vecinales son representaciones de poder a un nivel mínimo o mejor entendidas a un nivel local, por lo que los efectos que estas puedan tener solo incuben a un número reducido de participantes, en este sentido para consolidar una organización municipal se requiere un esfuerzo que a su vez involucra a mas actores coordinados en un contexto no solo barrial o rural sino más amplio en torno al ámbito gubernamental y administrativo, “la organización de los vecinos se convierte en una necesidad para suplir la creciente incapacidad del gobierno en el suministro de los servicios públicos y de la seguridad en sus diferentes expresiones. Sin embargo el propio gobierno y sus tres poderes no han creado las condiciones para propiciar la organización vecinal en la medida en que la nación lo requiere”.[2]

La consolidación de estos esquemas de organización vecinal casi siempre surge como una reacción de inconformidad ante un Estado débil con instituciones ineficientes y con gobernadores que no logran cubrir las necesidades, teniendo un gobierno ineficiente e ineficaz, principalmente de las comunidades más marginadas o no urbanizadas como lo son las asociaciones de indígenas o de campesinos, pero lo importante de este esquema es que este surgimiento participativo tiene que involucrarse no solo entre la comunidad, sino también debe interactuar con las autoridades en la medida de las posibilidades y de los mecanismos e incentivos que se generen de acuerdo a sus intenciones y alcances propositivos que se proyecten en una posible organización municipal que posibilite una participación ciudadana más amplia, con más poder y con mejores perspectivas de alcance e impacto.

Ahora en la actualidad ya es más común aceptar que los gobiernos centrales de los países en desarrollo aun y con las mejores intenciones, y en condiciones de relativa estabilidad, no pueden proporcionar todos los servicios necesarios que demandan las sociedades. Las limitaciones financieras, la falta de recursos materiales y humanos, los medios de comunicación coaccionados e inadecuados, entre otras cosas, se opone a la expansión de brindar servicios de calidad. Se reconoce que para que el desarrollo humano sea algo viable, las familias, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, el sector privado, y hasta las propias personas desfavorecidas, deben asumir un papel más activo contribuyendo a generar las posibilidades de formación y desarrollo social.

En el caso mexicano esta situación se acentúa muy visible, los esfuerzos por emprender un esquema tan propositivo como este aún están lejos, pero las acciones puestas en marcha ya han tenido algunos resultados positivos, lo que en algún momento pareciera una utopía ahora se convierte en una posibilidad prometedora entre los pueblos, barrios y comunidades más marginadas y con mayor afectación ante nuestro contexto de crecimiento exacerbado, con instituciones contraproductivas y de una dinámica del mercado enfocada en la producción y el consumo de bienes y servicios ficticios que poco a poco están acabando y afectando todos los recursos naturales.

Ahora más que nunca en México “necesitamos pasar de un municipio administrador a un municipio organizado de la sociedad y promotor del desarrollo integral, que sea capaz de desencadenar procesos de desarrollo endógeno, a partir de las propias fuerzas de la comunidad. Necesitamos con urgencia una revolución de la mentalidad que revalore las fuerzas propias de la sociedad mexicana, que amplié la conciencia del periodo histórico que nos ha tocado vivir y del papel que debemos desempeñar, y que genera la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer.”[3]    

Bibliografía

[1] Olmedo, Raúl. Participación Ciudadana y Organización Vecinal. México. Edit. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2007. Pág. 13

[2] Olmedo, Raúl. Op. Cit.  Pág. 26

[3] Ibídem. Pág. 222

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Objeto y Método de la Teoría del Estado (Hermann Heller)

Objeto y Método de la Teoría del Estado

Objeto de la Teoría del Estado

Hermann Heller enfoca a la teoría del Estado como el punto de partida para indagar en la realidad estatal, la cual propone como el principal punto para comprender al Estado tanto en su estructura como en su funcionamiento, además de hacer énfasis en las distintas problemáticas que parten de la concepción del Estado, haciendo hincapié en la invariabilidad de este.

Heller destaca que la Ciencia Política hace su aparición en una delimitada zona de estudio científico, lo que conlleva a tener una función científica, condicionándolo en su capacidad de realizar una descripción, interpretación y critica en los distintos fenómenos políticos, la concepción depende de criterios de importancia dentro de múltiples módulos críticos.

Para establecer una relación más sólida, Heller considera los diferentes tipos de concepción, en donde el diferente uso de capacidad es lo que los diferencia e identifica, separándola en ingenua y critica, inclinando mas la balanza hacia el lado crítico, la cual se le atribuye a la Ciencia Política y el sentido ingenuo no posee criterio dándole un resultado en donde pierde su condición de ciencia. Heller extrae los saberes de la política en su concepción, intentando indagar sobre el concepto, definiéndolo como poder.

Esto lo conduce a criterios más profundos dentro del Estado; advierte que hay una relación reciproca de mando y obediencia la cual se posiciona con los recursos necesarios para su realización, de esta forma la conflictividad dilata enormemente y socialmente su campo de estudio, implicando a cada caso una diferencia entre el Estado como aparato articulado de poder y la política como la lucha por tomar el poder, de esta forma logra modificarlo ya sea frenándolo o contrapesándolo. 

Sin embargo, el problema recae en que la Ciencia Política sería Teoría del Estado, solo cuando formara parte del marco institucional estatal, pero al mismo tiempo este enfoque tiene todos los procesos sociales mediados por las relaciones de poder.

Estas conexiones suponen muchas condiciones que indistintas veces son inciertas con respecto a la estructura del Estado, por esta razón dificultan el análisis y estudio de estas materias, por esta razón, es que suelen suscitarse varios problemas para llegar a la resolución de la autonomía propia de la disciplina. Concibiendo a el poder político como la capacidad de algunas partes para influir o causar algún fenómeno en las demás partes de la sociedad política de un Estado, esta puede influir tanto en el sistema de obediencia o de poder de influencia conductual (como un regularizador), de este modo habría de entenderse por medios a las concatenaciones ineludibles en el ejercicio político.

Heller establece que lo adecuado consistiría en la adquisición, organización y división del poder político localizando sus condiciones y elementos, haciendo énfasis en sus interconexiones y describiendo su estructura para que de esta manera se concreten las formas en que se pueda modular. De esta forma se concretan las teorías de los partidos políticos y la relación entre Estado, la sociedad civil y las relaciones internacionales e historia de las ideas políticas que son esenciales en el aspecto característico de la teoría del Estado. Pasando en la problemática funcional y moral, Heller limita su análisis al Estado moderno occidental y restringiendo así el marco histórico a la época feudal en un proceso de denotación en el cual queda esclarecido su punto primordial y principal del estudio en este caso el Estado contemporáneo.

Método de la Teoría del Estado 

Una vez que los rasgos fundamentales están puestos sobre la concepción de Estado, se imponen ciertos términos que problematiza en la necesidad de controlar el método por medio del cual el pensamiento capta su objeto, dentro de este método se tiene que ocupar la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, generando la problemática cognoscitiva y los modos de trabajo y la determinación del modo de conformación de los conceptos, esta metodología permite llevar a cabo una crítica y un control para determinar una decisión lógica de un determinado caso.

En la cuestión del objeto de estudio del Estado es únicamente un contenido parcial de la compleja realidad de la vida de la cual lo aísla de la teoría del Estado; la cuestión del método en los estudios de la teoría del Estado recae en las teorías puras del derecho formando un puente que los une hacia un mismo objeto de estudio, la cuestión de la existencia e interpretación de un fenómeno trata de captar la esencia, para ello, se tiene que recurrir a una denotación en el campo de estudio con el cual se determinara el campo científico ya sea del natural o del cultural.

En la doctrina natural el Estado se concibe por la naturaleza humana, como un esquema regulado por leyes constantes del hombre que recaen en distintas disciplinas como la geografía, la economía y la técnica, en conjunción se crea al Estado; en los términos de la ciencia cultural aparece con la inserción de los fines humanos plasmados en la naturaleza, el objeto de la ciencia cultural es en parte un mundo físico que el hombre idealiza, en la concepción de la huella humana dentro del ámbito de esta ciencia.

Dentro de ambos parámetros científicos se intenta la explicación de la conformación del Estado, sí se reconsidera naturaleza a la existencia de las cosas, en cuanto está determinado por las leyes generales, en este momento ni el estado ni la sociedad quedan dentro del objeto de conocimiento científico natural dado a que no se pueden considerar como seres sometidos a las leyes intemporales. En el caso contrario la cultura no es la realidad sujeta a las leyes del hombre.

La gran diferencia recae, en que en las ciencias de la cultura y las naturales radican actitudes de conocimiento humano frente a las dos distantes esferas de conocimiento, dando un énfasis en la uniformidad y concentración de conocimiento en las ciencias culturales determinando la acción del hombre dentro del Estado con variantes de regulación que actúan como las leyes.

Determinados estos movimientos de conocimiento en diferentes concepciones dentro de la realidad de Estado y a la espiritualidad del mismo, en este sentido el espíritu objetivo solo cobra realidad como espíritu subjetivo y carece en absoluto de existencia si no es vivido y comprendido como realidad para los hombres, el Estado dentro de esta esfera solo es un miembro más junto con el arte, la ciencia, la economía, la sociedad y la religión. De esta manera el objeto de las ciencias del espíritu son aquellas estructuras de sentido que tienen carácter de validez.

La conformación social denominada Estado debe ser diferenciada no solo desde el punto de vista objetivo sino también en el sentido metodológico de toda estructura de sentido. De este modo el Estado no es un espíritu objetivo, pues no es otra cosa que una forma de vida humano-social, vida en forma y forma en que nace la vida, toda actividad social del hombre es una unidad dialéctica de acto sentido de este modo la ciencia de la realidad parte de su consideración del acto de la realidad hacia un objeto. De esta manera la misión de la teoría del Estado es investigar al Estado en cuanto a realidad, solo a la conexión de sentido que tenga su expresión en el Estado.

BIBLIOGRAFIA 

Heller, Hermann, Objeto y metodo de la teoría del Estado en: Teoría del Estado, FCE, México, pp. 21-97.

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LIBERTAD DE PENSAMIENTO RACIONAL y su Impacto para Generar una Plena Libertad

Libertad de Pensamiento y Expresión

Filosofía Política
Foto original aquí.

Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entretenimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Supere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal el lema de la ilustración. Emmanuel Kant.

La libertad de pensamiento es uno de los fundamentos del pluralismo político y una de las piezas fundamentales para la transición del hombre en la generación de una visión plena de su concepción totalitaria de libertades. Sin embargo, no se trata de algo tan obvio, como que el pensar es siempre libre, o que solo se puede ser censurado en su totalidad por uno mismo, aparte de estas particularidades tambien debe de entenderse como extensión del pensamiento dentro de un acto público.

De nada sirve, políticamente, que uno en su intimidad sea totalmente libre de conducir sus pensamientos por las sendas más tortuosas y sobresalientes y nunca ser capaz de exteriorizaros. Por esta simple característica la libertad de pensamiento nos lleva a percibirla dentro del rubro de la libertad de expresión, libertad de discusión pública, libertad de crítica y libertad de asociación, entre muchas otras expresiones de la libertad.

La libertad de pensamiento debe de contener varias características en su formación concreta, entre sus principales fundamentos tenemos a la razón y la reflexión, que posteriormente tienen que verse mezcladas y asociadas con la esencia de lo publico, aunque su génesis sea el mundo privado, la intencionalidad de esta engendración debe verse expandida en una movilidad constante y sobretodo compartida y socializada, para llegar a convertirse y divulgarse como expresión colectiva.

La libertad de pensamiento solo adquiere su forma completa al encararse con lo público, al enfrentarse y medirse con el conjunto de expresiones que componen un espacio público de discusión. Es esta pluralidad de ideas y representaciones las que están presentes en todos los colectivos humanos, en tanto que consigue una expresión pública adquiere una naturaleza plenamente política, que es un parteaguas para la consagración de la razón y el análisis multitudinario, el despertar de la mente y el inicio a cuestionamientos que nos permitan hilar preguntas que desencadene la curiosidad del hombre en los distintos campos que abre el pensamiento.

Así, el pensamiento es libre y casi en cualquier circunstancia se trata de encontrar la manera de expresarse y contrastarse, de hecho, la libertad de pensar se estimula en la clandestinidad se trata de anteponer una situación más conciente ante estándares que doblegan este tipo de libertades. Pero tratándose de algo público, este entorno de seguridad se vuelve complicado para los actores sociales. En este sentido, el orden político debería actuar como garantía del pensamiento. Pero la politización de la pluralidad del mundo social exige condiciones de seguridad pública para quienes están dispuestos a expresar libremente sus ideas sin recaer o tropezar con intermediarios en contra que obstruyan la construcción del acto de la “ilustración” como lo menciono Kant.

Cuando la idea de la libertad de pensamiento se vale como expresión de la pluralidad, es difícil discriminar siquiera estéticamente las representaciones, ya que la bandera y la esencia de la libertad conduce directamente al pluralismo a la libre asociación de ideas y de pensamientos. El pluralismo, como ideología popular y teoría de la diversidad justifica la bondad de reconocer como un valor todo lo que emerge del mundo privado. De este modo esta pluralidad no sólo tiene derecho a existir, sino también a expresarse y mostrar sus aspiraciones sociales, entrar en la pugna política y hacerlo sin peligro de ser eliminada gracias al libre albedrío. De esta manera la libertad y el orden parecen, esenciales para el desarrollo público de la pluralidad de la libertad.

Libertad, publicidad y orden son tres mecanismos de gran impacto que se complementan e interactúan entre ellos, siendo características que se tratan de implementar en las democracias liberales contemporáneas. Esta combinación de elementos es una mezcla muy controvertida que no era aceptada a finales del siglo XVIII, en que la libertad de los pueblos suponía violencia y riesgo para el orden político y dentro de cualquier parámetro de orden social.

En aquel momento, la defensa de la libertad de pensamiento y su expresión pública planteaba un necesario esfuerzo intelectual en una discusión fuertemente politizada que se extendía incluso sobre la vigencia de los principios ilustrados, pues dentro de este contexto el movimiento del romanticismo comenzaba a desarrollar la primera crítica a la modernidad, alegando en ocasiones un cierto relativismo cultural basado en la tradición impuesta sobretodo por la imagen ya muy gastada de la religión y al iglesia, que atacaba directamente a la libertad de pensamiento individual y por consiguiente a todas las demás libertades que derivan de esta.

Immanuel Kant y la Libertad de pensamiento

No se puede entender la filosofía política de la Ilustración sin la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión ya que sostiene un vínculo de gran repercusión que sustenta a ambos en un equilibrio de estabilidad. Esto no es, una defensa directa del pluralismo político, pero sí un elemento esencial al mismo a partir del desarrollo de las democracias liberales.D

Detrás de la libertad de pensamiento está la idea de autonomía y la dignidad del individuo, la confianza en el sujeto pensante que puede dirigirse a sí mismo y que posee madurez política, es decir, un constante razonamiento en la capacidad de ejercer esa autonomía y responsabilidad en el ámbito público.

Este movimiento de confianza en el sujeto pensante se inicia en el proceso de la duda metódica que Descartes expresó y analizó, cuando el sujeto es capaz de restablecer un orden ontológico que él mismo se había cuestionado. Así que la autonomía del sujeto pensante tiene además un claro antecedente religioso en la doctrina, un aspecto que ya Lutero había cuestionado en su tiempo, proyectada sobre el racionalismo para dar lugar al idealismo.

Por su parte, Kant culmina este movimiento dentro de la Ilustración, en una apuesta por la capacidad del individuo y de las sociedades de progresar en el camino del desarrollo político y cultural sobre la base del instrumento universal de la racionalidad lo que le hace despertar y al mismo tiempo desprenderse de la vida rutinaria dentro de los parámetros ya establecidos en la mente colectiva.

En ese camino: “Es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta”, esto es lo que afirma Kant al comienzo de su ensayo ¿Qué es la ilustración? En este sentido, Kant distingue entre el uso privado o doméstico y el uso público de la razón. Esta distinción es sobresaliente e importante en su análisis, porque coloca a la razón práctica en un plano público destinado a interferir libremente en la organización de la vida social, mientras que en el plano privado la razón se somete a las circunstancias de la vida doméstica o económica.

De esta forma, el uso privado de la razón consiste en obedecer aquello que se ordena con el propósito de sostener el orden en una comunidad y mantenerla en funcionamiento. Por consecuencia el operario obedece a su superior, sin ponerse a razonar con él, la conveniencia de sus órdenes. Se trata de un uso técnico o instrumental de la razón dentro de un itinerario “represivo”, mientras que el uso público es aquél por el cual el sujeto, fuera de sus obligaciones domésticas, ejerce la crítica racional sobre aquello que considera negativo de su entorno, y la expone públicamente con la intención de mostrar el error y ayudar a corregirlo a través de un debate público de opciones, con el convencimiento de que tal cosa converge con las de un deber ciudadano. Kant nos dice que: Quien hace un uso público de su razón, “disfruta de una libertad ilimitada para servirse de su propia razón y hablar en nombre propio.”

Este es un claro ejemplo del optimismo kantiano que lo orienta a postular que la voluntad de pensar por sí misma, sin tutela de intervención que la propia razón, se impondrá tarde o temprano sobre todos los géneros de imposición de ideas y prejuicios, sin importar lo mucho que las élites intelectuales y dominantes se una para impedirlo. Logrando de esta manera la imposición de la libertad de pensamiento que mas tarde se vera reflejado en una multitud de libertades que se despliegan de esta. Esto iría dirigido en contra la naturaleza de un pueblo que se condene a sí mismo y renuncie a la libertad, propia y también la de sus descendientes.

Los muertos no deben hipotecar a los vivos, condenándoles a llevar encima y a todas partes los huesos de sus antepasados. Un pueblo que en virtud de sus prejuicios considera conveniente seguir en ellos, se paraliza respecto de la marcha del progreso del hombre un progreso que se bloquea en todos los ámbitos a raíz de la libertad del pensamiento racional, tanto más si el inmovilismo es auspiciado por los clérigos que arrastra esta racionalidad a una figura e ideales divinos. Y de la misma manera Tampoco actúa bien el gobernante que obliga a su pueblo a permanecer en ese estado de no-ilustración en un acto por mantener el orden.

De esta forma, se abren aquí dos brechas de discusión: el de la libertad de pensamiento religioso, y el del papel del poder político respecto de la libertad de pensamiento. A esto Kant reconoce que el potencial latente en la libertad de pensamiento va a desarrollarse de arriba abajo, pues, son los gobernantes los que en mejores condiciones están para pensar por sí mismos. Para Kant, es razonable otorgarle al despotismo ilustrado la tutela del desarrollo de la ilustración entre las masas, esta concesión se basa principalmente en la desconfianza hacia las masas de finales del XVIII, pues las masas son sospechosas de tender inevitablemente hacia el prejuicio en lugar de pensar por sí mismas.

Kant confía en el sujeto pensante individual, pero no tanto en las masas; lo colectivo no es el terreno idóneo para el razonamiento. La libertad en manos de muchos genera poder, y puede derivar en violencia y en desorden social, salvo que un poder político lo impida mediante la coacción. Sólo un orden político fuerte puede garantizar la libertad de expresión frente al poder paralizante del prejuicio dando una característica fundamental para el equilibrio de la libertad de pensamiento y de todas sus derivaciones. Al permitirse la libertad de pensar y expresarse, el pueblo puede seguir anclado en el prejuicio por desear imponer sus prejuicios a otros ciudadanos, incluso mediante la violencia. De esta manera esto se trata sin duda de una referencia a la libertad religiosa y a la fuerza de los prejuicios religiosos.

En esta tesitura, el orden político debe garantizar la libertad y “evitar que unos a otros se impidan con violencia buscar aquella salvación por el libre uso de todas sus potencias”.[1] Emmanuel Kant

El establecimiento de la libertad de pensamiento y expresión, aparecen como condiciónes indispensables para el crecimiento de la autonomía racional. Los que sean capaces de pensar por sí mismos en privado han de poder expresar en público sus ideas, aunque otros aspectos de su libertad se hallen limitados. Pero Kant no está en condiciones de apreciar las dificultades del pueblo para asumir la libertad de pensar como algo público. El peso del luteranismo en este aspecto va más allá de limitar el libre ejercicio de la razón al ámbito privado, puesto que llega a incapacitar para el ejercicio de la libertad de pensar y obrar en el espacio público.

El orden político no es el auténtico obstáculo para la ilustración, sino lo son el prejuicio y la incapacidad de pensar y expresar libremente el pensamiento. El ejemplo que Kant pone de la tutela política sobre la libertad de pensamiento y expresión dentro de un orden político, es el régimen despótico de Federico II de Prusia, que va más allá de la mera tolerancia religiosa.

Porque dispone que solo el orden garantizar que la libertad no caiga en la tentación de la violencia, y la libertad conduce a la ilustración que esta a su vez la aleja de la rudeza. Por eso, sólo quien “dispone de un numeroso y disciplinado ejército puede garantizar la libertad pública, puede decir lo que no diría en un Estado libre: ¡razonar todo lo que quieras y sobre lo que quieras, pero debes obedecer!”[2] Esto es lo que Kant sostiene sobre estas características de la libertad de pensamiento.

De esta forma, el espacio público es el único terreno para cuestionar el orden, pero el orden al mismo tiempo debe ser respetado, pues encierra la garantía de la libertad de pensamiento para todos. En cualquier caso, la protección y el uso de lo público tiene una justificación ética: todo aquello que pretende ocultarse, sea una intención del poder político, o sea una ocurrencia de una mente libre, es sospechoso de circular por el territorio de la inmoralidad. Pero mientras que aquello que sea justo y adecuado a la razón práctica podrá ser publicitado sin reserva alguna.

Por esta razón la máxima de la publicidad condiciona absolutamente la moralidad tanto del derecho político como del civil, tanto las intenciones del gobernante como las aspiraciones del ciudadano. Por eso las revoluciones, son contrarias a la ética, pues no permiten anticiparse como cláusulas del contrato social, que recaerían en lo público. Por el primado de la ética, la política es un saber formal en el que la experiencia tiene un papel predomínate, pero estas nunca deben condicionarse de las decisiones políticas tomadas bajo el imperativo categórico.

En cuanto al tema de la libertad religiosa, Kant lo aprovecha para distinguir claramente entre los usos privado y público de la razón en relación con la libertad de expresión de los clérigos. Kant entiende que un clérigo puede exponer libremente sus opciones sobre el credo que profesa, aunque a la vez se mantenga fiel a la obediencia de su orden, pues actúa en calidad de intermediario a la hora de exponer públicamente sus desacuerdos, siempre que no haya contradicción entre su conciencia como sujeto pensante y la profesión de su fe como clérigo.

Dentro de la concepción de Kant, el opta por combatir el prejuicio religioso desde dentro, esto es, fomentando la racionalidad crítica y el libre pensamiento entre los clérigos, los potenciales propagadores del prejuicio religioso y los que mayor ascendencia poseen sobre las masas no ilustradas en el camino de inculcarles un adecuado uso de la razón. De esta manera Kant llevado por cierto optimismo, parece no advertir que la libertad religiosa propaga prejuicios religiosos por todas partes.

Se entiende que la razón práctica kantiana carezca de límites, puesto que su uso público representa el más alto nivel de libertad que puede alcanzar el hombre, aunque el sujeto se encuentre encadenado a obediencias materiales, sociales, y clérigos. La libertad de pensar no puede ser acotada si en el sujeto persiste la voluntad de pensar por sí mismo. De ahí la necesidad de acotarla desde fuera, mediante una acción externa, capaz de forzar a los hombres a la sociabilidad hasta que sean capaces de desarrollarla desde dentro, sin necesidad de coacción y por consiguiente libre de prejuicios.

En enfoque racional del filósofo, ya en su posición marginal anclado en las ideas puras. Para Kant, el filósofo ha de ser un intelectual politizado, pero sin estar engullido por el poder. Así que la razón es una instancia interesada en lo político, no puede renunciar a formular cuestionamientos por más que estos sean arbitrarios y ajenos a la experiencia presente y de nuestros antepasados.

De esta forma, la libertad de pensamiento, como uso público de la razón práctica, no está sometida al control inmediato de la experiencia y puede ser todo lo metafísica que quiera y lanzarse al territorio de las utopías, con los riesgos que tal cosa comprende. Para Kant, en eso consiste el desarrollo histórico de la humanidad, sorteando los escollos de la naturaleza, de las circunstancias. Kant reclama que las circunstancias sociales sean también favorables al hombre, que haya libertad de pensamiento y expresión, y que las discusiones se diriman en público para hacer de esta libertad algo más profunda a un nivel social de la libertad.

La razón práctica no está obligada a discurrir en el cercado de la experiencia y de las circunstancias, sino que ha de poder proponer una multiplicidad de posibilidades más allá de lo dado, y ha de poder hacerlo en la forma de una discusión pública, donde la pugna entre las representaciones, a través de la historia, conducirá al establecimiento de una única representación. De esta manera la razón práctica, en Kant es libre, y determinante en la formulación de propuestas.

Una misma persona puede ejercer como funcionario y como ilustrado. En el primer oficio actúa con uso privado de la razón, en el segundo con libertad pública de su razón. La legalidad de la expresión viene dada por la obediencia y el juicio ilustrado. Mediante el uso privado de la razón que se hace en calidad al oficio propio. Así, el uso público de la razón, es un que hacer lícito para todo mundo, y es desempeñado por el ilustrador. Éste a su vez es alguien experto en su campo. Por esa razón es legítimo que lo haga. Si lo hiciera de otra manera iría contra la ley de su religión. Pero le corresponde, por su preparación, juzgar las razones y doctrinas. Si es que observa que esta falla, en donde también, todo experto, está capacitado para emitir juicios sobre sus especialidades. De ahí la importancia de la ilustración para todo hombre. “Para que piense por sí mismo”.

Dentro de estos parámetros es claro que un hombre debe obedecer y cumplir con su trabajo. Es claro que el mismo hombre, ilustrado, tiene libertad de expresar sus razones al público. Las razones pueden ser a favor o en contra de alguna situación o cuestión y tiene plena libertad de hacerlo. No las puede decir en la ejecución de la obra donde debe seguir unos parámetros. Las emite solamente en sus libros o cuando le pidan opinión o en otro ámbito. La legalidad de la expresión viene dada por la obediencia y el juicio ilustrado, que nos conlleva a la aparición y el desertar del hombre mediante otras libertades como, de la libertad de expresión, libertad de discusión pública, libertad de crítica y libertad de asociación que a su vez congregan otro tipo de libertades en la esfera publica del hombre.

Kant, se hace partidario de dar libertad a la razón práctica y dejar que ésta se exprese en el escenario público y ponga en tensión las fuerzas y los resortes de las circunstancias. La pluralidad es una proyección sobre el escenario del espacio público, resultado de la libre expresión del pensamiento como uso de la razón práctica. Así también el despliegue de la multiplicidad que da lugar a través de la razón práctica que está estrechamente ligado a la idea de progreso histórico, que sirve de jerarquizador de las ideas.

De la misma forma Kant concreta que también asume que la prudencia es una virtud necesaria en la acción política, pero siempre que se halle en armonía con la razón práctica y que la actividad política se supedite a los dictámenes limitadores del derecho público, que ha de complementarse con la razón. Así que la política no puede ceñirse a un planteamiento meramente técnico o prudencial, sino que ha de ser una actividad en la que intervenga la conciencia moral.

Kant, concibe que el progreso dirija la historia desde la pugna entre las diversas representaciones del mundo hasta el desarrollo de un modelo único universal, en la consolidación de una Verdad. Así que la diversidad en sí tiene un papel secundario, dado que el final de la historia, que Kant no determina del todo, desemboca en una representación única del mundo. En donde hay tradición, y es ésta la que vale como referencia epistemológica básica. No hay una tradición universal, cada pueblo cuenta con la suya. La racionalidad, que todos compartimos, es demasiado débil para considerarse en el plano epistemológico como lo común universal. No hay una única verdad, sino la posibilidad de verdades concretas relativas a determinadas.

Bibliografía

[1] Kant, ¿Qué es la ilustración?

[2] Kant, ¿Qué es la ilustración?

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