domingo, 16 de agosto de 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS y Transparencia en México (Reconfiguración Administrativa)

Rendición de Cuentas en México

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¿Que es Accountability?

El fenómeno desatado a raíz del cambio en el paradigma social, relacionado al involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos y gubernamentales a derivado a su vez a la trasformación del aparato gubernamental impactando en su instrumentos, capacidades, alcances, responsabilidades, y formas de actuar ante este nuevo dilema más abierto entre los gobernantes y los gobernados; bajo este panorama es preciso puntualizar que el caso mexicano no se libra de todas estas modificaciones y como otros gobiernos democráticos alrededor del mundo también quiere incidir de manera importante y significativa dentro del paradigma actual respecto a la configuración de la idea de un gobierno más moderno, cercano, democrático y abierto.

Para ello hay que comprender la idea de un gobierno cercano como aquel “que tiene un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad y que tiene por objetivo atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Buscando como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.”[1]

Para lograr una configuración de tal envergadura dentro del contexto mexicano hay que ser bastante cuidadosos,  ya que el perfil que guarda el estado mexicano históricamente tanto a nivel internacional como local es bastante dudoso, nos encontramos catalogados (según indicadores como el IPC, el barómetro global sobre corrupción y el latino-barómetro etcétera.) como uno de los países con más problemas de corrupción e impunidad, estas evaluaciones nos hacen ver una realidad que no nos beneficia en nada sobre todo en términos de “la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos. Esto genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Ello mina la confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para recaudar impuestos y reclamar la obediencia voluntaria de sus ciudadanos.”[2]

Por ello se debe realizar una reconfiguración del sistema mexicano para producir una eficaz, efectiva y completamente creíble e insoslayable rendición de cuentas en el país. Partiendo de lo anterior y para poder proponer una reconfiguración efectiva para la rendición de cuentas es importante identificar ante que nos estamos enfrentando en la actualidad ya que “el concepto de la rendición de cuentas involucra tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder.”[3] (Mediante controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder).

Ahora bien una vez planteado lo anterior, tenemos que para una rendición de cuentas que realmente contenga resultados óptimos y que nos presente un argumento ampliamente concreto, debemos en primera instancia consolidar los tres pirales fundamentales que nos menciona Andreas Schedler (información, justificación y sanción) ya que estos pilares fundamentan la base general para el surgimiento y consolidación de todo sistema de rendición de cuentas que tenga como fin ser realmente efectivo, para ello se requiere que los pilares se mantengan en equilibrios puramente igualitarios y que trabajen coordinadamente respecto a sus prioridades, ya que cualquier desajuste o imparcialidad dentro de estos ocasionaría un desajuste general.

Lo mencionado anteriormente podría determinarse como el mayor reto que tiene México en relación a su estructura política y gubernamental ya que en primera instancia es visible que necesitamos instituciones públicas abiertas y con disponibilidad, responsabilidad,  técnica y legal para proporcionar información de calidad en tiempo y forma; para ello se deben proporcionar mecanismo y publicitar estos al tiempo que permitan al ciudadano interactuar con mayor facilidad y dinamizar el proceso de acceso de información establecido en el artículo sexto de la CPEUM ya que hasta la fecha, la posibilidad de pedir y recibir información aún se encuentra decadente y en ocasiones se trata de deslindar esta responsabilidad y no se proporciona la información correspondiente.

En un segundo paso tenemos que fortalecer la comunicación tanto entre dependencia y entidades del gobierno como con los ciudadanos, ya que para lograr un proceso de rendición de cuentas oportuno tenemos que fortalecer este medio de dialogo en el cual se tienen que justificar las acciones y omisiones ejercidas por “los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales”[4] con la finalidad de obtener un parámetro de coordinación sobre la rendición de cuentas  tanto al interior de las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar como con la sociedad en general, de esta forma tendremos una justificación de calidad sobre los recursos públicos, sobre quienes toman las decisiones y sobre las razones por las que se toman tales decisiones, dentro de una interacción mutua entre el que exige cuentas y que tiene la obligación de rendir cuentas.

Dentro del tercer pilar que escenifica el aspecto de la sanción tenemos que un dilema que parece ser el más delicado ya que dentro de este espacio nos encontramos con sanciones del orden administrativo y con sanciones que se determinan bajo la vía penal, en este sentido hay que establecer que este pilar se puede considerar como el más controvertido en el sentido de que realmente se vea un mecanismo que sea capaz de dar resultados razonables y que se oriente hacia el establecimiento de la justicia evitando confusiones que nos lleven a actos de impunidad, lo que generaría desconfianza dentro del sistema de rendición de cuentas y mas general dentro de toda la estructura institucional del gobierno mexicano.      

Bajo lo anteriormente establecido es oportuno centrarnos específicamente a la reconfiguración que tiene que instaurar el gobierno mexicano para poder consolidar un ejercicio de la rendición de cuentas. Por un lado debemos prever que la situación actual del gobierno mexicano se encuentra en una crisis de legitimidad propiciado principalmente por los actos de corrupción suscitados dentro del marco institucional  de los tres niveles de gobierno, también hay que precisar que el sistema de auditorías o fiscalización se reproduce simultáneamente en toda la federación, en este sentido tenemos, que si hay algo que se deba cambiar o reestructurar se tiene que hacer a la par en todo el país si no los esfuerzos para un gobierno mas transparente no tendrán resultado satisfactorios. Así que tomemos en cuenta el panorama actual en el sentido de crear o modificar, mecanismos e instituciones  para perfeccionar la rendición de cuentas.

Es necesario puntualizar que la dinámica de la rendición de cuentas debe ceñirse con esta nueva institución como un eje imprescindible, esta debe ser un organismo público con autonomía técnica de gestión y política además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, además debe ser un intermediario crucial entre la ASF y la PGR. Debe estas sustentada en un marco en donde sus integrantes estén en condiciones de objetar imparcialmente, apegados al Estado de Derecho, y orientadas hacia un ámbito de ética profesional, plenamente facultados  para resolver controversial alrededor de castigos o sanciones de carácter administrativo y jurídico, dentro de los tres órdenes de gobierno.

Al ser un órgano tan indispensable en la colaboración que tengan tanto con las resoluciones administrativas y jurídicas, se debe plantear como finalidad, priorizar por casos de corrupción y faltas administrativas catalogadas como graves o de mas controversia, a su vez en el caso de la ASF esta debe tener la facultad en primera instancia de auditar, después de recomendar modificaciones y por ultimo de poner algún tipo de sanción con la participación de las autoridades responsables de las auditorías internas (según sea el caso) bajo el escrutinio y autorización institucional del aparato de rendición de cuentas, en el caso de sanciones del orden penal, estas deberían ser abordadas por la PGR con la colaboración pertinente institucional la cual velara por que las resoluciones finales se mantengan dentro del marco de la legalidad evitando así casos de impunidad. 

En esta misma lógica cada uno de los niveles de gobierno velara para su sistema de rendición de cuentas, en donde el aparato administrativo de rendición de cuentas se mantendrá como una autoridad que tenga una permanente coordinación con las auditorías realizadas por la ASF así como las realizadas por los  OICs quienes a su vez en coordinación llevaran a cargo la resolución de sanciones  de tipo administrativas, en el otro extremo mediante auditorias forenses y en colaboración con la PGR se llevarian a cabo las resoluciones correspondientes al área de castigos jurídicos velando a favor de los derechos humanos, los valores éticos profesionales y la justa impartición de justicia.

Finamente todo este entramado estará bajo la revisión ciudadana ya que contar con el apoyo del “ciudadano vigía” se convierte en una alternativa muy interesante. Sin caer en la delación absoluta ya que el “ciudadano cómplice” arraiga la ilegalidad.”[5] En este sentido las auditorías sociales son una herramienta que cada vez parece más indispensable dentro del marco social que ahora se nos presenta y por ello hay que poner gran atención en este tema ya que en un futuro no muy lejano estos organismos serán importantes en el sistema de rendición de cuentas de cualquier nación democrática.

Para concluir es importante tomar en cuenta que la rendición de cuentas implica no solo generar mecanismos para la atención de sus tres dimensiones (informar, justificar y sancionar), sino también fortalecer las capacidades institucionales en otras materias, tales como el acceso a la información ,la transparencia, y la contabilidad  gubernamental, además del respeto a la legalidad y la adopción de una ética orientada al bien común esto nos demuestra que si bien México ha avanzado en temas tan fundamentales sobre rendición de cuentas aun se falta un camino extenso que recorrer para consolidarse como un país plenamente democrático y con índices de corrupción e impunidad bajos que regresen la confianza a un sistema que hasta ahora no ha podido avanzar significativamente.

Bibliografía

[1] Documento del “Gobierno Federal” PND 2013-2018. Programa para un gobierno cercano y moderno. Pág. 13

[2] Documento del “Senado de la república LXII legislatura” Proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la CPEUM, en materia de combate a la corrupción. Pág. 5 

[3] Andreas,  Schedler.  ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuaderno de transparencia núm. 3. IFAI 2008. Pág. 14

[4] Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación. (última reforma publicada DOF 18-06-2010.) Artículo 6º, pág. 3

[5] Reyes Heroles, Federico.  Corrupción: de los ángeles a los índices. Cuaderno de transparencia núm. 1. IFAI 2008. Pág. 25

jueves, 2 de julio de 2020

Las partes del Accountability (Rendición de Cuentas) Andreas Schedler.

Accountability Y Rendición de Cuentas


La conceptualización de lo que comúnmente se conoce como Rendición de Cuentas en los países hispanos, no ejemplifica concretamente su caracterización original, la cual se deriva de un término anglosajón que se ha conceptualizado como Accountability, un vocablo desprendido de las primeras teorías que se adentraron al análisis y la teoría de la Rendición de Cuentas en el ámbito de las instituciones públicas, bajo este contexto, como bien apuntala Schedler, la traducción exacta de este término aún no existe, por lo que la aproximación más “aceptada” hoy en día sigue siendo Rendición de Cuentas.

Sin embargo, la connotación que brinda Accountability va más allá de una simple Rendición de Cuentas, ya que, conlleva otras partes constitutivas e integrales que lo configuran en un todo, hay que tener en consideración que el simple termino Accountability trae consigo una connotación de deber y exigir cuentas y de castigar las malas prácticas (por derecho y por obligación), a esto Schedler caracteriza a el Accountability como una “rendición que tiene dos dimensiones básicas. Incluye por un lado la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (denominado Answerability). Y, por otro lado, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en casos de que hayan violado sus deberes públicos (el cual se denomina Enforcement)”.[1]

Bajo estas premisas, Schedler establece que el Accountability conlleva un ejercicio real orientado a la Rendición de Cuentas, la cual está constituida por tres principales acciones, las cuales categoriza de acuerdo a la instancia, en primer lugar tenemos a la información, la cual es el producto del ejercicio del gobierno en los procesos de la Administración Pública, la segunda es la justificación, la cual se materializa como el motivo por el cual se determinaron las acciones del gobierno de acuerdo a sus variables de acción en busca del bienestar social y por último el castigo o premio, lo que involucra a una etapa ejecutoria que permita evaluar y determinar si se ejercieron adecuadamente los recursos públicos dependiendo de la situación.

Son precisamente, todas estas características conceptuales, las que hacen que la Rendición de Cuentas se visualice en su integridad como todo un proceso complejo, que tiene un principio y un fin en toda su implementación instrumental y conceptual, que la llevan a tener una interacción directa con otras herramientas para concretar su proceso, así mismo, es de igual importancia la actuación de los servidores públicos, ya que son los miembros que le darán vida a todo el mecanismo institucional que deberá ir de la mano con  la anexión de conceptos valorativos como la responsabilidad, la transparencia y tareas de monitoreo o vigilancia que creen y modelen un contexto que posibilite el ejercicio de la Rendición de Cuentas tal y como lo describe Schedler, y como lo escenifica el verdadero significado de Accountability.


BIBLIOGRAFÍA

[1] Schedler, Andreas, “¿Qué es la rendición de cuentas?”, Cuadernos de transparencia, núm. 3, México, Instituto federal de acceso a la información pública, 2008, p. 12

sábado, 27 de junio de 2020

¿Cuál es la diferencia entre Decisión Política y Política Pública? (José Luis Méndez)

Diferencia entre Decisión Política y Política Pública


El objeto de estudio que enfatiza José Luis Méndez evoca directamente al concepto de Política Pública, la cual parte de una inconsistencia netamente definitoria y exacta, por lo que, se citan varias aproximaciones definitorias sobre el concepto de Política Pública, teniendo múltiples acercamientos conceptuales que tratan de generar una aproximación definitoria generando un conjunto de variables independientes (causas) y de variables dependientes, (efectos) que desembocan en una conceptualización de las políticas públicas como un fenómeno que se articula con distintas características y acciones analíticas que hacen posible su conceptualización.

Teniendo en cuenta la metodología del análisis conceptual que tienen las Políticas Públicas, José Luis Méndez  define bajo su interpretación conceptual a la Política Pública como “la acción del Estado dirigida a cumplir con ciertos objetivos… donde interviene para solucionar un problema.”[1] bajo esta idea se puede entender que el Estado determina, evalúa, diseña y ejecuta estrategias y programas dirigidas a solucionar tales problemas (aun y cuando su intervención no sea tan directa e inclusive en actos de acción que simplemente busquen reducir o realizar ajustes que minimicen la repercusión negativa de los problemas dentro del Estado) a través de la generación de incentivos por medio de sus instituciones.

Lo que respecta a la noción de Decisión Pública esta es abordada a partir de la problemática de las inconsistencias definitorias que también tiene la política pública, de tal forma, que se ve forzada a redirigirse hacia un análisis conceptual de diferenciación entre decisión y política, en donde se establece conceptualmente que la Decisión  Política es aquella en donde “un estado puede tomar la decisión de no actuar y con ello tomar una postura o esperar la consecución de su objetivo por medio de su no actuación”[2]

Habiendo establecido esto, se puede concretar que la Decisión Política también es una ejecución orientada a dar atención a las problemáticas sociales que puede presentar el Estado, pero con la peculiaridad de no generar un esfuerzo de acción directa emanada por las instituciones, si no, que se enfoca en tomar una decisión sin generar insumos o dirigir recursos físicos de acción, por lo tanto es una acción u omisión tomada con una intención de solventar las dificultades, sin generar un gasto de recursos en proyectos y programas destinados a atacar los problemas que estén pasando un Gobierno en cuestión.

Bajo esta definición se puede enunciar que la principal diferenciación que recae entre Política Pública y Decisión Pública es que, una Decisión Pública es una acción específica que no busca desarrollar acciones estratégicas, incentivos y formas para dar solución o generar una postura en relación a una problemática en especifica que pueda ser atendida bajo este mecanismo de acción. En el caso particular de las Políticas Públicas estas tienen una ejecución más trabajada y focalizada, que depende de un proceso más complejo que lleva en su conformación un análisis y evaluación contextual y situacional del problema público que requiera a atención por medio de esta herramienta institucional que genera una acción de gobierno que conlleva el ejercicio de recursos públicos.


BIBLIOGRAFÍA

[1] Méndez, José Luis, “La política pública como variable dependiente”, en Aguilar, Luis F., (COMP.), Política pública, México, Escuela de administración pública del Distrito Federal, 2010, p. 80

[2] Méndez, José Luis, Op. Cit., nota 1, p. 81


sábado, 20 de junio de 2020

EL MODELO BUROCRÁTICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (surgimiento, implementación y decadencia)

Administración Pública y Burocracia

Introducción:

Resulta emocionante redescubrir un gran paradigma que suele tener múltiples interpretaciones y distintos puntos de vista, en un esquema que resulta ser un fenómeno minuciosamente configurado por cientos de caracteres que lo integran, por lo que este análisis es destacable en medida a las condiciones contemporáneas y sobre el rubro del estudio y comprensión del funcionamiento de la Administración Pública. 

Para ello es importante que se entienda su conformación y características, que si bien son distintivas desde cada sistema político, en su estudio es posible construir una forma de aproximación a su estructura y formas de organización. Esta idea integral sobre el estudio de la administración pública, se vislumbra desde sus dimensiones operativas, la cual puede ser entendida a raíz del desarrollo de nuestras sociedades.

En ese sentido, la Administración Pública no es un espacio, ni un objeto, por que si bien se encuentra conformado por individuos y organizaciones, este  puede ponderarse por sus acciones desde los marcos operativos y normativos que lo regulan, haciéndose un fenómeno social complejo cuyas raíces se dimensionan a la par de lo que llamamos Estado moderno. Este instrumento del ejercicio del poder político tiene en su estructura el sujeto de una doble significación: (desde el gobierno y desde la sociedad). Algo que nos demanda a distinguir su funcionamiento, como organización y dentro de sus formas de relación con la sociedad desde su dimensión.

Por lo que lejos de ser un fin que podríamos evaluar en sí mismo; el funcionamiento de la Administración Pública de los Gobiernos se pondera en relación con sus capacidades de respuesta frente a múltiples demandas de distintas organizaciones formales e informales. Esto resulta ser un elemento ajeno a su determinación y forma parte de las transformaciones del entorno político, y de organización social. Así, el estudio contemporáneo de la Administración Pública requiere de un doble esfuerzo para conocer los rudimentos de su funcionamiento y operación, para logar dominar los conocimientos que le dan significado a las acciones que de ellos se desprenden.

Análisis del concepto:

Este fenómeno social y político denominado Administración Pública puede o debe observarse desde una perspectiva que busque trascender su sentido empírico y funcional para tratar de entender los alcances de su acción, de las interpretaciones de sus resultados, de las consideraciones sobre su impacto, de la búsqueda por transformarse y de la dirección de su organización. Por lo que requiere de habilidades y de capacidades de análisis que busquen distinguir a quien sólo ejerce la burocracia, de quien busca comprender su funcionamiento desde su estudio. Esto otorga un sentido a este análisis, como un marco de posibilidades que ofrece múltiples formas interpretativas sobre un mismo objeto, que esta asociada a elementos funcionales, organizacionales, sociales, económicos, y políticos.

El rol actual de la Administración Pública en el ejercicio del Gobierno y el papel que responde desde la perspectiva del poder político en el Estado moderno es algo sumamente importante observándolo como un fenómeno que en sus raíces se encuentran a la par de la organización política de la sociedad, que también lo conducen a formas de organización que lo limitan, dimensionan y transforman, ideándose así, un nuevo reto en su estudio que radicaría en comprender su funcionamiento y ser capaz de entender los motivos y condiciones de su transformación.

La Burocracia como modelo de dominación y forma de organización.

La Burocracia toma un rol importante en el juego estratégico de la Administración Pública, ya que la burocracia se presenta como un punto firme y contundente en la elaboración y construcción de las dimensiones de la Administración Publica; de esta manera la burocracia involucrada en un Estado esta también instaurada en instituciones, organizaciones y poderes políticos, lo que a la par termina ejerciendo un marco institucional, que contiene un poder infraestructural lo que lo lleva a una organización burocratizada que se desempeña en una organización mediante formas de dominación en un dilema dual de gobernantes y gobernados.

Así que en un primer término la Burocracia actúa como una  forma de organización la cual es un referente central para entender la estructura y operación de los sistemas administrativos. Lo que nos lleva a observar dimensiones mas especificas sobre la burocracia, las organizaciones y su ejercicio en el gobierno.  De tal forma que la contemplación de la idea de organización burocrática esta enfocada desde una perspectiva funcional y de sistemas que le permite reconocer directrices básicas de su funcionamiento como las implicaciones administrativas de la toma de decisiones, los límites intrínsecos de su accionar y la importancia de entender la conformación de su estructura (Con antecedentes en administración científica). Estas condiciones formales de operación nos muestran un acercamiento a la dimensión de los problemas y de las distintas formas de respuesta.

Así la Administración Pública, se convierte en el principal punto de contacto entre el Estado y la sociedad que trae consigo consecuencias importantes para el gobierno burocrático, entre las que destacan la aplicación de las leyes por medio de la administración pública, lo que le da una significado directo para los ciudadanos, y el segundo termino impacta en los niveles de interacción cara a cara entre la figura del gobierno y su representación hacia los ciudadanos, de esta forma la burocracia es importante sobre todo en la creación de una imagen de gobierno en la mente popular, lo que permite que “los ciudadanos reporten que la mayoría de sus interacciones con el gobierno son positivas.”1

Por lo que la inclusión de los actores sociales en la prestación de servicios de la burocracia aumenta la capacidad para llegar a focalizar un objetivo. La sociedad centrada en la Administración Pública representa a una burocracia pública con un objetivo potencial para un grupo político. Un panorama sobre la burocracia, seria en donde esta se encuentra presente en toda administración pública del Estado. De esta manera la Administración y el Estado convergen dentro de un instrumento de dominación que es exclusiva de a las clases dominantes, (teoría de la dominación) la cual se dividen según Max Weber en tres tipos que corresponde a la carismática (despersonalizado), la tradicional (descentralizado) y la legal (conocimiento profesional), de esta manera se puede esbozar un análisis especifico dentro del ámbito del tipo ideal de la burocracia de Weber, quien comprende al poder como “la posibilidad de imponer la voluntad de una persona sobre el comportamiento de otras”2, tendiendo a la relación entre el gobernante (quien cree tener derecho) y el gobernado (quien cree tener obligación).

Siguiendo esta misma línea sobre el tipo ideal de la burocracia esta se caracteriza por ser una construcción conceptual realizada a partir de elementos empíricos, que se agrupan lógicamente en una forma precisa y consistente. Donde se tiende a cumplir con ciertas características como lo son: un alto grado de especialización, una estructura jerárquica de autoridad, con áreas de competencia y responsabilidad bien delimitadas, un reclutamiento del personal basado en la capacidad y conocimiento técnico (administración científica estructurada); por lo que la administración burocrática se fundamenta básicamente dentro del ejercicio del control, lo que la hace específicamente racional.

De este modo “no solo la Administración Publica, se ha burocratizado sino que gradualmente también lo han hecho todas las instituciones sociales”3. Esta transición dio paso a que las instituciones fueran cada vez más reguladas por reglas racionales e impersonales dirigidas solo a conseguir una máxima de eficiencia. Por lo que la jerarquía horizontal podría concebirse como uno de los criterios más importantes para medir el grado de burocratización de una organización.

Así este instrumento conceptual contribuye a la mejor comprensión de los fenómenos sociales mediante la observación de la discrepancia entre la forma ideal y su estado real concreto. Por lo tanto el tipo ideal de burocracia contiene elementos empíricos inducidos por ciertas características presentes en organizaciones concretas, que se desprenden de la racionalidad predicada como característica básica del tipo ideal. Por esta razón la burocracia se hace sinónimo de racionalidad, por lo que una organización será racional cuando funcione con los medios más adecuados para la consecución de sus objetivos. Así que la racionalidad funcional se alcanza con la elaboración de un conjunto de normas que encauzan el comportamiento organizacional con el fin de alcanzar el máximo de eficiencia. Por lo que el tipo ideal de Burocracia simplemente fue construido con el fin de facilitar el análisis histórico comparativo de los sistemas administrativos.

Aspectos que explican el agotamiento del modelo burocrático

Partiendo del punto de que la Administración Pública es una explicación del interés colectivo y su legitimidad depende de cierto grado de su capacidad para desempeñar un papel en la consecución de los intereses. Podemos continuar diciendo que de este modo el papel de la administración pública esta bajo un constante ataque en donde los políticos contemporáneos ya desconfían de la participación de los burócratas tendiendo a encontrar nuevas válvulas de escape.  Por consiguiente el único modo de formular críticas válidas al concepto de burocracia de Weber consiste en considerar a éste paradigma  como un tipo ideal y analizarlo a este nivel.

Uno de estos hechos es que una organización que sea racional como lo es la burocracia no implica que sus miembros actúen racionalmente, por que  cuanto más burocrática y racional resulta una organización, más se reducen sus miembros a simples piezas de un mecanismo. Por lo que el concepto de burocracia no parece adecuado para la investigación detallada y empírica de organizaciones concretas ya que esta construcción se deriva y se rige por leyes sobre la Administración Publica y su forma de organización teniendo en concepción al sistema político y al sistema administrativo, en donde la burocracia aparece como el seguimiento para solucionar demandas de la sociedad; bajo estas característica la posibilidad de una burocracia no gubernamental parece imposible las características otorgadas a una burocracia siempre implican el dominio de un orden gubernamental, las cuales ya están preestablecidas con estos parámetros.

Otro aspecto destacado sobre la labor burocrática se concentra en las características que básicamente contienen implícitos en conceptos de gran importancia como la legalidad, la racionalidad, la autoridad, la especialización, la eficiencia y eficacia. De este modo, se hallan presentes en una organización sumamente concreta con muchos obstáculos, que podrían producir fricciones y, como consecuencia, también un cierto grado de ineficiencia, ya que por un lado, “la burocracia ha sido visto como un Leviatán, una institución monolítica sin restricciones de los controles políticos y balances, y que poseen un apetito insaciable por el poder”4 y por otro lado, “la burocracia también es visto como un bufón de la corte, una floja colección de los organismos que carecen de ideas, de coordinación y de sentido común.”5 Igualmente, existe una distinción entre hablar de la burocracia como una entidad dosificada comportada como un monolito con un conjunto unificado de instituciones y de valores tradicionales; por lo que hablar de la burocracia, simplemente es referirse a los organismos administrativos que hacen administración para el ejecutivo político (un hombre detrás de un escritorio).

El papel activo de la Burocracia en el Gobierno se ha hecho de forma constante, y las motivaciones de burócratas no son necesariamente encaminadas por el servicio público y el interés publico. Retomando un poco las ideas de Weber, el enfoque de la política burocrática ha sido bastante grave en particular con su relación respecto a las características del Estado, centradas en los supuestos en un mundo interdependiente, que carecen de una comprensión de la política de la burocracia como un potencial órgano de gobierno. La debilidad de lo político en las instituciones del gobierno y los gobiernos democráticos han aparecido encabezados por la pendiente resbaladiza de la sobrecarga y la crisis. De esa forma los problemas del Gobierno son indicativos de un rechazo más general con una gran organización en la sociedad.

Sin embargo, las deficiencias de la burocracia pueden ser tan grandes como las de las instituciones políticas. La burocracia es comúnmente vista como la falta de dirección dentro de la política. Si los políticos tienen ideas, impide su aplicación, y los funcionarios públicos no lo hacen y no tienen ideas para poner en práctica. En otras palabras el gobierno se paraliza y es ineficaz. Otro punto de relevancia es la falta de liderazgo que supuestamente se asedia tradicional en instituciones de gobierno, en donde los líderes tienen la gestión de los gobiernos, de este modo la burocracia no es capaz de proporcionar la orientación necesaria.

Otras deficiencias se encontraban en la elaboración del presupuesto, que se reflejaban en la insuficiente información para controlar la orientación e impacto en la política de gasto; y la concentración de la negociación presupuestaria en la adquisición de insumos por la falta de relación entre el contenido programático y el ejercicio del gasto, lo cual no permite identificar resultados de programas y la evaluación del cumplimiento de las normas. (No hay una administración conjunta), (“gestión por redes”).

Así que las burocracias y los burócratas están cada vez menos interconectados a través de membresías organizacionales y profesionales. De esta manera su utilización sólo puede acarrear confusión y es por esto que el término de la burocracia con su énfasis extremista, solo es útil para comparaciones históricas, más que para emplear propósitos en términos de la organización. Del mismo modo todas las reglas, dirigidas a impedir cualquier acción arbitraria, imponen un control y disciplina rigurosos, las cuales no dejan mucho campo a la discrecionalidad e iniciativa personales. Por lo que el incremento de la burocracia, va unida a la disminución de la libertad individual. Así el término burocracia lleva en sí una connotación valorativa de ineficiencia. Por lo que la caída de la burocracia, se desencadena en la forma de la elegibilidad y revocación que puede caer en todo funcionario.

Emergencia de modelos post-burocráticos

El patrón que venia siguiendo la burocracia, era evidencia de un fuerte sentimiento y necesidad de fortalecer la legitimidad de las instituciones del sector público dando cabida a los distintos semblantes que va adquiriendo la administración publica en la formación de su caracterización contemporánea. Por lo que las reformas del sector público, modificaron el papel del administrador público como gerente y no como un asesor político, alterando los incentivos de carrera de los altos directivos públicos dando un nuevo giro en la naturaleza de sus cambios. Así la Administración Pública implementa y comunica las decisiones políticas a la sociedad, para que los ciudadanos tengan una entrada más directa en la burocracia pública inmersa en nuevos modelos post-burocraticos.

Dentro del campo de la gestión política, podemos visualizar que esta ligada a procesos de reformas a la administración pública las cuales se iniciaron bajo el discurso de generar un gobierno cada vez más eficiente, efectivo y de calidad orientado hacia el ciudadano-cliente entrando en una fase de intensa recomposición. Bajo un marco metodológico y un diagnóstico claro de un proceso, que se adecuara a la capacidad del Estado y de los gobiernos para un posible mantenimiento mínimo de gobernabilidad, que se generara bajo una propuesta de reforma, por un gobierno modesto pero capaz de enfrentar y dirigir con éxito a los problemas públicos. Así la reforma gerencialista se guía por la dinámica de transformación y de consolidación de capacidades gubernamentales dentro de la Nueva Gerencia Pública. Esta reconfiguración del sector público está orientada a generar gobiernos que sustenten su actuación en términos de resultados y de impactos reales observados, con la finalidad de transformar mecanismos de acción.

Esta convicción por consiguiente esta dirigida a que los gobiernos actúen con base en la obtención de resultados y no sólo en el control de recursos y gastos. Así la transformación del proceso presupuestal, esta orientado al control de los gastos y a la búsqueda sistemática de resultados específicos, por lo que en base al proceso presupuestal y bajo el paradigma de los incentivos y lógicas de comportamiento sobre los agentes públicos puede llevar a que se transformen en gerentes; este es el presupuesto, que obtienen los funcionarios públicos para relacionarse entre sí y con los ciudadanos para el fortalecimiento de un servicio mas directo (ciudadano-cliente).

Otra punto sólido es la definición conceptual, sobre la base legal e institucional, en donde muchas de las limitaciones que se observaban en el sistema burocrático se ven reducidas en este nuevo esquema. De esta forma se dirige a un presupuesto de resultados, con reglas de interacción claras entre los que controlan el gasto, y no sólo asegura que exista una línea clara de secuenciación entre gastos y resultados, sino que además permite definir los mecanismos con los cuales las agencias gubernamentales van adquiriendo autonomía de gestión sin perder congruencia y control sobre el aparato gubernamental en general.

También los presupuestos orientados a resultados llevan a una consecuencia en el incremento de la acción en la autonomía operativa de los agentes y las organizaciones gubernamentales. Por lo que esta autonomía incrementa la posibilidad a que los problemas sociales actúen de manera informada y comprometida en su solución, de esta forma podemos decir que esta transformación implica cambios en el sistema de administración financiera, el empleo de la planeación estratégica, y la implantación en todas las dependencias y entidades de la administración pública de una Nueva Estructura y de un Sistema de Evaluación a través de indicadores.

La mejora en la eficiencia, en los mecanismos de medición y evaluación del desempeño del sector público, transforma a la Administración Pública en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura de servicio integrando un mecanismo guiado por redes. En términos generales la modernización administrativa comprende dos grandes apartados: el primero incluye una reforma legal y normativa y el segundo comprende una reingeniería organizacional para elevar la calidad de los bienes y servicios. Una de las vertientes de esta modernización administrativa es la modificación de los mecanismos para formular y ejercer el gasto, para así evitar la fragmentación del sistema presupuestario desde la planeación hasta la evaluación.

Esta nueva estructura se convierte en un conjunto de categorías y elementos programáticos que buscan dar orden y dirección al gasto público en su clasificación funcional de la acción gubernamental clasificando el gasto en funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales y proyectos. De esta manera, se crear un sistema de planeación, programación y presupuestación ágil, transparente, flexible, asertivo y útil, que permite al sector público elevar el valor, así como transformar el sistema presupuestario para que se convierta en una herramienta orientada a los resultados.

De esta forma los objetivos de la gestión publica son fortalecer un cambio en la gestión gubernamental encaminado a la obtención de resultados y a la satisfacción de los usuarios, así como analizar el desempeño de las dependencias y entidades, sobre el cumplimiento de sus objetivos. De esta forma se otorga elementos de apoyo, para promover la credibilidad del Gobierno, mejorar la asignación de recursos, incorporar nuevas herramientas tecnológicas e identificar programas que requieran estudios para justificar su existencia. (Eliminación del monstruo burocrático) Así, este sistema supone una integración de distintos componentes, como auditorías al sistema, encuestas a la población, incorporación de tecnologías de información, convenios de desempeño y construcción de indicadores. De esta manera, el planeamiento es generar ciertos comportamientos con miras a obtener mayor eficiencia a través de un proceso que podríamos denominar “automatización de las organizaciones públicas”7.

Otra parte fundamental son los valores que se buscan inducir en el comportamiento de los actores gubernamentales dentro de los paramentos de la eficiencia, calidad, innovación, cuidado de los costos y resultados; que a su vez también generan mecanismos legales o institucionales para que los valores se conviertan en comportamientos normales; y al mismo tiempo generar parámetros de las “reglas del juego” para evitar la falta de congruencia o de control mínimo sobre los recursos públicos. De alguna manera es fundamental ver la complejidad de la función en autonomía y de las organizaciones gubernamentales con el fin de que puedan comprometerse a obtener resultados.

De esta manera el marco legal y el marco normativo deben ser implementados e institucionalizados, generando nuevos comportamientos que busquen que los espacios organizativos permitan dos cosas: dirigir a resultados a las agencias gubernamentales y otorgarles nuevos marcos de relación con las agencias controladoras (redes organizativas). A partir de un proceso que busque que los organismos gubernamentales vayan tomando un papel más autónomo, conforme los resultados. Así las reformas a las organizaciones gubernamentales son muy claras en el incremento de la eficiencia que viene ligado a un incremento en la flexibilidad, en el manejo de la organización, abriendo para los funcionarios públicos mayores márgenes de acción e incentivos a la innovación, encontrando cada vez mejores caminos de resolver los problemas públicos o de satisfacer las demandas de la sociedad. Por ello se pone gran énfasis en los resultados y el desempeño de las organizaciones gubernamentales y el planeamiento de sus objetivos, lo que permitirá que la gestión, sea más libre y controlada.

Conclusión:

Las reformas presupuestales dirigidas a resultados requieren de transformar el marco institucional y político en el que se mueven, para construir estrategias de choque que buscan romper las inercias burocráticas. Debido a esto la reforma es un proceso de constante negociación, no sólo de instrumentos, sino también de valores, de la misma manera no hay entonces una seguridad de que por sí mismos los instrumentos y los valores de la reforma se mantengan incuestionables. 

Así que la contradicción entre organismos gubernamentales autónomos y la congruencia valorativa o la rendición de cuentas es una de las principales paradojas de las reformas. Por un lado se requiere de flexibilidad y de manejo innovador y atención particular a los contextos específicos de cada organismo como requisito, para asegurar verdadera eficiencia en el sector público, pero por el otro se requiere cuidar el uso de los recursos públicos, de los objetivos políticos generales del gobierno y del sistema.

Así, tanto la gestión pública como la gobernanza son los dos elementos que nos permiten tocar temas de gran relevancia para el campo de estudio de la Administración Pública, permitiéndonos reflexionar sobre la construcción de lo público organizacional, que a su vez nos conduce a pensar en la ética pública y los valores de la acción política del gobierno, sobre el institucionalismo y así como lo político y lo práctico de la gestión pública como articulador de reformas administrativas; hilado de su importancia pendiente con la democracia como eje toral de la administración frente a la problemática de la burocratización para finalmente señalarnos los acuerdos internacionales sobre la gobernanza que las sociedades contemporáneas buscamos para dirigirnos hacia una forma de gobernarnos en la que sólo se conciba esta acción desde la consideración de la política como acción conjunta de los individuos en sociedad.

Bibliografías: 

1. Peters, Guy y Pierre, John. 2003.”The role of public administration in governing”, en Guy Peters, Handbook of Public Administration . London: Sage.
 
2. Mouzlis, Nicos. 1991. Organización y burocracia: Un análisis de las teorías
Modernas sobre organizaciones sociales. Barcelona: Península.
 
3. Peters, Guy.1981. “The problem of bureaucratic gover nment”, The Jour nal of politics. No 1: Vol. 43; Cambridge University Press.
 
4. Hood, Ch. 1976. Los límites de la administración pública. Primera parte. México: Limusa.
 
5. Lynn, Lawrence E. Jr. 2004. “Reforma a la gestión pública: tendencias y perspectivas”. Teoría administrativa del Estado. Textos Universitarios en Ciencias Sociales. México: Oxford University Press.
 
6. Arellano Gault, David. 2004. “Gestión Pública: Fuentes analíticas, críticas pertinentes y advertencias sobre su uso”, en Omar Guerrero, Gerencia Pública: Una aproximación plural. México: FCPyS/UNAM.
 
7. Arellano Gault, David y Lepore, Walter. 2006. “Publicness y Nueva Gestión Pública: hacia una recuperación de los valores de lo público. Documento de trabajo 178 de la División de Administración Pública. México: CIDE.

 
8. Aguilar Villanueva, Luis. 2009. “El concepto de gobernanza”. Gobernanza y gestión pública. México: FCE.
 
9. Peters, Guy. 2005. “Gobernanza y burocracia pública: ¿Nuevas formas de democracia o nuevas formas de control?”. Revista Foro Internacional. El Colegio de México: Vol. XLV, Núm. 4.
 
10. Guttman, Dan 2004. “De gobierno a gobernanza: la nueva ideología de la rendición de cuentas, sus conflictos, sus defectos y sus características”, en Revista Gestión y Política Pública, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Vol XIII, Número 1, primer semestre de 2004, pp. 5-40


domingo, 14 de junio de 2020

Definiciones de constitución. (Diferentes Autores)

                   Autor

 Definición

1.Carl Schmitt

2.Hermann Heller

3. Hans Kelsen

4. Ermo Quisbert

5.Ferdinand Lasalle

1. La Constitución contiene dos elementos: la protección a la libertad individual frente al Estado, y un elemento político que procede la forma de gobierno. La libertad esta de la distribución, en virtud del poder del Estado que se divide en competencias con la división de poderes; y el principio de organización, de frenos y controles recíprocos.

La libertad individual frente al estado.
 

Regulador de la estructura del estado

Norma que regula.

Norma jurídica positiva

La suma de los factores reales de poder de un país.

2. La Constitución regula la estructura total del Estado, racionaliza el poder e instituye la distribución de funciones estatales. La Constitución se centra en el aspecto organizacional, y en un segundo plano un posible contenido axiológico.

Sistema de competencias con división de poderes.

Racionaliza el poder.

Fuentes del derecho.

Rige la organización y el desarrollo.

Estructura y funcionamiento de un Estado.

3. La Constitución es una norma que regula la creación del Derecho dentro del Estado. La Constitución es la norma que determina cuáles son las fuentes del Derecho, y cuáles son los órganos que las crean y los procedimientos adecuados para que un producto se entienda dentro de la norma.

La situación de conjunto se
denomina constitución.

Distribución de funciones estatales

Órganos y procedimientos de los productos

Establece la autoridad y la forma de ejercicio

Mantiene vigente el sistema jurídico.

4. La Constitución es la norma jurídica positiva fundamental que rige la organización y el desarrollo de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio, los poderes públicos, y garantiza la libertad política y civil del individuo.

El estado es la constitución misma.

Un aspecto organizacional

En el sentido material: son preceptos que regulan la creación
de normas jurídicas y
leyes

Poderes públicos

Estructura ontologica de un pueblo:
Su ser y su modo de ser.

5. La Constitución es la suma de los factores reales de poder de un país. Esos factores son ciertamente relevantes, por ser decisivos para la estructura y funcionamiento de un Estado, así como para mantener vigente el sistema jurídico.

Es un estatus de ordenación social, con controles recíprocos.

 

En el sentido formal: son normas
jurídicas cuya modificación requiere
prescripciones especiales.

Garantiza la libertad política y civil del individuo.

Imperan los factores
reales de poder

Constitución: Un conjunto de normas jurídicas que regula la estructura total del Estado, fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos. También garantiza la libertad política y civil del individuo, y los derechos que un Estado determinado le garantiza a su pueblo.

Autores:

1. Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 139.

2. Heller, Hermann, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 290-293.

3. Hans Kelsen instituto de investigaciones jurídicas – UNAM México - 1982

4. Quisbert, Ermo, ¿Que es una Constitución política del Estado?, La Paz, Bolivia, CED, 2007, pp 3.

5. Lasalle,Ferdinand,¿Qué es una Constitución?,México,Ediciones y Distribuciones Hispánicas,1987, p.47

viernes, 12 de junio de 2020

PARTICIPACIÓN CIUDADANA y Organización Vecinal (Raul Olmedo)

Participación Ciudadana en México

participacion-ciudadana-en-el-ambito-social

Organización Vecinal

“La cultura vecinal es la toma de conciencia de cómo la organización de los vecinos genera poder vecinal para poder hacer lo que ni las instituciones del Estado ni las del mercado pueden hacer.”[1]

Es una realidad, actualmente vivimos en una sociedad en donde distintos paradigmas como lo son los avances tecnológicos, los sistemas económicos, las dinámicas de producción y consumo, los esquemas competitivos del mercado y la interacción de los actores productores y consumidores de bienes y servicios necesarios y artificiales, han reorientado y reconfigurado un nuevo estilo de vida en las sociedades, estos cambios en nuestro entorno han dirigido y colocado la vida en sociedad como un fenómeno que contrario a la convivencia, la participación, la retroalimentación de ideas, y en general a todo tipo de organización ciudadana, sea cada vez más difícil de generarse, debido a que nuestro contexto actual tiende a alejar a los individuos en sociedad obstaculizando la interacción social que permita la creatividad humana en comunidad, impulsando nuevas alternativas y formas de vida más dinámicas.

La Participación Ciudadana y Organización Vecinal plantean un esquema que se articula como una posibilidad de realizar y consolidar organizaciones vecinales o municipales que posibiliten las herramientas de consolidación organizativa, que a su vez, transforme en primera instancia su realidad local y que con su consolidación puedan permear dentro de panoramas mas amplios y generales de las sociedades modernas. 

Las sociedades, en este caso la mexicana, tiene un duro reto de revertir la polarización general de la sociedad, a una dinámica principalmente municipal que acumule experiencias y genere alternativas dentro de un enfoque participativo de las comunidades mediante la organización de estándares que les permitan generar incentivos y nuevas dinámicas de interacción, que los doten de capacidades de actuación para mejorar sus entonos, ya que, sus entornos están generados por las dinámicas de las instituciones públicas (que en muchas ocasiones son contraproductivas) y las instituciones privadas (que actúan por lo general hacia su beneficio y no hacia el bienestar general).

Bajo estas características se encuentras nuestras sociedades actuales, las cuales en muchos casos viven y conviven con este sistema en un ciclo de tolerancia impulsiva que va de la mano con esta dinámica, debido a la inoperancia de afianzar algún tipo de organización que les permita reivindicar un esquema social orientado a estrategias que se ajusten a sus capacidades en busca de una nueva forma de actuar que les posibilite una mejor calidad de vida; en este sentido la posibilidad de impulsar una cultura que rompa los esquemas actuales que fracturan y alejan a las sociedades, deben de surgir desde los sectores más básicos y simples, se debe impulsar un enfoque que se construya con lazos de organización que sean fuertes y que tengan una comunicación muy estrecha y en donde toda la comunidad tenga presencia, en busca de consensos más aprovechables.

En México la presencia e incentivos de replantear este esquema aparecen muy escasamente, y el principal problema es que parece que la cultura ciudadana ahora está enfocada a otros ámbitos que van más de la mano con el aspecto individual, hoy en día las personas no creen en la comunidad y se piensa más en repeler y alejarse de esta dinámica, que en convivir e interinar entre ciudadanos.

Lo anterior es una de las principales razones por las cuales surgen principalmente estas asociaciones y organizaciones vecinales, el principal problema del gobierno mexicano es que está totalmente centralizado a áreas específicas dejando de lado a muchas comunidades, que debido a esta situación se ven totalmente inposibilitadas de generar  un diálogo directo con los gobiernos. 

Por lo tanto, la crisis del Estado recae en la inoperancia de los mecanismos de comunicación e integración por lo cual las demandas primordiales de sectores marginados, se ven concluidas bajo sus propios medios, con la intención de cubrir estas necesidades básicas que las instituciones gubernamentales son incapaces de proporcionar.

Es importante identificar que las organizaciones vecinales son representaciones de poder a un nivel mínimo o mejor entendidas a un nivel local, por lo que los efectos que estas puedan tener solo incuben a un número reducido de participantes, en este sentido para consolidar una organización municipal se requiere un esfuerzo que a su vez involucra a mas actores coordinados en un contexto no solo barrial o rural sino más amplio en torno al ámbito gubernamental y administrativo, “la organización de los vecinos se convierte en una necesidad para suplir la creciente incapacidad del gobierno en el suministro de los servicios públicos y de la seguridad en sus diferentes expresiones. Sin embargo el propio gobierno y sus tres poderes no han creado las condiciones para propiciar la organización vecinal en la medida en que la nación lo requiere”.[2]

La consolidación de estos esquemas de organización vecinal casi siempre surge como una reacción de inconformidad ante un Estado débil con instituciones ineficientes y con gobernadores que no logran cubrir las necesidades, teniendo un gobierno ineficiente e ineficaz, principalmente de las comunidades más marginadas o no urbanizadas como lo son las asociaciones de indígenas o de campesinos, pero lo importante de este esquema es que este surgimiento participativo tiene que involucrarse no solo entre la comunidad, sino también debe interactuar con las autoridades en la medida de las posibilidades y de los mecanismos e incentivos que se generen de acuerdo a sus intenciones y alcances propositivos que se proyecten en una posible organización municipal que posibilite una participación ciudadana más amplia, con más poder y con mejores perspectivas de alcance e impacto.

Ahora en la actualidad ya es más común aceptar que los gobiernos centrales de los países en desarrollo aun y con las mejores intenciones, y en condiciones de relativa estabilidad, no pueden proporcionar todos los servicios necesarios que demandan las sociedades. Las limitaciones financieras, la falta de recursos materiales y humanos, los medios de comunicación coaccionados e inadecuados, entre otras cosas, se opone a la expansión de brindar servicios de calidad. Se reconoce que para que el desarrollo humano sea algo viable, las familias, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, el sector privado, y hasta las propias personas desfavorecidas, deben asumir un papel más activo contribuyendo a generar las posibilidades de formación y desarrollo social.

En el caso mexicano esta situación se acentúa muy visible, los esfuerzos por emprender un esquema tan propositivo como este aún están lejos, pero las acciones puestas en marcha ya han tenido algunos resultados positivos, lo que en algún momento pareciera una utopía ahora se convierte en una posibilidad prometedora entre los pueblos, barrios y comunidades más marginadas y con mayor afectación ante nuestro contexto de crecimiento exacerbado, con instituciones contraproductivas y de una dinámica del mercado enfocada en la producción y el consumo de bienes y servicios ficticios que poco a poco están acabando y afectando todos los recursos naturales.

Ahora más que nunca en México “necesitamos pasar de un municipio administrador a un municipio organizado de la sociedad y promotor del desarrollo integral, que sea capaz de desencadenar procesos de desarrollo endógeno, a partir de las propias fuerzas de la comunidad. Necesitamos con urgencia una revolución de la mentalidad que revalore las fuerzas propias de la sociedad mexicana, que amplié la conciencia del periodo histórico que nos ha tocado vivir y del papel que debemos desempeñar, y que genera la voluntad para hacer lo que tenemos que hacer.”[3]    

Bibliografía

[1] Olmedo, Raúl. Participación Ciudadana y Organización Vecinal. México. Edit. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2007. Pág. 13

[2] Olmedo, Raúl. Op. Cit.  Pág. 26

[3] Ibídem. Pág. 222