Los Instrumentos de la Democracia Directa

 Democracia Semidirecta

Los griegos fueron los primeros en practicar la democracia directa, pero los romanos fueron quienes le dieron usos más amplios. Las autoridades romanas recurrieron al plebescitum para legitimar sus decisiones ante la asamblea de los plebeyos. Luego, la práctica del plebiscito fue utilizada para definir problemas de soberanía.

Con la Revolución francesa y la consolidación de las formas de gobierno democrático, su aplicación se volvió más común. Con la renuncia de los revolucionarios franceses a la conquista de otros pueblos, el plebiscito apareció como la forma más “democrática” de justificar la anexión de territorios ajenos a Francia. Napoleón Bonaparte utilizó este mecanismo para sus campañas militares y también lo usó en la política interna para realizar modificaciones a la Constitución.

En el siglo XIX, el procedimiento empezó a ser parte de la vida política interna de algunos países. En Suiza, fue incorporada en reformas constitucionales y de elaboración de leyes. En Francia, Napoleón la utilizó para justificar su golpe de Estado. En Italia, lo utilizaron para el proceso de liberación y unificación del país. Y en Estados Unidos, algunos estados sometieron a aprobación su separación de la Unión Americana.

La consulta popular directa sigue vinculada al concepto de soberanía ejercido hacia adentro (cambio constitucional) o hacia afuera (declaración de independencia). Por ello, a partir de la Primera Guerra Mundial, organizaciones como la Liga de las Naciones y, después, las Naciones Unidas, la usaron para resolver problemas de límites territoriales y de soberanía.

El impulso de movimientos de carácter populista en las democracias anglosajonas contribuyó a que los métodos de democracia directa fueran aplicados para resolver cuestiones de índole ética, así como problemas de dimensión local o regional. Actualmente, la crisis de gobernabilidad de las democracias propicia el retorno de esas corrientes y también el uso de instrumentos de democracia directa.

Los instrumentos de la democracia directa se clasifican en tres categorías: el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. En el referéndum, los ciudadanos son convocados para aceptar o rechazar una propuesta del gobierno; en el plebiscito, los ciudadanos deciden entre aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía, y la iniciativa popular, es el procedimiento el cual los ciudadanos aceptan o rechazan una propuesta emanada del mismo pueblo.

Butler y Ranney identifican tres instrumentos de la democracia directa. La revocación de mandato, como una variante de la elección de representantes: a partir de una petición popular se somete a la aprobación de los votantes la permanencia o la remoción de un representante electo antes del plazo determinado por la ley. El referéndum es la participación del pueblo en el proceso legislativo, por consulta directa. La iniciativa popular es una subcategoría del referéndum, dónde la propuesta sometida a votación tiene su origen en el electorado.

Para Thomas Cronin la iniciativa popular permite a los votantes proponer una modificación legislativa o una enmienda constitucional, al formular peticiones que tienen que satisfacer ciertos requisitos. El referéndum somete una ley propuesta o existente a la aprobación o al rechazo de los ciudadanos. El referéndum popular o de petición somete una nueva ley o enmienda constitucional al electorado. Y la revocación de mandato permite a los votantes separar a un representante de su cargo público mediante una petición con ciertos requisitos.

Butler y Ranney establecen lo siguiente:

a) El referéndum controlado por el gobierno: En este caso, los gobiernos tienen un control casi total de las modalidades de aplicación de la consulta popular. Deciden si se debe realizar el referéndum, la temática de la consulta y su fecha. Asimismo, deciden cuál es la proporción necesaria de votos para que la mayoría sea suficiente y si el resultado ha de ser considerado como obligatorio o indicativo.

b) El referéndum exigido por la Constitución: En algunos países la Constitución exige que ciertas medidas adoptadas por los gobiernos sean sometidas a consulta popular antes de promulgarse. Los gobiernos tienen la libertad de decidir si las nuevas leyes son elevadas al rango de enmienda constitucional y, determinan su contenido.

c) El referéndum por vía de petición popular: En este caso, los votantes pueden formular una petición exigiendo que ciertas leyes adoptadas por el gobierno sean sometidas a la aprobación de los electores. Cuando la petición reúne ciertos requisitos la o las leyes tienen que someterse a referéndum. Si resultan rechazadas no pueden ser promulgadas, cualquiera que fuese la voluntad del gobierno.

d) La iniciativa popular: Los votantes pueden formular una petición para obligar a que ciertas medidas no contempladas en la agenda legislativa del gobierno sean sometidas a la aprobación directa del electorado. En el caso de que la medida sea aprobada en referéndum tendrá fuerza de ley, aunque el gobierno se oponga.

Cada tipo de referéndum tiende a determinar el margen de maniobra del gobierno y los distintos grados de obligatoriedad de la decisión popular. El primer tipo de ellos es el más común. La ventaja para el gobierno reside, en este caso, en que puede fijar las reglas del juego y, por lo general, sus resultados son indicativos, lo que les permite ampliar sus límites de actuación política.

Los otros tipos de referéndum involucran más a los ciudadanos en el proceso de elaboración de las leyes; confieren un aspecto de obligatoriedad en la interpretación de la decisión pública y hacen de la consulta ciudadana un paso más en la ratificación de las leyes. De cierta manera, la existencia de estas modalidades obliga a la instancia legislativa a buscar consensos más sólidos en las etapas previas de elaboración de las leyes.

En el caso de los tres últimos tipos, la mayoría que se establezca puede agilizar o entorpecer el proceso legislativo. Del mismo modo, cuando la consulta se origina en una petición popular, el número de firmas necesarias y el plazo permitido para su recolección afectan las posibilidades de utilización de este mecanismo.

Las condiciones de competencia resultan también importantes, la organización de los partidarios de las distintas opciones, las condiciones de financiamiento de las campañas, la participación del gobierno en ellas, el acceso a los medios de comunicación, la duración de la actividad proselitista y los requisitos de inscripción de los votantes, son todos elementos importantes en la evaluación de los referéndums.

Bibliografía

Jean-François Prud’homme,"Consulta Popular y Democracia Directa", cuadernillos de divulgación de la cultura democrática num 15, INE, México, 2016. Pág 33-40.

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Consulta Popular y Democracia Directa

 Participación Democrática

En la Grecia clásica sólo una pequeña parte de la sociedad era considerada como ciudadanía. En esa época la democracia directa era posible gracias a las condiciones geográficas, demográficas y a la disponibilidad de tiempo para los asuntos de gobierno. Posteriormente la democracia representativa pasó a ocupar el primer plano debido, a que las condiciones que hacían posible las prácticas de democracia directa cambiaron a partir de los procesos de emancipación popular en el siglo XVI.

Hoy en día el debate sobre la democracia en sus dos formas: directa y representativa se acentúa en sus diferencias, posibilidades y formas de interrelación. La idea de que la democracia es una forma de gobierno que debe incluir a todos y a cada uno de los ciudadanos que conforman un grupo social prevalece, pero por otro lado, las sociedades actuales, no cuentan con las condiciones para mantener un sistema en el cual todos los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones políticas.

La necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales y los regímenes políticos sobre la capacidad de participación política de la ciudadanía, ha puesto sobre la mesa la conveniencia de buscar mecanismos que integren estas dos formas de democracia. El debate entre estas dos perspectivas aún sigue, en esta época la relación entre ambas tiende a ser más complementaria que antagónica, pero en el marco histórico la democracia representativa es la que se terminó imponiendo.

La democracia como forma de gobierno ha estado marcada por una tensión perpetua entre su expresión ideal y su realidad concreta. Desde su nacimiento, se planteo el  problema  de  la  conciliación entre participación de los ciudadanos y capacidad de gobierno. El afianzamiento  de  la  representación  política  como  mecanismo de la voluntad popular y la creación de elecciones para seleccionar a los representantes, ofrecieron una solución a las comunidades políticas de gran tamaño.

Sin embargo, la solución práctica a la participación, que constituyó la consolidación de la democracia representativa, no ha estado exenta de críticas, las cuales destacan sus limitaciones e inconvenientes. Las críticas a la democracia representativa pusieron en evidencia el carácter intermitente de la participación ciudadana, el alejamiento entre el ciudadano y los centros de toma de decisiones públicas, y la excesiva libertad de los representantes con respecto a su mandato.

Debido a la consolidación de los sistemas de democracia representativa y de sus evidentes virtudes en sociedades complejas de gran escala, los defensores de la democracia directa han abogado por mecanismos que resuelvan los problemas de la intervención directa de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas. Esos mecanismos son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. Aunque estos instrumentos son de la democracia semidirecta, dado que operan dentro de sistemas predominantemente representativos.

La  Evolución  de  la  Participación  Democrática

La democracia nació en las ciudades-estado de la Grecia clásica. Las características de la democracia griega son las que más se acercan al ideal  de la democracia directa, en la cual el conjunto de los ciudadanos participa directa y continuamente en la toma de decisiones acerca de los asuntos de la comunidad.

En Atenas los ciudadanos se reunían varias veces al año, para discutir los asuntos de la comunidad. La agenda de discusiones era establecida por el “Comité de los 50”, constituido por miembros de un “Comité de los 500”, que a su vez, se desplegaban del centenar de demes que conformaban la ciudad. Las  decisiones  eran tomadas, por vía del consenso. Todo ello daba lugar a una especie de “democracia sin Estado”.

La democracia directa, tal como era practicada en Atenas, requiere de condiciones muy especiales de desarrollo, las cuales no han vuelto a darse en la historia. El ciudadano era una figura total, cuya identidad no admitía distinción entre los ámbitos público y privado: la vida política aparecía como una extensión natural del ser mismo. Los intereses de los ciudadanos eran armónicos, fenómeno propio de una sociedad homogénea que, además, tenía un tamaño reducido, lo que favorecía las relaciones directas entre todos.

Después  del  declive de  la democracia  griega  la palabra democracia desapareció por un periodo de 2,000 años. Se hablaba más bien de  res pública. En Roma, se introdujo la idea del gobierno mixto, el cual representaba a diversos intereses o grupos que constituían a la comunidad. El sistema adoptó rápidamente rasgos oligárquicos, en donde el compromiso formal de participación popular  se traducía  en una  capacidad  muy limitada  de control.

En la Edad Media en varios países europeos, los monarcas, llamaban a asambleas para tratar asuntos de Estado, fundamentalmente  asociados  al  levantamiento  de  impuestos y a las empresas guerreras. Los integrantes de esas asambleas representaban muy laxamente a los estamentos que conformaban al reino: la nobleza, el clero y a la burguesía. Esto fue el inicio de lo que ahora se conoce como Parlamento. Sin embargo, con el afianzamiento de las monarquías absolutistas, los  parlamentos  dejaron  de  ser  convocados  a partir de los siglos XVII  y XVIII.

Durante el Renacimiento se empezaron a gestar grandes transformaciones, en  los  ámbitos  sociales, económicos y políticos, que produjeron cambios en el mundo de los valores. En el ámbito social, la reforma protestante contribuyó a difundir una nueva manera de pensar la actividad política, marcando una división más nítida entre el poder secular y el religioso. Además, su énfasis en  el establecimiento de  una  relación  directa entre el  creyente y  Dios sentó las bases para pensar la vida comunitaria como una relación entre individuos iguales.

En  lo  económico,  el  desarrollo  del  comercio  contribuyó  al  surgimiento de una clase social independiente de las ataduras feudales, que se agrupaba en los burgos. Pronto, esos burgos autónomos innovaron métodos de gestión de los asuntos públicos, que incorporaban elementos de participación política con fuertes rasgos plutocráticos (gobierno de los ricos).

En lo político, las grandes revoluciones de los siglos XVII y XVIII –las revoluciones inglesas de 1640 y 1688, la guerra de independencia estadounidense de 1776 y la Revolución francesa de 1789– nutrieron y se alimentaron de las ideas de los filósofos políticos. Así, las ideas del iusnaturalismo (que suponen la existencia de un contrato social entre gobernados y gobernantes en sus distintas expresiones, de la representación política y de la soberanía popular, del vínculo de legitimidad y de la regla de mayoría, y de la ciudadanía como expresión de una comunidad política de iguales) encontraron allí oportunidades.

Poco a poco, las presiones por ampliar la participación política pusieron a prueba la capacidad de diseño de instituciones adecuadas  para  dar  forma  a  esa  nueva  realidad:  Montesquieu,  Hamilton  y Madison en sus escritos reflexionaron sobre la manera de canalizar y dar vida institucional a la participación popular. La idea de participación política se difundió rápidamente, pero aun así quedó limitada a segmentos muy restringidos de la población.

El  siglo  XIX marcó el  ingreso  de  las masas  a  la vida política.  La Revolución Industrial,  las transformaciones en el mundo rural y los subsecuentes procesos migratorios concentraron en las ciudades a amplios grupos de artesanos y asalariados que descubrieron la homogeneidad de sus condiciones de vida y que reivindicaron derechos políticos. Las revoluciones liberales de la primera mitad del siglo XIX en Europa fueron, esencialmente, fenómenos políticos que expresaban esa nueva realidad política urbana.

El siglo XIX se caracterizó también por las luchas populares para incorporar el sufragio universal a la vida política. En ese proceso de lucha por la obtención de derechos políticos nacieron los primeros partidos políticos de masas.  Y así, las nociones de representación y  la de participación ampliada convergieron con la consolidación de los sistemas de partidos y el desarrollo de elecciones. La democracia representativa encontró, entonces, sus organizaciones, sus procedimientos y la manera de incorporar a amplios segmentos de la población.

La participación política, como derecho, está sometida a los vaivenes de la historia de cada país. Es también un concepto que ha evolucionado con los cambios de valores que han marcado la vida de las sociedades. Sin embargo, a pesar de estas oscilaciones de la historia y  de  los  cambios  de  valores,  se  puede  afirmar  que  en  nuestros  días la  legitimidad de los  regímenes  políticos está  definida en función de la capacidad de participación política de su ciudadanía. Esa participación se da en el marco de las instituciones de la democracia representativa.

Bibliografía

Jean-François Prud’homme,"Consulta Popular y Democracia Directa", cuadernillos de divulgación de la cultura democrática num 15, INE, México, 2016. Pág 9-23.

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