miércoles, 28 de octubre de 2020

Los Derechos Humanos y su Surgimiento Historico

Remembranza histórica de los derechos humanos


Autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, incluso Beccaria en el terreno penal, nos ofrecen abundantes argumentos en defensa de la dignidad  humana frente  a  la  lógica  del Estado  absolutista  que  se  había venido construyendo desde la Edad Media. Cuándo  tales  autores  escriben  sus  muy  importantes obras, eran escasas o muy débiles las normas jurídicas que preveían derechos humanos. Su discurso podía tener un fundamento teórico de orden racional o en algunos casos religioso, pero no jurídico.

Al respecto a esto, está claro que hay que tener en cuenta tres documentos, que se encuentran entre los más importantes de la historia del derecho en general y de la historia de los derechos en particular: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), la Constitución de los Estados Unidos y sus primeras  enmiendas (1787-1791)9  y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (conocida como Declaración Francesa, de 1789).

Estos documentos en líneas generales son los que trazan los principios del Estado constitucional, que surge precisamente como respuesta a los excesos del Estado absolutista y tiene dos propósitos básicos, dividir al poder y por otra parte el de proteger los derechos humanos de todas las personas. Con el tiempo, a las libertades clásicas (libertad de expresión, de prensa, de reunión, de seguridad jurídica) obligan a las autoridades a crear tribunales y procedimientos necesarios para su amparo en la vida en sociedad.

A mediados del siglo XIX se comienzan a extender los derechos de participación política, se defendia la idea del sufragio universal,  que  en  ese  entonces  era  desconocido  en  casi  todos  lados (solamente podían votar las personas que tuvieran determinado color de piel, que fueran varones, que tuvieran la propiedad de tierras, que supieran leer y escribir, que tuvieran determinados ahorros, etcétera).

A finales del siglo XIX, surgen mandatos constitucionales para que los poderes públicos asegurasen los llamados derechos sociales: derecho al trabajo,  a  la  tierra,  a  la  vivienda,  a  la  educación,  a  la  salud etcétera. Hay que considerar que no son pocos los avances que se han logrado y recordar siempre que debemos poner todo nuestro empeño en alcanzar lo que todavía nos falta en la actualidad ya que la sociedad sigue siendo un ente de constantes cambios, que se retro alimenta así misma generando la necesidad de una renovación de derechos.

Bajo está tesitura ahora más que nunca resulta conveniente recuperar lo que bien reclama Norberto Bobbio en consideración al rumbo en el que se dirigen los avances, para congeniar la organización de las sociedades del futuro: “Respecto a las grandes aspiraciones del hombre ya vamos con excesivo retraso. Procuremos no incrementarlo con nuestra desconfianza, con nuestra indolencia, con nuestro escepticismo. No tenemos tiempo que perder”.

Bibliografía

Carbonell Miguel, Derechos fundamentales y democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática, INE, México, 2016. Pág 19-23


jueves, 22 de octubre de 2020

¿Cómo Gobernar las Zonas Urbanas en México?

Gobierno en Zonas Urbanas

Gobierno-de-méxico

Gobierno Urbano

Si en este momento alguien nos pidiera que reflexionáramos sobre un asunto de interés público que generalizara una problemática indispensable de atender y de dar seguimiento dentro de la dinámica gubernamental, en un primer momento la reflexión versarías sobre problemáticas aisladas como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la inseguridad, el desempleo, la contaminación, los malos servicios públicos (salud, educación, vivienda, agua, carreteras, transporte, luz, etc.), pero es precisamente en este sentido cuando la reflexión toma un camino más concreto ya que, la mayoría de estos problemas públicos tiende a concentrarce más a las zonas con una alta densidad poblacional y “desarrollo”, son las que tienen más posibilidad de brindar estos servicios; en este caso las zonas urbanas son el área en el que son más grandes los conflictos.

En México la problemática que encierra a estas zonas viene influida desde su concepción, ya que estas zonas crean una múltiple de desviaciones e interpretaciones, que con la dinámica gubernamental se vuelven un poco mas difíciles de interpretar; es necesario precisar que el conflicto dentro de las zonas urbanas viene a la par del crecimiento desmesurado que tienen estas dentro del país año con año, a si mismo tenemos que los gobiernos urbanos se enfrentan a una tarea difícil de concretar, ya que por un lado tenemos que sostienen un aparato institucional que se introduce en un paradigma que se torna en dos direcciones, por un lado tenemos que, el aparato gubernamental reacciona a una lógica funcionalista interna y otra que se estructura bajo la lógica de las demandas tanto de los ciudadanos como de otro tipo de actores organizados.

En este sentido el objetivo de este ensayo se centra principalmente en enfatizar la problemática gubernamental dentro de las zonas urbanas del país, y las principales dificultades que enfrentan estos gobiernos en la carrera por reaccionar ante un panorama lleno de ineficiencias que merecen ser atendidas bajo un discurso diferente, así mismo se realizara un análisis bajo un esquema general que presenta a los actores cruciales dentro de la dinámica urbana de estas ciudades, que deben quedan introducidas en un mismo discurso que proponga las bases de una nueva coordinación entre estas, que son reconocidas bajo los parámetros del gobierno (sector publico), la sociedad civil los ciudadanos y ONGs) y el sector empresarial (sector privado); con la única intención de colaborar a responder a esta gran incógnita que tienen nuestras ciudades sobre ¿Cómo gobernar las zonas urbanas en México?

En las últimas décadas México dejó de ser un país rural, para dar paso a un eminentemente cambio urbano, en donde la oferta de empleo, servicios públicos y vida en comunidad se hacen más complejos, lo que resulta ser un reto más elaborado para los gobiernos adentrándonos a una dinámica que merece una mayor atención al momento de ser analizada. En un primer momento tenemos que estas ciudades son más complejas no solo por la cantidad de situaciones y fenómenos que estas llevan consigo, sino también por la población y las capacidades y acciones que los actores involucrados pueden desarrollar.

En este sentido la gobernanza es diseñada como una gobernanza urbana que construye liderazgos sociales a favor de la participación social en la toma de decisiones, y que oriente a resultados encaminados a la mejora y al bienestar general de las zonas urbanas de nuestro país. Bajo este planteamiento tenemos que para gobernar a nuestras zonas urbanas en la actualidad debemos, en primera instancia modernizar a nuestros gobiernos dentro de una dinámica que se oriente principalmente en dos términos muy específicos; por un lado generando cambios significativos en los estamentos legales y normativos, esto a su vez permitirá generar los mecanismos institucionales que materialicen un equilibrio entre la gestión urbana y la burocracia local que dé como resultado la colaboración urbana y ciudadana en estas zonas.

Del mismo modo en un primer instante se podría argumentar que estas ciudades urbanas deberían responder a una lógica de mejoramiento, eficacia, y calidad respecto a la dinámica ciudadana al estar mejor ubicadas respecto a las zonas rurales, pero parece ser que esta suposición tiende a desvanecerse en el sentido de que la situación actual en la mayoría de las zonas urbanas no se ciñe bajo un panorama de mejoramiento en la calidad de vida y mejores servicios, y esto en gran medida está identificado claramente por los débiles mecanismos legales en los temas de planeación y desarrollo urbano, y por otro lado tenemos que hay muy pocos acuerdos sociales o políticos para gobernar integradamente estos territorios

En este sentido es por el cual los gobiernos principalmente de las ciudades urbanas tienen que revitalizar su imagen contextualizándose bajo nuevos estándares que permitan dinamizar una nueva realidad con nuevos instrumentos y nuevas dinámicas organizacionales configurándose como gobiernos “que tienen por objetivo conseguir resultados y que tienen como misión racionalizar la complejidad organizada de la sociedad y responder a valores públicos, necesidades políticas y reclamos sociales. Por lo que su gestión requiere ser creativa, productiva y transformadora”[1] todo esto dentro de un esquema orientado específicamente a las posibilidades y deficiencias que tienen cada una de las zonas urbanas en México.

En estos términos nos encontramos bajo un paradigma que nos guía hacia un proceso de transformación que requiere un cambio de fondo y no un cambio meramente superficial en donde el actuar gubernamental debe adoptar una acción que se adentre a una estructura en donde las interpretaciones e interacciones se abren como un campo a la participación de múltiples actores, tanto en el gobierno, (federal, estatal y municipal) en la sociedad civil, (organizaciones no gubernamentales) el sector empresarial entre otros  actores que se vean envueltos en el proceso de organización gubernamental para las ciudades urbanas en México. Este esquema nos conduce a un dimensionamiento que se encuentra en constante retroalimentación.

Por lo tanto, la problemática gubernamental que atañe a las zonas urbanas deviene de un problema de planeación y organización en la actuación y articulación del gobierno en todos sus ámbitos, sobre todo en el esquema dentro de concepción, coordinación, e innovación de estas grandes urbes, esto derivo a que “los rendimientos de la acción del gobierno se vieran rezagados frente a los cambios sociales y políticos que impactan en un deterioro en los indicadores del bienestar social e individual; cuando los ciudadanos no son tomados en cuenta en términos de corresponsabilidad y cuando el Estado carece de respuestas oportunas para enfrentar lo imprevisto y las contingencias”.[2] Precisamente esta es la situación por la que las grandes zonas urbanas han tenido una gran dificultad para conciliar un gobierno estable y con buenos resultados.

Por ello para poder gobernar las zonas urbanas debemos de tener en cuenta muchos conceptos y dimensionar de manera adecuada el paradigma que permea a estas zonas, en este sentido tenemos que reestructurar la forma de gobierno y orientar las actividades hacia un enfoque gubernamental “más participativo y sensible a la sociedad, que obligue a crear estructuras más horizontales, flexibles y con papeles cambiantes que permitan movilidad ante nuevas demandas y procesos de transformación de las sociedades con las que interactúan.”[3]  Lo cual resulta crucial en todo momento en las zonas más urbanizadas de nuestro país, ya que la comunicación entre el gobierno y la sociedad se está haciendo más notoria dentro del paradigma actual de los gobiernos.

Bajo esta argumentación es claro que se necesita un enfoque gubernamental orientado a la gobernanza en donde el panorama urbano tienda a generar “mayor capacidad de decisión e influencia de los organismos no gubernamentales (empresas económicas, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento autónomos) en el procesamiento de los asuntos públicos, en la definición de la orientación e instrumental de las políticas públicas y los servicios públicos.”[4] En este sentido tenemos que el gobierno debe fundamentarse bajo el pilar de la democracia, orientado hacia la eficacia de los resultados y a la articulación, dirección y coordinación gubernamental, teniendo como base las capacidades gerenciales, determinadas por una planeación estratégica y de calidad de gobierno especializada, dentro del componente institucional dotado de mecanismos de participación ciudadana.

Por otro lado, se comprende una reingeniería organizacional de los gobiernos federales, estatales y municipales para construir una red de responsabilidad y una coordinación de acciones y toma de decisiones, en beneficio de modificar y elevar la calidad de los bienes y servicios en las zonas urbanas. Bajo esta idea podemos enfatizar que los gobiernos urbanos requieren “desenvolverse en realidades multifacéticas, lo cual significa que los problemas, los actores y los intereses, no se explican por sí mismos, sino con relación a elementos activos e interdependientes que tienen importancia central en las decisiones y acciones del gobierno”.[5] Bajo esta idea nos encontramos que esta estructura urbana se convierte en un conjunto de categorías y elementos programáticos que buscan dar orden y dirección a la acción gubernamental estableciendo funciones, sub-funciones, programas, actividades y proyectos.

Tomando en cuenta lo anterior podemos acentuar que esto a su vez orienta a que se realicen sistemas de planeación, programación y presupuestación mas agiles, trasparentes, flexibles, asertivos y útiles que se convierten en una herramienta orientada a los resultados óptimos dentro de las ciudades urbanas. En este sentido se debe reconocer que esta reformulación debe estar entendida como un proceso único y especifico de las zonas urbanas ya que, no solo se cambia la estructura y las forma de actuar del gobierno de acuerdo a sus características, prioridades y capacidades, sino también la forma de pensar y de concebir a los gobiernos urbanos.

Bajo esta lógica hay que puntualizar que para gobernar y conseguir una dinámica con buenos resultados en las zonas urbanas del país, debemos conceptualizar que ahora los gobiernos de las zonas urbanas “no tienen punto de reposo, son organizaciones en movimiento adoptan decisiones, movilizan recursos, coordinan esfuerzos, implementan programas, evalúan políticas y cumplen con metas de interés público.”[6] De este modo se podrá consolidar una zona urbana más competitiva que sepa cooperar e idealizar un mejor accionar mediante sus necesidades, realizando actividades que le permitan diseñar una planeación que este sustentada bajo una lógica colaborativa que sea adoptada por todos los gobiernos de nuestras zonas urbanas.

Es una realidad que el problema que aqueja a las zonas urbanas en México en la actualidad es un tema crucial para determinar el crecimiento y desarrollo de nuestro país, por la densidad poblacional y la actividad económica entro otros factores; pero si tomamos en cuenta que estas zonas en teoría son espacios en los cuales se brindan “mejores” servicios públicos que en otras zonas no urbanizadas; la realidad nos confronta con un dilema completamente diferente en el cual las situación es completamente diferente. En primer lugar tenemos que estas zonas urbanas son un espacio de concentración poblacional gracias a sus posibilidades de desarrollo (social, económico, educativo, laboral, habitacional, etc.)

Por esta razón se tiene un fenómeno de migración a estas zonas que ocasiona que las demandas ciudadanas y de otros sectores tengan un impacto cada vez más extenuante; por otro lado tenemos que si bien estas zonas tienen la capacidad de brindar más servicios, nos encontramos con que estos servicios son en algunos casos inexistentes, ineficaces, ineficientes, insatisfactorios y de poca o nula calidad lo que ocasiona un déficit gubernamental que permea en toda la zona haciendo que este espacio se obstaculice generando múltiples problemáticas.        

Por lo tanto debemos de tomar conciencia sobre lo que representan estos espacios en la dinámica del país ya que podemos presenciar un crecimiento bastante considerable en las zonas urbanas, que en un futuro no muy lejano tendrán un sin número de dificultades perores de las que vivimos en la actualidad; por ello es necesario replantearnos que son las zonas urbanas y como gobernarlas, con el fin de replantearnos que es lo que tenemos que realizar o modificar para poder actuar con la intención de contrarrestar estas dificultades, pero no hablamos de una solución precipitada sino de una acción gubernamental que este dotada de un racionamiento contextual y focalizado al ámbito urbano, el cual se caracteriza por estar conformado por una diversidad de actores que reclaman ser tomados en cuenta y que son necesarios para que el engranaje urbano pueda desarrollarse.

Por ello es necesario y urgente contar con un proyecto de desarrollo urbano, que contenga sus metas, proyectos, estrategias y alternativas de gobierno de corto, mediano y largo alcance, que no se vean interrumpidas por las administraciones o gobiernos, y que a su vez se plantee como eje rector el bienestar y calidad de vida de la población y de los servicios. En esta perspectiva es necesario contar con políticas públicas amigables al alcance de todos los ciudadanos, y que fomenten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, para hacer de cualquier ciudad una zona urbana sustentable en todos los ámbitos.

A si mismo esto debe estar instituido bajo preceptos derivados con la democracia como eje toral de la administración frente a la problemática de la burocratización, en donde las sociedades urbanas actuales busque dirigirse hacia una forma de gobierno que conciba a la acción desde la consideración de la política como una acción conjunta de los individuos en sociedad en busca de una mejor calidad en el gobierno teniendo en cuenta que en este contexto de las zonas urbanas en México “los Estados se redimensionan y reforman; los gobiernos se rediseñan; las administraciones públicas se acotan y las sociedades comienzan a organizarse y a formar grupos emprendedores.”[7] Todo este proceso con el único objetivo de tratar de implementar un mejor gobierno para nuestras zonas urbanas.


Bibliografía

[1] Uvalle Berrones, Ricardo. Las transformaciones del estado y la administración publica contemporánea. México. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Facultad de ciencias políticas y administración pública del estado de México. 1997. Pág. 62

[2] Uvalle  Berrones, Ricardo. Los nuevos derroteros de la vida estatal. Ed. Instituto de administración publica del estado de México. Pág. 107

[3] Cabrero Mendoza, Enrique. Del administrador al gerente público. México. Ed. INAP. 1997. Pág. 69

[4] Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y Gestión Pública, México, Fondo de Cultura Económica. 2008. Pág. 38

[5] Uvalle Berrones, Ricardo. Óp. Cit. Pág. 38

[6] Ibíd. pág. 39

[7] Bozeman, Barry. Todas las organizaciones son públicas. Teniendo un puente entre las teorías corporativas privadas y públicas. México. Ed. F.C.E. 1998. Pág. 58


jueves, 15 de octubre de 2020

ORGANIZACIÓN Y POBREZA los grandes desafíos (Para comprender a México) Raúl Olmedo

Organización y Pobreza

pobreza-en-México

Pobreza y Desigualdad

“El combate a la pobreza a través de la implantación de medios de producción destinados a los pobres no es sólo una estrategia para dotar a los pobres de cañas de pescar, sino para otorgarles también una nueva racionalidad que les permita deslindar su responsabilidad como entes productores, como entes intercambiadores y como entes consumidores.”[1]

Es de trascendencia puntualizar y contextualizar nuestra realidad, tener en cuenta en que situación nos encontramos y hacia qué dirección nos dirigimos socialmente, para ello es importante tomar en cuenta no solo nuestro presente, sino que también es necesario avistar hacia nuestro pasado y reflexionar sobre ¿Qué fue lo que hicimos? y ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? para encontrarnos en tales circunstancias; en el plano contextual mexicano los temas sociales son bastante controvertidos ya que nos adentramos con un fenómeno polarizado, en el sentido de que, la sociedad mexicana en los ámbitos sociales, políticos y económicos se ha encontrado históricamente fragmentada.

Los distintos sectores sociales en México han evolucionado bajo los estándares del capitalismo, por lo que la brecha de las clases sociales se ha vuelto muy amplia, a tal punto de que hoy nos enfrentamos a un paradigma en donde las diferencias económicas tanto en capacidad adquisitiva como competitiva se han vuelto extremadamente desiguales, dejando a un número inmensamente reducido  de personas, como los verdaderos concentradores de la riqueza y aun gran número de persona sufriendo en el lado opuesto, teniendo que vivir o tratando de sobrevivir en la pobreza.

En México la pobreza ha sido un tema que siempre ha estado presente y que ha sido tratado desde distintos enfoques para su “erradicación” dentro de la sociedad pero lo que realmente sucede es que, por un lado tenemos que los “esfuerzos” realizados por el gobierno mexicano no han tenido un verdadero impacto en la reducción de la brecha económica y social entre la élite altamente beneficiada por este esquema y el resto de la población que se ve afectada directamente en sus formas de vida.

En muchas ocasiones o en su gran mayoría las decisiones u omisiones por parte del Gobierno son tomadas bajo la tónica de la contraproductividad, esto significa que las políticas, programas y acciones que se desempeñan a favor del desarrollo social son emitidas para conservar el estatus social entre la población en pobreza, lo que eventualmente genera que la brecha de la desigualdad se acentúe mas y por lo tanto aumenta la población pobre y con pocas capacidades y oportunidades para desarrollarse en sociedad.

Dentro de este panorama, por parte del Estado, hoy no se pueden esperar grandes cambios dentro del paradigma económico capitalista el cual se va explotar hasta el punto que ya no sea redituable para los grandes capitalistas, por ello, debemos enfocarnos en otros aspectos que nos permitan cambiar nuestra realidad respecto a las carencias y faltas de oportunidad con las que convive la mayor parte de la sociedad en nuestros días.

En un primer plano se nos presentan las problemáticas que nos afectan a todos como sociedad en conjunto, por un lado, tenemos una nula organización de la sociedad y por otro tenemos a los altos índices de pobreza. En este sentido es crucial tener en mente la hipótesis de que “la pobreza desorganiza a la sociedad y no le permite realizar y aprovechar la energía y el talento de los pobres”[2]; en este sentido la sociedad mexicana se ejemplifica como un sistema que tiene una organización hipercentralizada e inadecuada, bajo está dinámica la que la pobreza se retroalimenta y se convierte en un obstáculo para el desarrollo de México. Por lo tanto la organización política y económica de la sociedad está excesivamente centralizada y ello es fuente de innumerables problemas.

Aunado a este esquema, se tiene que los programas gubernamentales contra la pobreza han sido ineficientes ya que solo actúan como programas asistencialistas por lo que han resultado contraproducentes porque conducen a la reproducción permanente de la pobreza, la cual se extiende y empeora en situaciones de crisis económica a la mayor parte de la población.

Esos programas y políticas gubernamentales no se enfocan en reactivar la fuerza creadora y el talento de los pobres con fines productivos, sino que se limitan a distribuir subsidios a fondo perdido, destinados al consumo, no hay una finalidad que incentive la actividad creadora y el talento de los pobres para que produzcan riqueza y bienestar en la localidad en la que habitan; los programas gubernamentales son simples medidas orientadas a amortiguar momentáneamente la desigualdad económica de las principales zonas marginadas del país y por lo tanto, estos programas no aportan nada.

El verdadero impulso debería originarse desde un enfoque más real y cercano a las personas que viven en situaciones de pobreza, en este sentido se debe aspirar a un desarrollo local (municipal y comunitario), lo que establecería un enfoque más regular y con mas coherencia a las necesidades de las zonas más desprotegidas socialmente, esto, a su vez, llevaría a impulsar procesos de descentralización, de regeneración ecológica, de reducción del consumo de energías fósiles que calientan el planeta, entre otros aspectos que se aportarían a la vida en sociedad y a la formación de un nuevo enfoque de ver y combatir a la pobreza.

Los nuevos modelos de reducción de la pobreza no deben ser una actividad proveniente del Gobierno sino de la sociedad, ya no se debe prescindir de las ayudas y subsidios gubernamentales, que es la configuración del sistema tradicional. La economía solidaria, los sistemas de intercambio local, los clubes de trueque, la producción de medios de producción al alcance de los pobres, el microcrédito, son modalidades que se presentan como variables alternativas que realmente generan un sentido de reconfiguración en el paradigma de los sectores marginados y pobres de la sociedad, concentrándose en mecanismos de activación de la energía creadora de los pobres.

En este esquema la organización de la colectividad debe ser la punta de lanza para genera y hacer lo que de manera individual sería imposible. En este sentido “La organización es la generadora originaria del poder social.”[3] El principio de organización es imprescindible para lograr las finalidades que una colectividad se propone. Por ello, las estrategias y modalidades alternativas para superar la pobreza implican la organización relativamente autónoma de la colectividad lo que fomenta la participación y el impulso de nuevas ideas y nuevas formas de convivencia.

Si bien estas alternativas son favorables para el tipo de vida de las clases marginadas también se tiene en cuenta que estas estrategias todavía tienen un alcance limitado en virtud de la dominación hegemónica del sistema financiero y económico internacional, sin embargo la implementación y la continuidad de este tipo de acciones potencian las virtudes de las principales zonas de la desigualdad y perfilan vías para la transformación de la economía mundial, que en la actualidad se encuentra en un proceso de decadencia que esta causando más daño que bien a la humanidad y al planeta, lo que a la larga no termina por beneficiar a nadie.

La factibilidad de estas alternativas se centra principalmente en que se desarrollan fuera del margen de la dominación financiera nacional e internacional y tienden a crear sus propias monedas locales y autónomas, independientes de la moneda oficial nacional e internacional. Este esquema se sustenta bajo el supuesto de que el trabajo vivo (la fuerza y creatividad del hombre) domine y subordine al trabajo muerto (infraestructura y maquinaria) esto permitiría la competencia y la incorporación de nuevas dinámicas productoras que beneficien a todos en un modelo más igualitario.

La reflexión se exterioriza en distintas direcciones dentro de nuestro contexto actual, en donde se localiza a la organización como la fuente originaria del poder social, con la cual es posible no sólo superar la pobreza sino resolver una multiplicidad de problemas en las colectividades sociales, tanto pobres como no pobres, lo que posibilita un marco de acción más completo y con mayores oportunidades.

Es pertinente reconocer estas alternativas, ya que, hay que tener en cuenta que las políticas gubernamentales para resolver los grandes problemas de la sociedad, particularmente la pobreza han fracasado, y ante la evidencia de la declinación acelerada del sistema económico mundial, la idea de la organización de la colectividad como generadora originaria del poder para resolver esos grandes problemas resulta ser una innovación con grandes promesas hacia un futuro.

Bibliografía

[1] Olmedo, Raúl. Para comprender a México III.  Organización y pobreza los grandes desafíos. México, Edit. UNAM, 2011. pág. 33.

[2] Olmedo, Raúl. Op Cit. Pág. 11

[3] Ibídem. Pág. 13

sábado, 10 de octubre de 2020

¿QUÉ ES LA Democracia? Derechos Fundamentales y Democracia (Miguel Carbonell)

Elementos de las Democracias Modernas

La democracia en su misma conceptualidad denota en su entendimiento a otros conceptos que la complementan en un todo por ejemplo los partidos políticos, las campañas electorales, la publicidad de candidatos, la jornada electoral, el conteo de votos y el trabajo de los diputados y senadores. 

Hoy en día no se puede conceptualidad a una democracia, sí la existencia de partidos políticos está prohibida, si los candidatos no pueden hacer campañas electorales en las cuales se expresen con amplitud y libremente sobre todos los temas que afectan a la sociedad, si no se  permite  que  los  ciudadanos  voten  o  si  sus  votos  no  son  contados correctamente, si los representantes populares no pueden reunirse para discutir y aprobar las reformas que necesita un país.

Los regímenes democráticos contemporáneos suelen caracterizarse como “democracias constitucionales”.  Se tratan de  una  forma  de  organización  política  que  intenta  ser  democrática  y  que para lograrlo se dota de un texto jurídico que tiene la máxima jerarquía  normativa, llamado Constitución. Las constituciones desde su surgimiento han tenido dos tipos de contenidos: han establecido los derechos de las personas o de los ciudadanos y han organizado lo que se conoce como la división de poderes.

Principalmente las constituciones establecen: a)  cómo se debe competir por alcanzar los puestos de representación popular (las condiciones de la contienda electoral), y b)  la forma en que se deben ejercer tales puestos y las facultades de  sus  titulares  (el  proceso  legislativo,  la  dirección  de  la  política exterior, los nombramientos de los principales funcionarios del Estado, etc.

Esto desencadena una dimensión formal entre a) quién gobierna, y b)  cómo gobierna. En ese nivel llamado formal se establecen las cuestiones que determinan si un país tiene un régimen parlamentario o uno presidencial, si los legisladores son electos por tres o por seis años, si el presidente puede o no reelegirse, el tiempo  de duración  de las campañas electorales, los requisitos para formar nuevos partidos políticos, etcétera.

Por otra parte, el establecimiento a nivel constitucional de los derechos humanos añade una dimensión ya no formal, sino “sustancial” al régimen democrático, dado que nos indica lo que no pueden hacer los gobernantes y lo que no pueden dejar de hacer. Si la Constitución establece que toda persona  tiene  libertad  de  expresión,  eso  significa  que  ninguna  autoridad puede imponer la censura respecto de lo que quiera decir o escribir alguien.

Si la Constitución señala que tenemos derecho a la educación, eso significa que las autoridades no pueden dejar de hacer ciertas cosas; no pueden dejar de prever un presupuesto para el sistema educativo, no pueden dejar de construir la infraestructura necesaria para que se puedan tomar clases, no pueden dejar de contratar maestros, de equipar las aulas y laboratorios, de diseñar  los planes de  estudios,  de establecer  los requisitos  para el acreditamiento de los niveles académicos, de expedir los títulos que correspondan a la obtención de cada grado académico, etcétera.

Todos esos derechos, establecidos constitucionalmente, implican tareas a cargo del Estado; si los poderes públicos no las cumplen, estarían violando la Constitución. La dimensión sustancial de la democracia, se refiere al contenido del régimen democrático: lo que la democracia puede concretamente hacer para mejorar la vida de los seres humanos. Por eso es que los derechos humanos son la mejor forma de expresión de todos los valores que caracterizan a un sistema político democrático.

Al establecer en la Constitución una lista de derechos fundamentales, lo que en realidad estamos haciendo es “juridificar” la democracia: darle forma jurídica y otorgarle de esa manera sustancia y contenido. En este sentido, el constitucionalismo juridifica la democracia y le da forma expresa a través de la normatividad jurídica. La democracia, por su parte, es el régimen que hace posible que se materialicen en la práctica los valores de libertad, igualdad y seguridad jurídica que conforman la columna vertebral del constitucionalismo.

La  democracia  constitucional  es  un  régimen  de  gobierno  que mezcla principios formales y sustanciales: por un lado las normas formales relativas a quién y cómo gobierna; y por otra parte las normas  sustanciales  que  nos  indican  lo  que  puede  ser  realizado  por  las autoridades y lo que no puede dejar de ser llevado a cabo. 

La democracia de nuestros días asegura los iguales derechos de todas las personas y convierte en realidad el principio de la soberanía, el cual pasa de ser entendido como cualidad del Estado o de la nación,  al ser una expresión de los derechos fundamentales de todas las personas. El individuo es por tanto el verdadero soberano, como titular de los derechos de libertad, de igualdad y sociales que le permiten desarrollar una vida dotada de sentidos y significados elegidos por él mismo y por nadie más.

Los derechos fundamentales son “fragmentos de soberanía” que nos convierten a todas y cada una de las personas en seres autónomos, capaces de tomar las decisiones más importantes de nuestras vidas, tanto en la esfera privada como en la pública.

Bibliografía

Carbonell Miguel, Derechos fundamentales y democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática, INE, México, 2016. Pág 11-17