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jueves, 22 de octubre de 2020

¿Cómo Gobernar las Zonas Urbanas en México?

Gobierno en Zonas Urbanas

Gobierno-de-méxico

Gobierno Urbano

Si en este momento alguien nos pidiera que reflexionáramos sobre un asunto de interés público que generalizara una problemática indispensable de atender y de dar seguimiento dentro de la dinámica gubernamental, en un primer momento la reflexión versarías sobre problemáticas aisladas como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad, el desempleo, la contaminación, los malos servicios públicos (salud, educación, vivienda, agua, carreteras, transporte, luz, etc.), pero es precisamente en este sentido cuando la reflexión toma un camino más concreto ya que, la mayoría de estos problemas públicos tiende a concentrarce más a las zonas con una alta densidad poblacional y “desarrollo”, son las que tienen más posibilidad de brindar estos servicios; en este caso las zonas urbanas son el área en el que son más grandes los conflictos.

En México la problemática que encierra a estas zonas viene influida desde su concepción, ya que estas zonas crean una múltiple de desviaciones e interpretaciones, que con la dinámica gubernamental se vuelven un poco mas difíciles de interpretar; es necesario precisar que el conflicto dentro de las zonas urbanas viene a la par del crecimiento desmesurado que tienen estas dentro del país año con año, a si mismo tenemos que los gobiernos urbanos se enfrentan a una tarea difícil de concretar, ya que por un lado tenemos que sostienen un aparato institucional que se introduce en un paradigma que se torna en dos direcciones, por un lado tenemos que, el aparato gubernamental reacciona a una lógica funcionalista interna y otra que se estructura bajo la lógica de las demandas tanto de los ciudadanos como de otro tipo de actores organizados.

En este sentido el objetivo de este ensayo se centra principalmente en enfatizar la problemática gubernamental dentro de las zonas urbanas del país, y las principales dificultades que enfrentan estos gobiernos en la carrera por reaccionar ante un panorama lleno de ineficiencias que merecen ser atendidas bajo un discurso diferente, así mismo se realizara un análisis bajo un esquema general que presenta a los actores cruciales dentro de la dinámica urbana de estas ciudades, que deben quedan introducidas en un mismo discurso que proponga las bases de una nueva coordinación entre estas, que son reconocidas bajo los parámetros del gobierno (sector publico), la sociedad civil los ciudadanos y ONGs) y el sector empresarial (sector privado); con la única intención de colaborar a responder a esta gran incógnita que tienen nuestras ciudades sobre ¿Cómo gobernar las zonas urbanas en México?

En las últimas décadas México dejó de ser un país rural, para dar paso a un eminentemente cambio urbano, en donde la oferta de empleo, servicios públicos y vida en comunidad se hacen más complejos, lo que resulta ser un reto más elaborado para los gobiernos adentrándonos a una dinámica que merece una mayor atención al momento de ser analizada. En un primer momento tenemos que estas ciudades son más complejas no solo por la cantidad de situaciones y fenómenos que estas llevan consigo, sino también por la población y las capacidades y acciones que los actores involucrados pueden desarrollar.

En este sentido la gobernanza es diseñada como una gobernanza urbana que construye liderazgos sociales a favor de la participación social en la toma de decisiones, y que oriente a resultados encaminados a la mejora y al bienestar general de las zonas urbanas de nuestro país. Bajo este planteamiento tenemos que para gobernar a nuestras zonas urbanas en la actualidad debemos, en primera instancia modernizar a nuestros gobiernos dentro de una dinámica que se oriente principalmente en dos términos muy específicos; por un lado generando cambios significativos en los estamentos legales y normativos, esto a su vez permitirá generar los mecanismos institucionales que materialicen un equilibrio entre la gestión urbana y la burocracia local que dé como resultado la colaboración urbana y ciudadana en estas zonas.

Del mismo modo en un primer instante se podría argumentar que estas ciudades urbanas deberían responder a una lógica de mejoramiento, eficacia, y calidad respecto a la dinámica ciudadana al estar mejor ubicadas respecto a las zonas rurales, pero parece ser que esta suposición tiende a desvanecerse en el sentido de que la situación actual en la mayoría de las zonas urbanas no se ciñe bajo un panorama de mejoramiento en la calidad de vida y mejores servicios, y esto en gran medida está identificado claramente por los débiles mecanismos legales en los temas de planeación y desarrollo urbano, y por otro lado tenemos que hay muy pocos acuerdos sociales o políticos para gobernar integradamente estos territorios

En este sentido es por el cual los gobiernos principalmente de las ciudades urbanas tienen que revitalizar su imagen contextualizándose bajo nuevos estándares que permitan dinamizar una nueva realidad con nuevos instrumentos y nuevas dinámicas organizacionales configurándose como gobiernos “que tienen por objetivo conseguir resultados y que tienen como misión racionalizar la complejidad organizada de la sociedad y responder a valores públicos, necesidades políticas y reclamos sociales. Por lo que su gestión requiere ser creativa, productiva y transformadora”[1] todo esto dentro de un esquema orientado específicamente a las posibilidades y deficiencias que tienen cada una de las zonas urbanas en México.

En estos términos nos encontramos bajo un paradigma que nos guía hacia un proceso de transformación que requiere un cambio de fondo y no un cambio meramente superficial en donde el actuar gubernamental debe adoptar una acción que se adentre a una estructura en donde las interpretaciones e interacciones se abren como un campo a la participación de múltiples actores, tanto en el gobierno, (federal, estatal y municipal) en la sociedad civil, (organizaciones no gubernamentales) el sector empresarial entre otros  actores que se vean envueltos en el proceso de organización gubernamental para las ciudades urbanas en México. Este esquema nos conduce a un dimensionamiento que se encuentra en constante retroalimentación.

Por lo tanto, la problemática gubernamental que atañe a las zonas urbanas deviene de un problema de planeación y organización en la actuación y articulación del gobierno en todos sus ámbitos, sobre todo en el esquema dentro de concepción, coordinación, e innovación de estas grandes urbes, esto derivo a que “los rendimientos de la acción del gobierno se vieran rezagados frente a los cambios sociales y políticos que impactan en un deterioro en los indicadores del bienestar social e individual; cuando los ciudadanos no son tomados en cuenta en términos de corresponsabilidad y cuando el Estado carece de respuestas oportunas para enfrentar lo imprevisto y las contingencias”.[2] Precisamente esta es la situación por la que las grandes zonas urbanas han tenido una gran dificultad para conciliar un gobierno estable y con buenos resultados.

Por ello para poder gobernar las zonas urbanas debemos de tener en cuenta muchos conceptos y dimensionar de manera adecuada el paradigma que permea a estas zonas, en este sentido tenemos que reestructurar la forma de gobierno y orientar las actividades hacia un enfoque gubernamental “más participativo y sensible a la sociedad, que obligue a crear estructuras más horizontales, flexibles y con papeles cambiantes que permitan movilidad ante nuevas demandas y procesos de transformación de las sociedades con las que interactúan.”[3]  Lo cual resulta crucial en todo momento en las zonas más urbanizadas de nuestro país, ya que la comunicación entre el gobierno y la sociedad se está haciendo más notoria dentro del paradigma actual de los gobiernos.

Bajo esta argumentación es claro que se necesita un enfoque gubernamental orientado a la gobernanza en donde el panorama urbano tienda a generar “mayor capacidad de decisión e influencia de los organismos no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos) en el procesamiento de los asuntos públicos, en la definición de la orientación e instrumental de las políticas públicas y los servicios públicos.”[4] En este sentido tenemos que el gobierno debe fundamentarse bajo el pilar de la democracia, orientado hacia la eficacia de los resultados y a la articulación, dirección y coordinación gubernamental, teniendo como base las capacidades gerenciales, determinadas por una planeación estratégica y de calidad de gobierno especializada, dentro del componente institucional dotado de mecanismos de participación ciudadana.

Por otro lado, se comprende una reingeniería organizacional de los gobiernos federales, estatales y municipales para construir una red de responsabilidad y una coordinación de acciones y toma de decisiones, en beneficio de modificar y elevar la calidad de los bienes y servicios en las zonas urbanas. Bajo esta idea podemos enfatizar que los gobiernos urbanos requieren “desenvolverse en realidades multifacéticas, lo cual significa que los problemas, los actores y los intereses, no se explican por sí mismos, sino con relación a elementos activos e interdependientes que tienen importancia central en las decisiones y acciones del gobierno”.[5] Bajo esta idea nos encontramos que esta estructura urbana se convierte en un conjunto de categorías y elementos programáticos que buscan dar orden y dirección a la acción gubernamental estableciendo funciones, sub-funciones, programas, actividades y proyectos.

Tomando en cuenta lo anterior podemos acentuar que esto a su vez orienta a que se realicen sistemas de planeación, programación y presupuestación mas agiles, trasparentes, flexibles, asertivos y útiles que se convierten en una herramienta orientada a los resultados óptimos dentro de las ciudades urbanas. En este sentido se debe reconocer que esta reformulación debe estar entendida como un proceso único y especifico de las zonas urbanas ya que, no solo se cambia la estructura y las forma de actuar del gobierno de acuerdo a sus características, prioridades y capacidades, sino también la forma de pensar y de concebir a los gobiernos urbanos.

Bajo esta lógica hay que puntualizar que para gobernar y conseguir una dinámica con buenos resultados en las zonas urbanas del país, debemos conceptualizar que ahora los gobiernos de las zonas urbanas “no tienen punto de reposo, son organizaciones en movimiento adoptan decisiones, movilizan recursos, coordinan esfuerzos, implementan programas, evalúan políticas y cumplen con metas de interés público.”[6] De este modo se podrá consolidar una zona urbana más competitiva que sepa cooperar e idealizar un mejor accionar mediante sus necesidades, realizando actividades que le permitan diseñar una planeación que este sustentada bajo una lógica colaborativa que sea adoptada por todos los gobiernos de nuestras zonas urbanas.

Es una realidad que el problema que aqueja a las zonas urbanas en México en la actualidad es un tema crucial para determinar el crecimiento y desarrollo de nuestro país, por la densidad poblacional y la actividad económica entro otros factores; pero si tomamos en cuenta que estas zonas en teoría son espacios en los cuales se brindan “mejores” servicios públicos que en otras zonas no urbanizadas; la realidad nos confronta con un dilema completamente diferente en el cual las situación es completamente diferente. En primer lugar tenemos que estas zonas urbanas son un espacio de concentración poblacional gracias a sus posibilidades de desarrollo (social, económico, educativo, laboral, habitacional, etc.)

Por esta razón se tiene un fenómeno de migración a estas zonas que ocasiona que las demandas ciudadanas y de otros sectores tengan un impacto cada vez más extenuante; por otro lado tenemos que si bien estas zonas tienen la capacidad de brindar más servicios, nos encontramos con que estos servicios son en algunos casos inexistentes, ineficaces, ineficientes, insatisfactorios y de poca o nula calidad lo que ocasiona un déficit gubernamental que permea en toda la zona haciendo que este espacio se obstaculice generando múltiples problemáticas.        

Por lo tanto debemos de tomar conciencia sobre lo que representan estos espacios en la dinámica del país ya que podemos presenciar un crecimiento bastante considerable en las zonas urbanas, que en un futuro no muy lejano tendrán un sin número de dificultades perores de las que vivimos en la actualidad; por ello es necesario replantearnos que son las zonas urbanas y como gobernarlas, con el fin de replantearnos que es lo que tenemos que realizar o modificar para poder actuar con la intención de contrarrestar estas dificultades, pero no hablamos de una solución precipitada sino de una acción gubernamental que este dotada de un racionamiento contextual y focalizado al ámbito urbano, el cual se caracteriza por estar conformado por una diversidad de actores que reclaman ser tomados en cuenta y que son necesarios para que el engranaje urbano pueda desarrollarse.

Por ello es necesario y urgente contar con un proyecto de desarrollo urbano, que contenga sus metas, proyectos, estrategias y alternativas de gobierno de corto, mediano y largo alcance, que no se vean interrumpidas por las administraciones o gobiernos, y que a su vez se plantee como eje rector el bienestar y calidad de vida de la población y de los servicios. En esta perspectiva es necesario contar con políticas públicas amigables al alcance de todos los ciudadanos, y que fomenten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, para hacer de cualquier ciudad una zona urbana sustentable en todos los ámbitos.

A si mismo esto debe estar instituido bajo preceptos derivados con la democracia como eje toral de la administración frente a la problemática de la burocratización, en donde las sociedades urbanas actuales busque dirigirse hacia una forma de gobierno que conciba a la acción desde la consideración de la política como una acción conjunta de los individuos en sociedad en busca de una mejor calidad en el gobierno teniendo en cuenta que en este contexto de las zonas urbanas en México “los Estados se redimensionan y reforman; los gobiernos se rediseñan; las administraciones públicas se acotan y las sociedades comienzan a organizarse y a formar grupos emprendedores.”[7] Todo este proceso con el único objetivo de tratar de implementar un mejor gobierno para nuestras zonas urbanas.


Bibliografía

[1] Uvalle Berrones, Ricardo. Las transformaciones del estado y la administración publica contemporánea. México. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Facultad de ciencias políticas y administración pública del estado de México. 1997. Pág. 62

[2] Uvalle  Berrones, Ricardo. Los nuevos derroteros de la vida estatal. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Pág. 107

[3] Cabrero Mendoza, Enrique. Del administrador al gerente público. México. Ed. INAP. 1997. Pág. 69

[4] Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y Gestión Pública, México, Fondo de Cultura Económica. 2008. Pág. 38

[5] Uvalle Berrones, Ricardo. Óp. Cit. Pág. 38

[6] Ibíd. pág. 39

[7] Bozeman, Barry. Todas las organizaciones son públicas. Teniendo un puente entre las teorías corporativas privadas y públicas. México. Ed. F.C.E. 1998. Pág. 58


lunes, 31 de agosto de 2020

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y presupuesto basado en resultados (CASO MEXICANO)

Presupuesto Basado en Resultados

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Evaluación del Desempeño


En las últimas décadas se ha despertado un fenómeno en masa en todas las sociedades que buscan brindar respuestas puntuales entre ciudadanos y sus gobiernos, entre muchas demandas la población en general avanza hacia la posibilidad tacita de un sistema transparente y efectivo en la ejecución del gasto público, lo que ha motivado un gran esfuerzo por parte de los gobiernos de un vasto número de países (entre ellos México) para  mejorar la eficacia y la eficiencia con la que se administran los recursos gubernamentales para brindar todos los servicios que la población demanda.

Este modelo surge como un instrumento cuantificable para mejorar la gestión de los recursos, con el fin de consolidar su desarrollo social y económico, y proveer mejores servicios a la población. Tanto el PBR como el SED en el caso de México se presentan como una manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene como uno de sus fines generar información que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto y obtener resultados factibles respecto a estos mecanismos de evaluación; así como ofrecer la información que demanda la sociedad.

En el contexto mexicano estas técnicas del PBR y del SED han permitido, enfocarse más en los productos de la actividad de los gobiernos que en los insumos que se requieren para ello. Este cambio implica alejarse de la atención primordial que dan los ejecutores del gasto al proceso, para centrarse en los resultados que dicho proceso genera haciendo de la dinámica del gasto una fuente más equilibrada entre los ciudadanos (información) y el gobierno (ejecución).

Así mismo, la introducción del PBR y el SED tienen la intención de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público al servir como un mecanismo para controlar el gasto y facilitar el seguimiento de las actividades y rendimiento de sus ejecutores. Por lo que este modelo presupuestario ha ido cobrando mayor relevancia, y esto se debe a que los ejecutores del gasto están siendo evaluados por los resultados que entregan.

A la vez, ha generado en la población un mayor interés y una activa interacción en conocer los gastos que generan los Estados, los resultados que entregan y los cambios que requieren en su propia organización para atender las exigencias que enfrentan. Esta tendencia se ha materializado en la introducción del Presupuesto basado en Resultados (PBR) y en la consecución del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en varios países, particularmente los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ello, es importante puntualizar de manera concreta los resultados, modificaciones y el impacto que han tenido técnicas como el PBR y el SED dentro del contexto de México con el fin de examinar los resultados que se obtienen de esta dinámica de gestión en el gasto; para sustraer un análisis concreto hay que tener en consideración los antecedentes de este tipo de técnicas en los gobierno mexicanos a fin de logran un planteamiento que permita idealizar hipótesis que concreticen los resultados de las implementaciones de este tipo de instrumentos con datos cualitativos y cuantitativos de gran relevancia que nos fijen los límites y los marcos conceptuales y jurídicos-políticos, que constituyen el andamiaje de todo este mecanismo que se constituye dentro del sistema político.

Antecedentes históricos

Para que tales técnicas de evaluación y de resultados llegaran a concretizarse explícitamente en el territorio mexicano, antes hubo un antecedente importante el cual es el momento en el que se crearon o se idealizaron este tipo de ideas las cuales se remontan al 14 de diciembre de 1960 en donde veinte países desarrollados suscribieron en París, Francia, el tratado internacional que dio origen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La cual conformaba una serie de objetivos que se concretizaban a través del ejercicio eficiente de los recursos económicos de cada país.

A partir de este punto resulta pertinente una revisión de la historia reciente del sistema presupuestario mexicano. Ya que hasta mediados de los años setenta, el presupuesto federal se elaboró con base en la técnica presupuestal del siglo XX, sustentada en la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente desde 1935, en donde lo importante era asignar recursos de acuerdo al objeto específico del gasto. Fue en “1965 cuando se integraron en un solo documento presupuestal los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, junto con el presupuesto del Gobierno Federal, lo que permitió un mayor control del gasto público”.[1]

Así, los planteamientos sobre medición y evaluación gubernamental se identifican en el periodo de entre 1982-1988, cuando Miguel de la Madrid consideró una tarea postergada en la cultura administrativa, la evaluación de programas gubernamentales. Un primer paso en esa dirección fue “la creación de la Secretaría de Contraloría General de la Federación para coordinar el Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública”.[3] Cabe destacar que en 1986 entró en vigor la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en la que se propuso mayor autonomía de gestión a cambio de compromisos claros para evaluar el desempeño, pero el Reglamento tuvo que esperar hasta 1990.

En 1997 se puso en marcha la reforma presupuestaria, a través de la implementación de la Nueva Estructura Programática (NEP), acompañada del Sistema de Indicadores de Desempeño (SED). “Este sistema establecía indicadores estratégicos de cobertura (alcance de la población o universo objetivo), calidad (características o atributos de productos o servicios y satisfacción de usuarios), eficiencia (productividad), alineación de recursos (congruencia entre recursos aprobados y suministrados y su impacto en los resultados) e impacto (logro de objetivos)”.[4]

- Mejorar los impactos del gasto público en beneficio de la sociedad mexicana, como una respuesta a la demanda de impulsar el desarrollo nacional, considerando las restricciones presupuestarias y el SED permitió la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.

Su implementación fue resultado del ejercicio fiscal del 2007-2008 la cual definió y estableció el marco jurídico y normativo de estas técnicas, además de adecuar de la estructura programática y el desarrollo de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Emitió las disposiciones y desarrollo de las funcionalidades del Portal Aplicativo de la SHCP y los mecanismos para realizar evaluaciones, además de forma y capacitar servidores públicos. Terminado su consolidación partir de 2009 del PBR-SED y apoyo a los Gobiernos y Sub–nacionales.

Fue entonces hasta el año 1976, cuando se emprendió la reforma administrativa en el sector público mexicano, que “comenzó con la reorganización de la Administración Pública Federal (APF), para ello se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), misma que creó la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP); días después, se decretó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), que impuso como técnica presupuestal el Presupuesto por Programas”.[2]En 1983 se estableció la Ley de Planeación y se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para articular el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. En este ordenamiento el Poder Ejecutivo Federal asumió la obligación de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, (PND) al inicio del sexenio, previa consulta popular, en la que se recogerían las propuestas de la sociedad.

En el siguiente periodo se elaboró el Programa Nacional para la Modernización de la Empresa Pública 1990-1994, en donde se ofrecía mayor autonomía de gestión a las entidades paraestatales bajo un esquema de índices de medición para evaluar resultados y la incorporación de la calidad total en sus procesos. Los alcances de este programa se vieron limitados por la existencia de ordenamientos presupuestarios que impedían la autonomía de los órganos de gobierno y la suscripción de los convenios de desempeño.

En el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000 abrió una vertiente sobre la rendición de cuentas. El proceso de modernización administrativa incorporaba el impulso a procesos orientados a la evaluación del desempeño, el PND 1995-2000 planteaba que “la administración pública deberá promover el uso eficiente de los recursos públicos y cumplir con programas precisos de rendición de cuentas”.[5]

Finalmente, el esfuerzo legislativo en la revisión del ejercicio del gasto y la búsqueda de la transparencia culminó con la actualización del marco normativo presupuestario con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que entró en vigor en 2006, en donde se institucionalizó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como parte integrante del proceso presupuestario, con lo que se robusteció la evaluación del desempeño.

Marco conceptual

Los principales puntos que se devienen de técnicas como el SED y PBR son cuestiones que tienen un trasfondo conceptual más complejo que se despliegan de un contracto más grande y específico que se conoce como la Gestión para Resultados (GpR) el cual es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Cobra mayor relevancia el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.

1. Ofrecer a los responsables de la administración pública la información y el conocimiento que les permita controlar y optimizar el proceso de creación de valor público, a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto a lo que se espera de la acción del gobierno;

2. Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y de los organismos públicos, para que de forma documentada y amplia puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía y las instancias de control correspondientes puedan evaluar los resultados de su gestión; y,

3. Apoyar la modernización de la gestión pública y la evaluación de su desempeño, con la correspondiente administración de incentivos a las organizaciones, no a las personas”.[6]

Considerando estos elementos, la GpR puede definirse como un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y el aprendizaje y la mejora continua de sus instituciones.

En este caso, el SED es el elemento central del funcionamiento del PBR, pues está compuesto por un conjunto de procesos mediante los que se realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y los programas de las entidades y dependencias de la APF para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que derivan de él.

De esta manera, el SED brinda la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, los programas presupuestarios y las instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. En el marco del SED, el PAE surge como una respuesta a la necesidad de planear y controlar el proceso de evaluación, asegurando que los programas a evaluar se seleccionen estratégicamente. El PAE contiene las evaluaciones que se llevarán a cabo y las que iniciarán con cada ejercicio fiscal e indica a qué programas federales de la Administración Pública Federal se aplicarán.

Entre otros aspectos, el PAE establece el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas presupuestarios en operación y de aquéllos que comiencen su operación durante cada ejercicio fiscal; determina los tipos de evaluaciones que se aplicarán a los programas presupuestarios, como parte de un proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria; vincula el calendario de ejecución de las evaluaciones con el calendario de actividades de la programación y presupuestación para el ejercicio fiscal correspondiente, y articula los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios como elemento relevante del PBR y del SED.

El PBR, por tanto, encaja en la estrategia de la Gestión por Resultados porque pone énfasis en los resultados: qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población. El objetivo del GpR es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren los resultados consignados en los objetivos del PND y los programas derivados del mismo.

También se puede promover, ante las instancias correspondientes, la orientación hacia una GpR de las diferentes tareas de control, como las auditorías, los informes institucionales, los mapas de riesgos e informes de comisarios y delegados, entre otros. El objetivo es que las instancias fiscalizadoras coadyuven a mejorar el desempeño de los programas, las dependencias y las entidades de la Administración Publica Federal.

Así, el GpR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público: son relevantes el PND, en el que se definen los objetivos de gobierno; el PEF, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor; los costos de producción; y, los bienes y servicios que se producen y el PBR son actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de cuentas.

El objetivo general de la GpR es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del PND y los programas derivados del mismo. Por su parte, “los objetivos de la GpR son:

La GpR tiene cinco principios, los cuales forman la base para una administración del desempeño sólida.

1. Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión para resultados);

2. Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico y fácil de usar como sea posible;

3. Gestionar para, no por, resultados.

4. Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación, con los resultados previstos;

5. Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de decisiones, así como para la información y rendición de cuentas.

Marco Jurídico

Ley / Reglamento / Lineamientos

Contenido

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.


Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Ley de Coordinación Fiscal

Coordina el Sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y el Distrito Federal y por lo mismo obliga que los Estados y Municipios estén reportando en el mismo sistema contable y publiquen los resultados.

Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación

Reglamenta en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria

Tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en las materias de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, contabilidad, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Disposiciones Generales de SED (Acuerdo del SED)

Se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, expedido por la SCHP y SFP.

Ley

Art.

Contenido











Constitución
Política
de los
Estados Unidos Mexicanos

Art. 6

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es publica y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés publico en los términos que fijen las leyes.



Art. 26

El Estado organizara un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.



Art.73 Fracc. XXVIII

El congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial.



Art. 74 Fracc.II y VI

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación, en los términos que disponga la ley; VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.



Art. 79

Establece las funciones de la entidad de fiscalización superior.



Art.134

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los Órganos Político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.



Ley

Art.

Contenido








Ley de Planeación

Art. 3

Mediante la planeación se fijaran objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran resultados.



Art. 9

El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el desempeño para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y metas del plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.



Art.14 Fracc. VII

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico tendrá las siguientes atribuciones:VII.- verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el plan y los programas respectivos.




Ley

Art.

Contenido






Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Art. 31

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicablesXVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el ejecutivo federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;



Art. 32

A la Secretaria de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los términos de este articulo.




Ley

Art.

Contenido










Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria



Art. 1

La presente ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.



Art. 2

LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;



Art. 24

Precisa las actividades que comprenderán la programación y presupuestación del gasto público.



Art.27

La estructura programática facilitara la vinculación de la programación de los ejecutores con el plan nacional de desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.



Art. 34

Define los mecanismos para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades.



Art. 45

Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones generales aplicables.





Art. 78

Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.






Ley / Reglamento / Lineamientos


Contenido

Lineamientos Generales de Evaluación

Lineamientos que definen los mecanismos de implementación del SED. Regula la evaluación de los programas federales, la elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados, los sistemas de monitoreo y objetivos estratégicos de la dependencias y entidades.

Lineamientos del Proceso Presupuestario

Lineamientos que definen la integración del Proyecto del Presupuesto y del Decreto definitivo.

Lineamientos CONAC

Lineamientos que definen los mecanismos de implementación de la LGCG.

Transparencia y Presupuesto Basado en Resultados

Los objetivos fundamentales de la Administración Pública implican alineación de asignaciones presupuestales con las prioridades de la política de gobierno. La asignación de los recursos toma en cuenta el desempeño de los diferentes programas y se basa sobre información generada de los costos reales de los programas públicos.

La Secretaría de Finanzas y Administración, se debe dar a la tarea de instrumentar un Presupuesto basado en Resultados en corto y mediano plazo, con una serie de formatos que suman un proceso, y que deben ser completados por dependencia ó fuente de financiamiento.

Si se induce la homologación de sistemas contables y presupuestales entre el Gobierno Federal y las entidades federativas se facilita la elaboración de estadísticas comparables de gestión financiera de fondos federales entre entidades. Al orientar el control y evaluación del gasto público en un enfoque de medición de desempeño y obtención de resultados se deben rendir cuentas oportunas y transparentes. Es conveniente analizar la aplicación de un mecanismo general, que ilustre y defina el contenido de un proceso de transparencia que trate de definir cada una de sus partes.

La Coordinación de diferentes órdenes de gobierno es indispensable para lograr eficiencia en el diseño e implementación de programas públicos, el Presupuesto Basado en Resultados debe ser transparente necesario para garantizar el ejercicio responsable de los recursos públicos y su rendición de cuentas.

La rendición de cuentas debe ser oportuna, pública y veraz, debe ser sujeta de consulta a la opinión ciudadana; una rendición de cuentas sobre cómo se ejerce y cómo se fiscaliza un Presupuesto Basado en Resultados es indispensable para logra una adecuada gestión financiera.

Actualmente las Entidades Federativas son las encargas de ejercer el presupuesto federal, ese presupuesto se otorga según los resultados de sus programas públicos que implementan, es decir si un programa o política pública requiere de más presupuesto este simplemente se autoriza por la Administración Pública Federal, para ello se evalúa el desempeño del gasto y fiscalización del primer presupuesto asignado, también entra el Sistema de Evaluación para el Desempeño necesario para la medición del gasto fiscal.

La transparencia debe lograr que se garantice el funcionamiento de un Presupuesto Basado en Resultados. Los objetivos de una transparencia presupuestaria son:ñ  Propiciar que se conozcan los resultados de la aplicación de los recursos públicos en el impacto social de los proyectos.

1. Permitir que la ciudadanía consciente e informada identifique actos de eficiencia, economía, eficacia, cobertura, equidad y calidad en la erogación del gasto fiscal público.2. Proveer información oportuna para la toma de decisiones.3.  Vincular la planeación, programación, seguimiento y ejercicio de recursos públicos entre los programas públicos y presupuestarios de las entidades.

Entre los elementos que se pueden prescindir para lograr esta transparencia se puede mencionar la creación de un sitio web con información útil sobre como se administran y gastan los recursos los públicos, tomando con referencia y base jurídica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que en uno de sus artículos habla sobre la publicación de cualquier medio ya sea electrónico o impreso por parte del Gobierno sobre la gestión presupuestal de la Federación.

De lograrse un sitio de Internet para el fortalecimiento del PbR se integra la información presupuestaria en un sólo lugar, se pueden generar menús y accesos fáciles para los usuarios de todas las unidades administrativas presupuestarias, es decir una misma página con acceso entre federación, entidad federativa y municipios involucrados, se establece un almacén de datos que permita agregar información presupuestaria periódicamente, actualización y consultas del sistema de información del presupuesto en tiempo real.

Los ciudadanos serían conscientes y corresponsables de la vigilancia y fiscalización del presupuesto, con la creación de un sitio web como forma de transparencia presupuestaria y con el uso de un lenguaje ciudadano se debe saber: ¿Quién gasta? (Que nivel de gobierno y unidad administrativa gasta), ¿Para que se gasta? (Programa, Plan), ¿En que se gasta?, (Material, sueldos, gastos de implementación), ¿En donde se gasta?, (Lugar geográfico y administrativo de la entidad federativa). De lograrse todo esto, el monitoreo del presupuesto sería en tiempo real y se fortalece la eficiencia, la eficacia y cobertura de cada gasto público.

Aunque para lograr todo ello también se requiere un gasto significativo por parte del Sistema de Evaluación del Desempeño tanto en la evaluación de los programas públicos como en el personal público asignado: Capacitación, desarrollo de tecnologías de información, manuales institucionales, métodos de medición, y la modificación de normatividades aplicables a la materia en proceso.

La colaboración de la Federación, entidades federativas y municipios brinda una adecuada erogación de los recursos federales apoyados en la participación ciudadana como contralores sociales, se impulsa un enfoque preventivo en la fiscalización pública y se mejora la gestión.

La implantación del PBR-SED en México ha representado un reto muy importante para los tres órdenes de gobierno ya que la estructura programática planificada se convierte es la base para la implementación de una nueva cultura organizacional que se encarga de asignar recursos a los programas que presentan mejores resultados y corrige el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente PBR y Evalúa los resultados obtenidos por los programas a través de indicadores de desempeño SED.

De esta forma no se puede hablar en México de la implantación de la gestión para resultados y la planeación estratégica sin la participación y corresponsabilidad de las entidades federativas, del mismo modo este proceso de reingeniería programática en el marco del PBR-SED es un proceso que debe identificarse como gradual y que para su implantación y maduración involucra la retroalimentación con las dependencias de la administración pública estatal, para definir programas estratégicos, establecer indicadores y someterlos a una evaluación continua, y hasta entonces realmente podremos ver resultados netamente concretos.

Bibliografía

[1] Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz, Planeación, Programación y Presupuestación, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003.

[2] José Ayala Espino, Economía del sector público mexicano, UNAM, México, 2001, pág. 173.

[3] Art. 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, varias ediciones, México.

[4] Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Por un Estado de Derecho y un País de Leyes; Presidencia de la República, México, 1995. p.62.

[5] SHCP, Reforma al Sistema Presupuestario RSP Dimensiones de los Indicadores Estratégicos.

[6] CÁMARA DE DIPUTADOS H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas El Sistema de Evaluación del Desempeño y el Programa Anual de Evaluación, Palacio Legislativo de San Lázaro, Diciembre de 2008.