Rendición de Cuentas en México
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¿Que es Accountability? |
El fenómeno desatado a raíz del cambio en el paradigma social, relacionado al involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos y gubernamentales a derivado a su vez a la trasformación del aparato gubernamental impactando en su instrumentos, capacidades, alcances, responsabilidades, y formas de actuar ante este nuevo dilema más abierto entre los gobernantes y los gobernados; bajo este panorama es preciso puntualizar que el caso mexicano no se libra de todas estas modificaciones y como otros gobiernos democráticos alrededor del mundo también quiere incidir de manera importante y significativa dentro del paradigma actual respecto a la configuración de la idea de un gobierno más moderno, cercano, democrático y abierto.
Para ello hay que comprender la idea de un gobierno cercano como aquel “que tiene un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad y que tiene por objetivo atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Buscando como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.”[1]
Para lograr una configuración de tal envergadura dentro del contexto mexicano hay que ser bastante cuidadosos, ya que el perfil que guarda el estado mexicano históricamente tanto a nivel internacional como local es bastante dudoso, nos encontramos catalogados (según indicadores como el IPC, el barómetro global sobre corrupción y el latino-barómetro etcétera.) como uno de los países con más problemas de corrupción e impunidad, estas evaluaciones nos hacen ver una realidad que no nos beneficia en nada sobre todo en términos de “la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos. Esto genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Ello mina la confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para recaudar impuestos y reclamar la obediencia voluntaria de sus ciudadanos.”[2]
Por ello se debe realizar una reconfiguración del sistema mexicano para producir una eficaz, efectiva y completamente creíble e insoslayable rendición de cuentas en el país. Partiendo de lo anterior y para poder proponer una reconfiguración efectiva para la rendición de cuentas es importante identificar ante que nos estamos enfrentando en la actualidad ya que “el concepto de la rendición de cuentas involucra tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder.”[3] (Mediante controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder).
Ahora bien una vez planteado lo anterior, tenemos que para una rendición de cuentas que realmente contenga resultados óptimos y que nos presente un argumento ampliamente concreto, debemos en primera instancia consolidar los tres pirales fundamentales que nos menciona Andreas Schedler (información, justificación y sanción) ya que estos pilares fundamentan la base general para el surgimiento y consolidación de todo sistema de rendición de cuentas que tenga como fin ser realmente efectivo, para ello se requiere que los pilares se mantengan en equilibrios puramente igualitarios y que trabajen coordinadamente respecto a sus prioridades, ya que cualquier desajuste o imparcialidad dentro de estos ocasionaría un desajuste general.
Lo mencionado anteriormente podría determinarse como el mayor reto que tiene México en relación a su estructura política y gubernamental ya que en primera instancia es visible que necesitamos instituciones públicas abiertas y con disponibilidad, responsabilidad, técnica y legal para proporcionar información de calidad en tiempo y forma; para ello se deben proporcionar mecanismo y publicitar estos al tiempo que permitan al ciudadano interactuar con mayor facilidad y dinamizar el proceso de acceso de información establecido en el artículo sexto de la CPEUM ya que hasta la fecha, la posibilidad de pedir y recibir información aún se encuentra decadente y en ocasiones se trata de deslindar esta responsabilidad y no se proporciona la información correspondiente.
En un segundo paso tenemos que fortalecer la comunicación tanto entre dependencia y entidades del gobierno como con los ciudadanos, ya que para lograr un proceso de rendición de cuentas oportuno tenemos que fortalecer este medio de dialogo en el cual se tienen que justificar las acciones y omisiones ejercidas por “los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales”[4] con la finalidad de obtener un parámetro de coordinación sobre la rendición de cuentas tanto al interior de las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar como con la sociedad en general, de esta forma tendremos una justificación de calidad sobre los recursos públicos, sobre quienes toman las decisiones y sobre las razones por las que se toman tales decisiones, dentro de una interacción mutua entre el que exige cuentas y que tiene la obligación de rendir cuentas.
Dentro del tercer pilar que escenifica el aspecto de la sanción tenemos que un dilema que parece ser el más delicado ya que dentro de este espacio nos encontramos con sanciones del orden administrativo y con sanciones que se determinan bajo la vía penal, en este sentido hay que establecer que este pilar se puede considerar como el más controvertido en el sentido de que realmente se vea un mecanismo que sea capaz de dar resultados razonables y que se oriente hacia el establecimiento de la justicia evitando confusiones que nos lleven a actos de impunidad, lo que generaría desconfianza dentro del sistema de rendición de cuentas y mas general dentro de toda la estructura institucional del gobierno mexicano.
Bajo lo anteriormente establecido es oportuno centrarnos específicamente a la reconfiguración que tiene que instaurar el gobierno mexicano para poder consolidar un ejercicio de la rendición de cuentas. Por un lado debemos prever que la situación actual del gobierno mexicano se encuentra en una crisis de legitimidad propiciado principalmente por los actos de corrupción suscitados dentro del marco institucional de los tres niveles de gobierno, también hay que precisar que el sistema de auditorías o fiscalización se reproduce simultáneamente en toda la federación, en este sentido tenemos, que si hay algo que se deba cambiar o reestructurar se tiene que hacer a la par en todo el país si no los esfuerzos para un gobierno mas transparente no tendrán resultado satisfactorios. Así que tomemos en cuenta el panorama actual en el sentido de crear o modificar, mecanismos e instituciones para perfeccionar la rendición de cuentas.
Es necesario puntualizar que la dinámica de la rendición de cuentas debe ceñirse con esta nueva institución como un eje imprescindible, esta debe ser un organismo público con autonomía técnica de gestión y política además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, además debe ser un intermediario crucial entre la ASF y la PGR. Debe estas sustentada en un marco en donde sus integrantes estén en condiciones de objetar imparcialmente, apegados al Estado de Derecho, y orientadas hacia un ámbito de ética profesional, plenamente facultados para resolver controversial alrededor de castigos o sanciones de carácter administrativo y jurídico, dentro de los tres órdenes de gobierno.
Al ser un órgano tan indispensable en la colaboración que tengan tanto con las resoluciones administrativas y jurídicas, se debe plantear como finalidad, priorizar por casos de corrupción y faltas administrativas catalogadas como graves o de mas controversia, a su vez en el caso de la ASF esta debe tener la facultad en primera instancia de auditar, después de recomendar modificaciones y por ultimo de poner algún tipo de sanción con la participación de las autoridades responsables de las auditorías internas (según sea el caso) bajo el escrutinio y autorización institucional del aparato de rendición de cuentas, en el caso de sanciones del orden penal, estas deberían ser abordadas por la PGR con la colaboración pertinente institucional la cual velara por que las resoluciones finales se mantengan dentro del marco de la legalidad evitando así casos de impunidad.
En esta misma lógica cada uno de los niveles de gobierno velara para su sistema de rendición de cuentas, en donde el aparato administrativo de rendición de cuentas se mantendrá como una autoridad que tenga una permanente coordinación con las auditorías realizadas por la ASF así como las realizadas por los OICs quienes a su vez en coordinación llevaran a cargo la resolución de sanciones de tipo administrativas, en el otro extremo mediante auditorias forenses y en colaboración con la PGR se llevarian a cabo las resoluciones correspondientes al área de castigos jurídicos velando a favor de los derechos humanos, los valores éticos profesionales y la justa impartición de justicia.
Finamente todo este entramado estará bajo la revisión ciudadana ya que “contar con el apoyo del “ciudadano vigía” se convierte en una alternativa muy interesante. Sin caer en la delación absoluta ya que el “ciudadano cómplice” arraiga la ilegalidad.”[5] En este sentido las auditorías sociales son una herramienta que cada vez parece más indispensable dentro del marco social que ahora se nos presenta y por ello hay que poner gran atención en este tema ya que en un futuro no muy lejano estos organismos serán importantes en el sistema de rendición de cuentas de cualquier nación democrática.
Para concluir es importante tomar en cuenta que la rendición de cuentas implica no solo generar mecanismos para la atención de sus tres dimensiones (informar, justificar y sancionar), sino también fortalecer las capacidades institucionales en otras materias, tales como el acceso a la información ,la transparencia, y la contabilidad gubernamental, además del respeto a la legalidad y la adopción de una ética orientada al bien común esto nos demuestra que si bien México ha avanzado en temas tan fundamentales sobre rendición de cuentas aun se falta un camino extenso que recorrer para consolidarse como un país plenamente democrático y con índices de corrupción e impunidad bajos que regresen la confianza a un sistema que hasta ahora no ha podido avanzar significativamente.
Bibliografía
[1] Documento del “Gobierno Federal” PND 2013-2018. Programa para un gobierno cercano y moderno. Pág. 13
[2] Documento del “Senado de la república LXII legislatura” Proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la CPEUM, en materia de combate a la corrupción. Pág. 5
[3] Andreas, Schedler. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuaderno de transparencia núm. 3. IFAI 2008. Pág. 14
[4] Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación. (última reforma publicada DOF 18-06-2010.) Artículo 6º, pág. 3
[5] Reyes Heroles, Federico. Corrupción: de los ángeles a los índices. Cuaderno de transparencia núm. 1. IFAI 2008. Pág. 25
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