Democracia y Ciudadanía en Latinoamérica

Democracia y Ciudadanía

El concepto  de democracia es objeto de un profundo debate. Este  debate  se  produce en primer lugar, por la consolidación fáctica de la democracia electoral. Pero al mismo tiempo, se han extendido en toda América Latina una profunda insatisfacción con los resultados de esas  democracias  en términos  de justicia  social, eficacia  gubernamental  y  política.

La transición y la consolidación  de  la  democracia  en  América  Latina  se  basa en la teoría democrática del elitismo democrático. Weber y Schumpeter entendieron a la democracia como un mecanismo para cambiar a los gobernantes en forma cíclica y predecible, es decir, elegir a la élite gobernante. Para ellos el Estado moderno es tan complejo que no puede haber intervención ciudadana en la administración estatal.

La democracia minimalista (poder elegir a los gobernantes) y la elitista (cambiar a la élite gobernante) se hermanan en este concepto restrictivo. Este concepto de democracia implica que la única ciudadanía es la ciudadanía política, y por tanto los únicos derechos propios de la democracia son los políticos. En la práctica sólo los derechos políticos se vinculan directamente con la democracia, pues existen en su reconocimiento y deja de existir en su anulación.

Derivado de esto, Jürgen Habermas dice que los derechos de participación política  fundan la posición  jurídica  del ciudadano. Los derechos negativos de libertad y los derechos sociales pueden,  ser otorgados  en  términos  paternalistas. El Estado de derecho y Estado social son también en principio posibles sin democracia, tanto las libertades subjetivas como los derechos sociales son base jurídica de la autonomía social haciendo efectiva la realización de los derechos políticos.

La concepción minimalista de la democracia y la  teoría  elitista  de  la  democracia,  implican  un  concepto  acotado de ciudadanía. Nada hay en la teoría democrática convencional que exija ir más allá de la concesión de derechos políticos para fundar la ciudadanía. La teoría democrática supone la existencia de un Estado y de una nación; supone la existencia de ciudadanos como agentes competentes capaces de elegir y libres de toda traba para ejercer esas capacidades; supone que la competencia electoral permite la expresión real de las preferencias; además, no considera el conflicto social dentro de su marco y limita el concepto de la política a la lucha por el poder por la autorización y la representación a través de las elecciones.

Al recurrir a los conceptos del elitismo democrático y a diversas versiones de la teoría de la elección racional, se dejó de lado el estudio de las innovaciones democráticas como la práctica de los actores sociales cuya movilización es reconocida como detonante del proceso, la teoría de la transición se limitó a interpretar la  movilización social como respuesta a  la baja  del costo de oportunidad de la acción derivada de la liberalización.

Una vez alcanzada la democracia representativa, la sociedad civil activada deja su espacio de  acción  a la  sociedad política, la cual asume las causas y los  intereses de la sociedad civil y monopoliza las funciones de la representación legítima. Sin embargo no hay un análisis de las innovaciones en términos de cultura política,  agenda,  actores  y  prácticas  derivadas  de  la  apertura  de  nuevos  espacios públicos y de nuevos actores. Al concebir la democracia como mero ejercicio de representación política en el campo del Estado, se reproduce una separación conceptual entre la sociedad civil y la sociedad política que impide analizar las continuidades entre ellas y por tanto ver a la democratización como un proceso que se origina en y transforma a la sociedad misma.

Los estudios sobre la consolidación democrática continuaron esta tradición conceptual al concentrarse en el análisis de los diseños institucionales, los pactos y los equilibrios políticos entre civiles y militares, fuerzas autoritarias y democráticas, que posibilitan la continuidad del régimen democrático. Al proceder así, se perdieron de vista los cambios culturales ocurridos, y las innovaciones en la forma de gobernar, y las relación entre ciudadanos y Estado. Más aún, el papel de la sociedad civil en el proceso fue considerado  irrelevante.

Esta limitada perspectiva fue críticada por Guillermo O’Donnell, con su concepto de “democracia delegativa”, que se refiere a las democracias  que  se  limitan  a  elegir  un  presidente  que  luego  se  convierte  en un autócrata sin límite alguno, y de la “democracia de baja intensidad”, que habla de la carencia de otros derechos de ciudadanía en nuestras democracias.

O’Donnell crítica las teorías convencionales de la democracia, demuestra que el modelo liberal-democrático no sólo opera en ausencia de solución a los problemas de la nación y del Estado, sino que asume que la ciudadanía política es un desarrollo de los derechos civiles y que el tema de las condiciones sociales y políticas generales en las que la democracia puede funcionar  no forman  parte  del campo de  atención de  la teoría.  La igualdad de la democracia política ignora las sociales, incluyendo sus desigualdades.

Para  trascender es necesario introducir en el análisis de la democracia  el estudio diferenciado del Estado, de la nación, del régimen político, del gobierno y de la “democraticidad del Estado”, además, de los componentes del Estado (aparato  burocrático,  sistema  legal  y  discurso y prácticas  de construcción de identidad colectiva nacional) que también promueven el estatus de la ciudadanía.

O’Donnell propone que una ciudadanía integral (es decir, el acceso pleno a los derechos civiles, políticos y sociales) puede garantizar la existencia de una verdadera democracia. Mientras el acceso o disfrute de los derechos sea parcial o no exista para sectores amplios de la población, la democracia electoral será precaria y manipulable.

Una “ciudadanía integral” sólo puede entenderse como un proceso de construcción que implica una acción social desde abajo y una capacidad de articulación y respuesta desde arriba, y por tanto como un proceso  de  “democratización  de la  democracia”.

Los derechos políticos de la democracia deberían ser usados para conquistar otros derechos. Dentro de un movimiento  desde y  hacia los derechos políticos, sociales y civiles. En una dialéctica de empowerment en una esfera de derechos empujando conquistas en otras.

Por ello surgen nuevas formas de pensar la agencia en la lucha por la democracia, la estructura o diseño de un régimen democrático y el tipo  de  derechos  y  de  ciudadanía  necesarios  a  un  proyecto  democrático que no sólo pide el cumplimiento cabal de las promesas del Estado democrático de derecho, sino que plantea cambios radicales en la forma de pensar y ejercer la política, esto es, el poder, la representación y la participación de la sociedad.

Las teorías de la democracia participativa, de  la  sociedad  civil  y del  espacio público  no  han  logrado  construir una propuesta teórica integral de la ciudadanía, pero han avanzado en términos de  una ciudadanía  activa  que no sólo espera que el Estado por fin respete e implemente los derechos universales de ciudadanía, sino que lucha por ellos, coopera con el Estado, se enfrenta políticamente con él, hace valer sus argumentos en el espacio público y busca construir alianzas con la sociedad política en la promoción de un proyecto democrático-participativo.

Bibliografía

Alberto J. Olvera, Ciudadanía y Democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática num 27, INE, México, 2016. Pág 65-74.