Ciudadanía y Democracia
El concepto de ciudadanía se ha desarrollado en dos vertientes: la sociología política, con la sociología histórica, y la filosofía política. La sociología se pregunta por el origen histórico de la ciudadanía, por su evolución, desarrollo, y por el contenido de los derechos de la ciudadanía, como parte de una larga etapa histórica de relaciones entre los individuos y el Estado.
La filosofía política se cuestiona sobre el carácter y el sentido de la ciudadanía, sobre el significado de ser ciudadano, sobre las relaciones que debe haber entre individuos y Estado, y sobre las relaciones entre ciudadanía y democracia. Los dos enfoques son en realidad complementarios, pues se informan mutuamente.
La ciudadanía desde la sociología.
a) Nacionalidad y ciudadanía
Thomas Janoski define la ciudadanía como la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones. La membresía en un Estado-nación es la adscripción formal de la gente a un Estado definida como nacionalidad; desde que uno nace tiene una adscripción formal a ese país, es decir, tiene nacionalidad.
De esta perspectiva hay una serie de problemas en la actualidad ya que la gente emigra masivamente. Bajo estás características, ¿cómo concebir a alguien que nació en un Estado-nación y vive en otro Estado-nación?, ¿cómo pensarlo como sujeto de derechos si carece de nacionalidad del país donde vive? O ¿puede o debe un indígena sentirse parte de una nación que él mismo no le reconoce derecho alguno, que no habla su lengua ni entiende sus tradiciones?
La Ciudadanía como pertenencia en el sentido de nacionalidad es la forma que un país aceptar a alguien como un nacional, es decir, como un ciudadano con plenos derechos. Al día de hoy existe un modelo integracionista en el cual se otorga la nacionalidad por nacimiento o por procesos de nacionalización. Estos procedimientos eran fáciles de realizar en los siglos XIX y XX, pero se han vuelto casi imposibles en el siglo XXI debido al gran volumen de la inmigración ilegal y a la resistencia política conservadora.
Por ello, los países integracionistas han fallado en incorporar a sus propias poblaciones indígenas, por más que desde el nacimiento sean ciudadanos en tanto que nacionales. Para el caso de América Latina, es relevante que hasta la fecha el tema de la integración de los pueblos indígenas dentro de la nación permanece irresuelto. No sólo se ha fallado en reconocer sus derechos específicos, sino que además las políticas públicas siguen siendo omisas frente a su marginación histórica afectando a la democracia.
La democracia se ha pensado siempre dentro del contorno territorial de un Estado-nación. Pero la modernidad ha constituido nociones de espacio y de tiempo específicas en este periodo. La globalización cuestiona esta asociación entre Estado-nación-ciudadanía-democracia, y lo hace desde el momento en que los Estados han perdido soberanía por a la creciente interdependencia económica internacional y por los individuos que se mueven de un país a otro en forma masiva.
b) Los derechos de ciudadanía
T. H. Marshall, constituye el origen contemporáneo del campo de conocimiento de la ciudadanía. Este concepto, no formó parte sustantiva de la teoría política, sino hasta muy recientemente. El teórico inglés sostiene que la ciudadanía es aquel "estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica”.
De acuerdo con Marshall, los derechos de ciudadanía se han desarrollado en tres dimensiones: la civil, la política y la social. Los derechos civiles protegen la seguridad del ciudadano y le permiten ser autónomo respecto del Estado, se considera al individuo como un sujeto capaz de tomar decisiones y elegir intereses y preferencias. Los derechos políticos se refieren a la capacidad de elegir a quienes han de gobernarlos, y los derechos sociales garantizan las condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los miembros de una comunidad en condiciones de igualdad.
Para Marshall el desarrollo de los derechos de ciudadanía es un proceso histórico, marcado por la contradicción entre la tendencia natural del capitalismo a crear toda clase de desigualdades y la tendencia igualitaria de los derechos de ciudadanía, que son el corazón de la democracia.
La ciudadanía no solamente permite la inclusión y el reconocimiento de derechos, sino también implica la exclusión y el desconocimiento de otros. A través de la nacionalidad es posible excluir a los no nacionales de cualquier acceso a derechos. La exclusión de derechos civiles y políticos se puede producir por la vía jurídica o por la vía fáctica. Por la vía jurídica, al no reconocer como sujetos de derecho a ciertas categorías de personas: niños, mujeres, indígenas, etc. Y facticamente es aplicado en regímenes autoritarios que limitan o anulan los derechos políticos, aunque éstos permanecieran formalmente reconocidos en la Constitución.
En suma, los derechos civiles, los más universales de todos, pueden no ser aplicados o aplicados segmentadamente de acuerdo con criterios de clase social, género, región y raza. Los derechos políticos pueden ser denegados en una variedad de formas autoritarias. Y los derechos sociales pueden otorgarse a algunos y negarse a otros, como indica la experiencia histórica. Por tanto, la ciudadanía, si bien es un discurso de universalidad y generalización, en la práctica funciona con una serie mayor o menor de exclusiones.
Precisamente porque no existe una necesaria simultaneidad en el acceso a los derechos, no sólo algunos sujetos, habitantes de un país, pueden tener más derechos que otros, sino que es posible también la existencia legal y fáctica de ciertos derechos y la inexistencia de otros. El discurso de la ciudadanía no implica de ninguna manera que los derechos hoy día aceptados universalmente sean aplicados a toda la población. Los derechos, siguen siendo aplicados de manera segmentada y parcial y experimentando diversos tipos de problemas de implementación y de aplicación universal.
Nancy Thede menciona que, “Los ciudadanos son, desde un punto de vista histórico, los miembros de la sociedad cuyas exigencias en cuanto a derechos quedaron reconocidas e institucionalizadas en los sistemas políticos y jurídicos. Desde esta perspectiva, los grupos excluidos son aquellos cuyos derechos no forman parte del consenso social que sustenta y define el sistema político; por lo tanto, el motor del cambio democrático viene de estos grupos no reconocidos”.
En este sentido, se pueden distinguir dos tipos de derechos por una parte están los pasivos que se refieren a aquellos que están en la ley y cuya aplicación opera como una concesión del Estado: la educación pública básica, salud etc. Y por otro lado están los Derechos activos que son aquellos que implican la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Los reclamos por derechos nuevos son parte de una lucha por la ampliación del concepto de derechos, pero no son parte de ellos, y por tanto sólo en el largo plazo constituyen ciudadanía.
Al analizar los derechos desde la perspectiva de la democracia, la atención deberá estar puesta ante todo en el alcance de la parte activa de los derechos de ciudadanía, que son los vinculados a la práctica de la democracia. Los derechos de ciudadanía están establecidos en la ley y se supone que deben ser aplicados a todos los ciudadanos por igual. Los derechos no pueden ser informales o particularísticos.
Así, la ciudadanía podría evaluarse desde dos perspectivas diferentes: la formal, basada en los derechos formales, y la real, basada en la práctica social y política efectiva. Los derechos formales son fundamentales, mientras que la práctica real permite entender los verdaderos alcances sociales y políticos de las normas, por lo que , el objetivo social debe de procurar mantener un equilibrio entre estos.
Bibliografía
Alberto J. Olvera, Ciudadanía y Democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática num 27, INE, México, 2016. Pág 25-42.
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