Los Deberes del Estado para la Protección de los Derechos Humanos
El artículo 1 constitucional en México señala que las autoridades tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, se deben difundir los derechos y su contenido, de forma que tanto autoridades como particulares conozcan lo que señalan la Constitución y los tratados internacionales.
Por otra parte, hay que capacitar a los agentes de la autoridad de forma que puedan llevar a cabo las tareas que les encomienda la ley respetando los derechos humanos. Otra forma de prevención reside en la creación o en mejoramiento de los mecanismos internos de supervisión y seguimiento en los propios órganos públicos.
A su vez, el acceso a la información permite que los particulares detecten áreas de riesgo para los derechos humanos, que den a conocer informes oficiales sobre los procedimientos de responsabilidad, que se conozcan documentos públicos de interés general, etcétera. Todo ello puede contribuir a la prevención de las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la mejor política para tutelar los derechos humanos es la que enfatiza las tareas de prevención respecto de sus posibles violaciones. Todo el dinero que se invierta en prevenir tales violaciones va a estar muy bien gastado, por la importancia que el respeto de los derechos tiene para medir el carácter democrático y de gobernabilidad de cualquier país.
"El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales."
El deber de investigar las violaciones de derechos humanos supone que el Estado tiene que crear una institucionalidad suficiente para poder responder frente a un acto violatorio de derechos humanos, lo que entre otras cuestiones incluye: a) realizar las acciones necesarias para individualizar el acto en cuestión, b) establecer las circunstancias en que fue cometido, e c) individualizar a los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente para que sean sancionados.
Todo esto se materializa con la existencia de instancias gubernamentales que estén listas para recibir denuncias y quejas, que estén abiertas a toda hora, y que estén geográficamente al alcance de cualquier persona bajo ciertos parámetros de razonabilidad. Por tal motivo el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos.
La investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
Todo este compromiso de investigación busca mitigar las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por negligencia grave, que vulneren el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
Por otra parte, "La reparación es el término que comprende las distintas formas que Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido”. Entre las medidas para reparar las violaciones de derechos humanos están las siguientes: Pago de una justa indemnización. Modificación de un texto constitucional. Atención médica y psicológica. Facilitación de estudios y atención a la salud de niños. Construcción de casas habitación. Inscripción de nombres de víctimas en plazas, calles, monumentos, etcétera. Y Conmemoración de un día en honor de las víctimas, entre otras.
La reparación toma en cuenta la dignidad de las víctimas y reconoce que la violación de derechos tuvo un impacto importante en su existencia. La reparación permite poner en el centro de la actuación del Estado el respeto a las víctimas y a sus familiares con la intención de resarcir de manera integra (en su posibilidad) los daños generados.
Bibliografía
Carbonell Miguel, Derechos fundamentales y democracia, cuadernillos de divulgación de la cultura democrática, INE, México, 2016. Pág 59-68
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